Fracaso general

Si bien la falta de transporte público resultó más que suficiente como para asegurar que el paro de ayer sería todo un éxito desde el punto de vista particular de los sindicalistas responsables de organizarlo, es de suponer que ni siquiera ellos mismos habrán creído que como resultado el gobierno se sentiría obligado a modificar la política económica de tal forma que los camioneros, taxistas y empleados estatales y otros que dicen representar, para no hablar de los más pobres, se verían favorecidos. Tampoco lo habrán creído aquellos lobbistas empresarios que, por sus propios motivos personales, adhieren a la iniciativa a sabiendas de que golpear a un gobierno ya débil sólo podría agravar la situación de la mayoría de los integrantes de las agrupaciones que lideran y que, de todos modos, los fondos para las «medidas activas» que quieren ver restauradas sólo podrían proceder de los bolsillos de quienes ya se sienten abrumados. El propósito tanto de los sindicalistas como de los empresarios proteccionistas que impulsaron lo que sería el enésimo paro contra el gobierno radical era aumentar su propio poder a costillas de otros sectores.

No es que al presidente Fernando de la Rúa y al ministro de Economía, Domingo Cavallo, no les encantara poder probar suerte con medidas muy distintas de las anunciadas a partir de la corrida bancaria de un par de semanas atrás, es que los recursos disponibles son tan escasos que cualquier alternativa concebible sería por lo menos tan austera como el «modelo» existente, mientras que los cambios necesarios para construirla serían con toda seguridad traumáticos. Pero, claro está, para sindicalistas como el camionero Hugo Moyano, el «gordo» cegetista Rodolfo Daer, sus amigos empresarios y sus simpatizantes coyunturales de movimientos supuestamente izquierdistas, tales inconvenientes carecerían de importancia: lo que les interesa no es defender a los trabajadores sino aprovechar las dificultades del país en beneficio propio. De tener otras prioridades, los dirigentes sindicales por lo menos estarían entre los más contrarios a los paros generales por entender que los perjudicados por ellos son precisamente los jubilados, los desocupados y los obreros que dependen por completo de la evolución de la economía nacional. Se equivocan aquellos que dicen que la situación económica no podría empeorar todavía más: de salirse con las suyas los resueltos a provocar la caída de De la Rúa o la defenestración de Cavallo antes de que sus hipotéticos reemplazantes se hayan preparado para la tarea hercúlea que les esperaría, muchos recordarían estas semanas últimas como un período signado por la prosperidad.

De todos modos, los sindicalistas y militantes de movimientos «combativos» que deben su protagonismo a su voluntad de destrozar bienes -como hicieron ayer en Neuquén-, cortar rutas, protagonizar reyertas, repartir insultos, proferir amenazas, reiterar viejos lemas acuñados en otros tiempos, exigir cambios tan perentorios como nebulosos e insistir en convocar a paros generales cuando lo que la Argentina necesita es conservar un mínimo de disciplina laboral y social, distan de ser los únicos que sigan repitiendo sus ritos tradicionales por ser incapaces de pensar en nada mejor. Desgraciadamente para el país, es dolorosamente evidente que buena parte de la clase política nacional sufre de la misma parálisis mental que se caracteriza por la negativa terca a tomar en cuenta ciertos hechos manifiestos. Aunque ya han transcurrido varios meses desde que nos vimos privados del acceso al crédito internacional de suerte que en adelante tendríamos que acostumbrarnos a depender exclusivamente de nuestros propios medios, por limitados que éstos fueran, son pocos, muy pocos, los dirigentes que se han dignado a prestar atención a las connotaciones de esta realidad. Lejos de adaptar sus propuestas a las circunstancias, virtualmente todos han continuado dando a entender que a su juicio nada sería más sencillo que abandonar el «modelo liberal» a cambio de otro, como si sólo fuera cuestión de devolver al vendedor un auto usado y salir con uno cero kilómetro sin defectos. Si todo fuera tan sencillo, el gobierno actual ya hubiera efectuado el canje pero, desafortunadamente, no lo es.