Fiscal lleva ante la Cámara su pelea con el juez Igoldi

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Dos veces le rechazó Igoldi a la fiscal sus pedidos de detenciones y allanamientos. Ahora la Cámara deberá decidir quién tiene razón.

VIEDMA (AV).- La Cámara Criminal de esta capital intervendrá en la investigación del atentado en el juzgado. La fiscal del caso, Itziar Soly, recurrió en queja ante la Cámara por las detenciones y allanamientos que pidió y que el juez penal Favio Igoldi le denegó. En realidad primero apeló esa negativa y como el magistrado por segunda vez no le hizo lugar, interpuso un recurso de queja ante el tribunal de alzada. Soly pidió las detenciones de los dos hermanos Collman y de Ricardo “Chanchi” Becerra por considerarlos presuntos autores materiales del incendio en el juzgado penal de Carlos Mussi. También solicitó el arresto del abogado viedmense Ignacio Galiano por estimar que habría sido quien encargó el “trabajo” a cambio de una suma de dinero que no ha sido determinada. La quinta detención fue solicitada contra el policía Gustavo Salinas, a quien le imputó el presunto encubrimiento en favor del abogado. Pero sólo fueron demorados (y enseguida liberados) Ricardo Collman, Salinas y Becerra, aunque por “resistencia a la autoridad” al momento de ser allanados sus domicilios. Otras medidas requeridas por la fiscal y denegadas por el juez fueron dos allanamientos al estudio y el domicilio de una abogada joven de la ciudad, sospechada de “encubrimiento” a favor de Galiano. Trascendió que también habría pedido su detención, pero esa información no fue confirmada por fuentes oficiales. Esa letrada, además, se habría presentado en la unidad policial donde fueron detenidos los imputados para ejercer la defensa de alguno de ellos, trámite que no se le habría permitido por su posible vinculación con el incendio y por la evidencia que la fiscal esperaba encontrar en su oficina. Varios de los imputados tendrían antecedentes penales. En tanto que desde la Policía se confirmó la suspensión en sus funciones del suboficial Salinas, quien se desempeñaba como notificador en la Comisaría 34ª de esta capital. Desde hacía un tiempo permanecía con “adecuación de tareas” sin la portación del arma reglamentaria. Además pesa en su contra, por lo menos, una sanción disciplinaria impuesta por la jefatura. A la gravedad de este atentado contra el Poder Judicial se le suman las sospechas que pesan sobre dos abogados, un efectivo policial y una presunta “filtración de la información” vinculada con la causa desde el juzgado de Igoldi, lo que generó un sumario interno que desde hace un tiempo está a cargo de la jueza del Superior Tribunal de Justicia y delegada de esta circunscripción judicial, Liliana Piccinini.