Ex intendentes tuvieron que explicar cómo distribuían los PER

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Marcelo Ochoa

González, actual secretario general de la Gobernación, declaró por la aplicación del plan cuando era jefe comunal en Chichinales.

Un grupo de ex intendentes declararon ante la Justicia en la reapertura de la causa por la distribución del Programa de Empleo Rionegrino (PER), que lleva más de siete años de investigación. Los últimos ex jefes comunales que declararon fueron Gustavo Costanzo de Viedma y Francisco González de Chichinales, hoy secretario General de la Gobernación. Según se supo el juez penal subrogante Juan Bernardi también habría citado al ex director de Trabajo de la provincia, Gustavo Otero, uno de los imputados en esta causa. Otero -como otros dos ex funcionarios- fue procesado pero, después, la Cámara anuló esa resolución, ordenando reiniciar el proceso de testimonios de instrucción. La convocatoria de Otero estaría vinculada a la necesidad de trascribir su última ampliación de indagatoria que se extendió durante 12 horas y fue grabada en video. La Cámara la declaró nula por entender que debía estar trascripta en papel y no en un soporte de video. Los testimonios de los ex intendentes en la Justicia están orientados a saber qué conocimiento y actuación tenían en la distribución de los PER en sus localidades. En el 2009 el juicio fracasó porque la Cámara cuestionó la investigación y dictó la nulidad. Se investiga la rendición de más de 2 millones de pesos del Programa de Empleo Rionegrino, alcanzando el procesamiento de Otero, María Mirán y Angel Poggi por fraude al Estado provincial. La Sala B de Viedma pidió su revisión y cuestionó al fiscal Ricardo Falca, al considerar que existió “resistencia” para “investigar prontamente los hechos”. La revisión judicial comprende fondos manejados por la cartera de Trabajo entre el 2001 y el 2003, durante las gestiones de Alejandro Betelú y de Ana Piccinini, incluyendo un lapso sin secretario a cargo. Esos aportes estaban destinados a personas en situación de vulnerabilidad social por la falta de trabajo y se conforman -en parte- con fondos transferidos desde Nación. El año pasado la causa penal también registró un giro político a partir de que Otero realizara en la Justicia imputaciones contra la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Oportunamente, las auditorías realizadas, trasformadas en las pruebas más importantes, concluyeron en que el dinero faltante superaría los dos millones de pesos. Esos análisis fueron realizados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que presentó posteriormente la denuncia penal. (AV)