Flavors ya es un caso cerrado y nadie irá preso

Caso cerrado para la causa Flavors, y nadie irá preso. El Tribunal presidido por Marcelo Chironi e integrado por María Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi absolvió a los tres empresarios y a los tres exministros imputados, luego de que el fiscal Hernán Trejo no acusara al considerar que en la distribución de los alimentos preelaborados en el marco del Plan Comer en Familia no se hubiera podido probar la configuración de un delito penal.

En el mismo sentido, la querella, con la Fiscalía de Estado en representación de la provincia de Río Negro como damnificada, adhirió en aquella audiencia del 27 de noviembre y sostuvo que no quedó acreditado la existencia del fraude al erario público que se les adjudicaba a los exfuncionarios y a los empresarios.

En una breve sentencia de diez páginas fechada el 12 de diciembre y dada a a conocer el viernes último, los magistrados relataron cronológicamente los testimonios escuchados a lo largo de las audiencias, enumeraron la prueba incorporada, explicaron la postura de las partes, describieron los hechos que constaban en la denuncia original y en la elevación a juicio y concluyeron sobre la base de la doctrina de al Corte Suprema de la Nación que debía absolverse a los acusados ante la falta de imputación del fiscal y la querella.

Sólo dos párrafos fueron críticos de este final al que se arribó tras nueve años desde el inicio de la investigación: “es imperiosa la necesidad de investigar y resolver los delitos contra la administración pública (caracterizados en general por la demora y la ineficiencia en su tramitación), de manera rápida y eficiente, no sólo en beneficio de la sociedad y del propio Estado, sino también respecto de los imputados cuyo derecho a una resolución fundada y dictada en tiempo y forma, debe ser innegociable”, indicaron los jueces.

Agregaron que “sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adopta, no podemos dejar de mencionar el tiempo insumido, más de nueve años, para concluir en esta etapa del debate y luego de muchos años de investigación en la inexistencia de delito”.

Los exministros Alfredo Pega, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez y los empresarios Daniel Fernández, Javier Matas y Máximo Vicchi fueron absueltos de culpa y cargo tras permanecer bajo sospecha durante todo ese período. En tanto, la entrega de alimentos con baja calidad nutricional elaborados por una empresa altamente beneficiada por el Estado con exenciones impositivas contratada por montos millonarios en el marco del programa Comer en Familia destinado a familias vulnerables y a comedores escolares, con un manifiesto y probado interés proselitista, quedó impune y sin responsables.

La denunciante del caso fue la entonces defensora del Pueblo Ana Piccinini, quien al ser consultada por “Río Negro” acerca de este juicio consideró que la causa Flavors “significa el paradigma de la impunidad en esta provincia”.

Agregó que los ministros y empresarios “fueron absueltos pero tendrán que vivir con la vergüenza de saber que le dieron de comer basura a los chicos pobres de Río Negro”. Insistió con que existía prueba que ella misma había recolectado y aportado a la Justicia mientras ejerció el cargo de Defensora, y apuntó sus cañones al actual Fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, quien fue su mano derecha en la Defensoría, colaboró con la investigación y sin embargo los abogados del organismo a su cargo tampoco acusaron.

“Era mi persona de confianza, él mismo fue al Anmat y al Inal a llevar las muestras de los alimentos de mala calidad que le daban a las familias rionegrinas y sin embargo, sabiendo cómo fueron las cosas, instruyó no acusar”, indicó Piccinini. “La peor puñalada me la llevé de su parte”, manifestó claramente dolida.

Sostuvo que “por acción u omisión estos ex ministros y empresarios deberían haber ido presos, se hicieron ricos a costa de la salud de los rionegrinos. El fiscal tenía todas las pruebas para acusar y yo la tengo fotocopiada y guardada, algún día se hará justicia”, aseguró.

Concluyó que “el descubrimiento que hicimos de que se le daba una porquería de comer a los niños más humildes fue desgarrante, podíamos sospechar que se robara con obra pública, con los guardapolvos entre otras compras del Estado, pero ya meterse con la comida de las personas pobres es imperdonable”.

El Fiscal de Estado se defendió

El actual fiscal de Estado y ex colaborador directo de Piccinini en la Defensoría del Pueblo Julian Fernández Eguía negó haber instruido al abogado de su organismo, Cosme Nacci, para que no acusara. “Los letrados actuaron con total libertad y su propio criterio técnico y jurídico”, sostuvo Fernández Eguía.

“Por lo que yo vi, desde lo personal considero que pudo haber corrupción en la causa Flavors, pero los abogados comprobaron que la instrucción judicial y la prueba recolectada no alcanzó para acusar”, indicó a DeViedma.

Además descartó que el organismo a su cargo apele la decisión del Tribunal ya que no sería coherente con la posición de no haber acusado. “Cuando nosotros buscamos testimonios en la defensoría, los maestros, los trabajadores de Flavors, las madres y los beneficiarios nos decían una cosa, pero al declarar en la Justicia dijeron otra”, indicó.

Por su parte, Piccinini se mostró molesta porque a pesar de haber sido denunciante, aún habiendo pedido ser querellante en su momento como defensora y conociendo en detalle el caso por haberlo investigado, el fiscal Hernán Trejo no la solicitó como testigo y no fue convocada a dar su versión de los hechos en el juicio reciente.