Exjueces del STJ fueron sobreseidos

También lo fueron exfuncionarios del Ejecutivo en el marco de una investigación por presunto fraude en el cobro de licencias no gozadas.



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Luis Lutz exvocal del máximo cuerpo judicial. (Foto: Archivo/Marcelo Ochoa)

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Alberto Balladini fue integrante del Superior Tribunal. (Foto: Archivo/Marcelo Ochoa)

JUDICIALES

Sobreseimiento definitivo para exjueces del Superior Tribunal de Justicia, funcionarios judiciales y exfuncionarios del Ejecutivo rionegrino en la causa en la que fueron investigadas autorizaciones de pagos por licencias no gozadas a los exvocales del máximo tribunal Luis Lutz y Alberto Balladini.

Presunta “administración fraudulenta” fue la figura en la que se encuadró la investigación que terminó en sobreseimientos para los ocho involucrados a pedido del fiscal Hernán Trejo, solicitud con la que coincidió el juez penal Guillermo Bustamante, quien firmó la respectiva resolución.

Lutz y Balladini fueron investigados por haber cobrado en el caso del primero 404.397 pesos por licencias no gozadas y haber tramitado el pago de 413.969 pesos, el segundo por unos 250 días de licencias no tomadas.

En tanto por haber firmado las respectivas resoluciones autorizando esos pagos estuvieron también incluidos en esta causa el exintegrante del STJ, Víctor Sodero Nievas; el excamarista laboral Roberto Maturana quien habría actuado como subrogante del máximo tribunal;

Por esas mismas razones también formaron parte de la investigación el exFiscal de Estado, Alberto Carosio; el adjunto, Julio Ortiz; el director de Asesoramiento Legal del Poder Judicial, Juan Claudio Pereyra; y el Administrador General del Poder Judicial, Horacio Mión.

Tanto el fiscal Trejo como el juez Bustamante concluyeron que los pagos y solicitud por licencias no gozadas “no puede encuadrrse en tipo penal alguno y menos aún en estafa en perjuicio de la administración pública, toda vez que el mismo requiere un ardid del sujeto activo que tiene conocimiento que su conducta afecta a la propiedad de la administración pública y el perjuicio claro ocasionado”. Agregó en el caso de Lutz que su conducta “mal puede encuadrarse en ese accionar y en todo caso, de no haber reclamado y cobrado el importe respectivo por las licencias por compensación de feria no gozadas, ni haber podido hacer uso de las mismas, el enriquecimiento hubiera sido en favor del Estado en detrimento del peticionante”.

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