Frente al Rubicón

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Aunque es de suponer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus dependientes se sienten muy preocupados por la caída precipitada del nivel de aprobación de la gestión oficial y por las manifestaciones de repudio gigantescas que ha provocado el malestar creciente de buena parte de la población del país, parecería que no se les ha ocurrido que la forma más eficaz de recuperar el terreno que han perdido consistiría en gobernar mejor, de tal modo reconciliándose con quienes los habían apoyado en las elecciones de hace un año y medio pero que desde entonces han cambiado de opinión. Antes bien, se han propuesto debilitar a todas las instituciones, sectores o agrupaciones políticas que a su juicio podrían ocasionarles problemas. Así, pues, con la colaboración entusiasta de los parlamentarios oficialistas y algunos opositores, al celebrar una sesión insólitamente escandalosa con gritos, chillidos, trifulcas y acusaciones histéricas, acaban de desprestigiar aún más al Poder Legislativo y también, claro está, asestar más golpes al Poder Judicial ya tambaleante con el propósito evidente de transformarlo en una gran unidad básica kirchnerista entregándolo a militantes leales a Cristina. Tal y como están las cosas, sólo la Corte Suprema está en condiciones de frenar la obra de demolición que el gobierno kirchnerista ha emprendido pero, de tomarse en serio la denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió, han surgido dudas en cuanto a la voluntad del titular, Ricardo Lorenzetti, y otros miembros de defender la Constitución con la firmeza necesaria. Según la fundadora de la Coalición Cívica, Lorenzetti ha celebrado un “pacto espurio” con la presidenta a fin de mantener el control del presupuesto judicial. El gobierno de Cristina ha asumido posturas cada vez más autoritarias, y más destructivas, por una razón muy sencilla: sus integrantes saben que no les convendría en absoluto ver fortalecido el Estado de derecho. A juzgar por su conducta, lo que quieren es hacer de la Argentina una república bananera regida por una sola persona todopoderosa que, por haber sido dueña de la mayoría de los votos en el 2011, encarnaría la democracia popular. Puesto que un Poder Judicial autónomo les plantearía una amenaza peligrosa, han optado por tomarlo por asalto, llenándolo de partidarios obedientes dispuestos a defender sus intereses corporativos. Por motivos parecidos, los “militantes” del gobierno han declarado la guerra a la prensa independiente; no quieren que sigan difundiéndose detalles acerca de las actividades financieras heterodoxas de Néstor Kirchner, sus socios y otros personajes que se han visto favorecidos por su proximidad al poder, por temor a la reacción no tanto de la clase media cuanto de los millones de pobres e indigentes que forman parte de la clientela del kirchnerismo y que, hasta ahora, les han aportado cantidades impresionantes de votos cautivos. El oficialismo ya ha llegado a orillas de un Rubicón político. Si lo cruza, y todo hacer pensar que los dados están echados, se internará irremediablemente en territorio anticonstitucional y antidemocrático en que todo vale. Los comprometidos con el verticalismo kirchnerista parecen convencidos de que, merced al poder que se las han arreglado para construir y a la voluntad de la mayoría de sus adversarios de respetar las reglas, les será dado llevar todo por delante. Cuentan con la ventaja de que, a diferencia de los líderes de las agrupaciones opositoras más significantes, no les importan en absoluto las consecuencias negativas para el país de lo que están haciendo. Los costos materiales del desprecio por la “seguridad jurídica” han sido colosales, ya que nos ha privado de muchos miles de millones de dólares en inversiones productivas, pero puesto que la presidenta y sus incondicionales se han acostumbrado a subordinar el bienestar del conjunto a sus propias prioridades, preferirían que la economía nacional siguiera depauperándose a enfrentar los riesgos que les supondría una Justicia más confiable. Es por lo tanto comprensible que en las semanas últimas se haya intensificado el temor a que el país esté por experimentar una crisis institucional muy grave, de desenlace incierto, a causa de la incapacidad aparente del gobierno de modificar el rumbo peligroso que ha elegido.