Familiares de los presos heridos en Bariloche van a la Justicia

Se trata de las madres de los internos del Penal 3 que permanecen internados en grave estado en el hospital por las quemaduras sufridas en una celda. El abogado querellante dijo que la cárcel debería "cerrarse".

Los tres internos del penal de esta ciudad que sufrieron graves quemaduras el viernes pasado durante un incidente que incluyó la quema de colchones siguen en estado crítico y sus familiares anunciaron hoy que se presentarán como querellantes en la causa por esos hechos, con acompañamiento de la APDH.

Marta Torres, la madre del preso Diego Molina, dijo que lo hacen también por el resto de los internos y denunció que sufren constantes amenazas.

“Si bien tienen que pagar por los hechos cometidos, no es de esta forma, porque también tienen derechos -argumentó-. No quiero que se recupere y vuelva a un lugar donde corre riesgos y donde casi me lo entregan en una bolsa”.

En sentido similar se expresó Olga Bonefoi, cuyo hijo Esteban Fuentes, también sufrió quemaduras de gravedad y permanece internado en el hospital zonal. La tercera víctima fue Enrique Pardo.

El abogado que las patrocina, Alejandro Pschunder, dijo que hacen responsables a todas las autoridades de la cárcel barilochense, del servicio penitenciario, el poder político y también de la Justicia, porque “hay una jueza de ejecución que debería tomar decisiones”. Se quejó de que todos “aplican la política del parche”.

Señaló que intervendrán como querellantes en la causa penal ya iniciada y que también iniciarán una demanda en la Justicia Civil.

Pschunder dijo que la llamada “alcaidía” de Bariloche no merece ese nombre y “tendría que ser cerrada”, porque su destino original era ser un asilo de ancianos. Señaló que el gobierno incumple preceptos constitucionales y obligaciones impuestas por la convención interamericana de derechos humanos.

“A los internos les exigen que cumplan la ley para acceder a beneficios y salidas. Pero el Estado al mismo tiempo viola la ley porque la alcaidía no cumple con nada en materia de derechos humanos -afirmó-. Es peor que una perrera, no hay dignidad para las personas y la resocialización es imposible”.

Según Pschunder, las celdas son estrechas, sin ventilación, los internos están hacinados y en esas condiciones la cárcel es “una bomba de tiempo”. Dijo que promoverán una mesa de diálogo con todas las áreas de gobierno involucradas para buscar una solución. También apuntó contra los jueces, porque “son una máquina de dar prisiones preventivas, cuando la alcaidía es una vergüenza”.

El incendio del viernes en la cárcel fue iniciado por los propios presos en protesta porque a uno de ellos le negaron atención psicológica.

Olga Bonefoi dijo que el personal de guardia “tardó 20 minutos en intervenir” y dijo que se enteró de lo ocurrido porque en ese momento hablaba por teléfono con otro hijo suyo que también está preso y los gritos se colaron en la comunicación.

A mi hijo un celador lo sacó a la rastra por arriba del fuego y nadie tomaba decisiones para llevarlos al hospital, hasta que lo hizo otro celador, a quien le tengo que agradecer”, dijo la mujer.

Se quejó de que las condiciones de alojamiento en el Penal III son degradantes. Señaló que “ellos están pagando una condena, pero los tienen en piezas de dos por dos, sin patio, los desafían a pelear. Hay mucha corrupción ahí adentro”.

En apoyo de las mujeres también habló Mirta Siedlecki, quien durante años se desempeñó como fiscal de la Justicia provincial, y hoy integra la APDH. Señaló que acompañan la presentación porque no se trata de un caso aislado. Dijo que “en los últimos años son muchos los incidentes en cárceles y comisarías, donde no se cumplen las condiciones mínimas, no hay colchones ignífugos ni evaluaciones de riesgo, como quedó comprobado en este caso”.

La APDH reclamó que “se acondicione la alcaidía” para ajustarla a lo que imponen los convenios internacionales de derechos humanos.


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