“Fracking, peligrosa actividad sin controles”
Señor director, me dirijo a usted para expresar mi preocupación por la falta de controles y acciones preventivas para atenuar los riesgos que de por sí plantea una actividad peligrosa como lo es el fracking o la fractura hidráulica en los alrededores de Allen. Como usted sabrá, han sido innumerables los accidentes que por una u otra causa han ocurrido en la zona extractiva, sin que hasta el momento se hayan planificado desde el Estado acciones concretas y preventivas para menguar los efectos nocivos de la actividad. Explosiones nocturnas, emanación de gases, derrames de petróleo en zonas pobladas, volcados a hurtadillas en la zona de bardas; roturas de acueductos y otros incidentes propios de la actividad conforman el panorama reciente que viene jalonando el proceso de fractura hidráulica sin que hasta el momento el Estado haya echado mano a la utilización de los necesarios controles que requiere la actividad. Mientras en el mundo se discuten las peligrosas secuelas de la actividad, con participación de universidades, organismos estatales e importantes medios de difusión, y se prohíbe su utilización en países del Viejo Mundo y regiones de EE. UU., acá fomentamos su instalación sin siquiera instrumentar un protocolo de prevención de daños ambientales. Es cierto que desde nuestra fuerza política no hemos votado a favor de los contratos petroleros, precisamente por la adhesión provincial a la ley nacional 27007 que habilita la extracción no convencional de la actividad hidrocarburífera, pero no dejaremos por ello de alertar sobre los efectos nocivos de esta metodología extractiva. Nos alarma fuertemente la pasividad con que el Estado a través de sus organismos pertinentes ha venido observando la multiplicidad de incidentes en el área de explotación, sin atinar a sanciones que se correspondan con la responsabilidad de atenuar los inconvenientes a pobladores de las inmediaciones, a los acuíferos existentes y a toda la región en la posibilidad de contaminar sus cursos de agua. Sólo se sabe de una multa a la empresa Isur de 100.000 pesos, que a todas luces parece irrisoria, si se tienen en cuenta los millones de dólares que genera la actividad. No voy a caer en la simpleza de mencionar el interminable listado de organismos, entidades, expertos, gente de la cultura, universidades y entes estatales que han planteado su oposición a esta actividad, ni el ocultamiento que practican los beneficiarios del sistema por sus enormes privilegios económicos, pero sí me parece pertinente que, aceptada su presencia, sus responsables extremen prevenciones, recursos y controles porque estamos hablando de fractura de rocas, pastillas radioactivas, de compuestos químicos desconocidos, emanaciones de gas y de movimientos sísmicos, de baja intensidad, pero detectados con preocupación en distintos lugares del mundo. Que la ligereza en aceptar fuentes de recursos inmediatos en la lista de números y beneficios exuberantes no nos impida ver riesgos y situaciones no deseables, ni instrumentar mecanismos que al menos prevengan con rigor el lado negativo que a la luz de los hechos existe y es peligroso, mal que les pese a los que con mirada torva escuchan nuestros reclamos y argumentos. Jorge Ocampos Legislador CC-ARI Cipolletti
Señor director, me dirijo a usted para expresar mi preocupación por la falta de controles y acciones preventivas para atenuar los riesgos que de por sí plantea una actividad peligrosa como lo es el fracking o la fractura hidráulica en los alrededores de Allen. Como usted sabrá, han sido innumerables los accidentes que por una u otra causa han ocurrido en la zona extractiva, sin que hasta el momento se hayan planificado desde el Estado acciones concretas y preventivas para menguar los efectos nocivos de la actividad. Explosiones nocturnas, emanación de gases, derrames de petróleo en zonas pobladas, volcados a hurtadillas en la zona de bardas; roturas de acueductos y otros incidentes propios de la actividad conforman el panorama reciente que viene jalonando el proceso de fractura hidráulica sin que hasta el momento el Estado haya echado mano a la utilización de los necesarios controles que requiere la actividad. Mientras en el mundo se discuten las peligrosas secuelas de la actividad, con participación de universidades, organismos estatales e importantes medios de difusión, y se prohíbe su utilización en países del Viejo Mundo y regiones de EE. UU., acá fomentamos su instalación sin siquiera instrumentar un protocolo de prevención de daños ambientales. Es cierto que desde nuestra fuerza política no hemos votado a favor de los contratos petroleros, precisamente por la adhesión provincial a la ley nacional 27007 que habilita la extracción no convencional de la actividad hidrocarburífera, pero no dejaremos por ello de alertar sobre los efectos nocivos de esta metodología extractiva. Nos alarma fuertemente la pasividad con que el Estado a través de sus organismos pertinentes ha venido observando la multiplicidad de incidentes en el área de explotación, sin atinar a sanciones que se correspondan con la responsabilidad de atenuar los inconvenientes a pobladores de las inmediaciones, a los acuíferos existentes y a toda la región en la posibilidad de contaminar sus cursos de agua. Sólo se sabe de una multa a la empresa Isur de 100.000 pesos, que a todas luces parece irrisoria, si se tienen en cuenta los millones de dólares que genera la actividad. No voy a caer en la simpleza de mencionar el interminable listado de organismos, entidades, expertos, gente de la cultura, universidades y entes estatales que han planteado su oposición a esta actividad, ni el ocultamiento que practican los beneficiarios del sistema por sus enormes privilegios económicos, pero sí me parece pertinente que, aceptada su presencia, sus responsables extremen prevenciones, recursos y controles porque estamos hablando de fractura de rocas, pastillas radioactivas, de compuestos químicos desconocidos, emanaciones de gas y de movimientos sísmicos, de baja intensidad, pero detectados con preocupación en distintos lugares del mundo. Que la ligereza en aceptar fuentes de recursos inmediatos en la lista de números y beneficios exuberantes no nos impida ver riesgos y situaciones no deseables, ni instrumentar mecanismos que al menos prevengan con rigor el lado negativo que a la luz de los hechos existe y es peligroso, mal que les pese a los que con mirada torva escuchan nuestros reclamos y argumentos. Jorge Ocampos Legislador CC-ARI Cipolletti
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios