Gastos menores

La vida de los políticos profesionales argentinos está volviéndose cada vez más difícil. Acostumbrados a dictar leyes para todo el país, los legisladores ya ni siquiera pueden determinar sus propios haberes sin desencadenar un revuelo. Los que han decidido cobrar un aguinaldo han sido acusados de ser parásitos insensibles tan irresponsables que no vacilan en depauperar aún más a los ya miserables. En cambio, aquellos que han optado por intentar lo que algunos sin duda calificarían de «gesto de grandeza» cortándolos, se han visto tildados de hipócritas y demagogos, para emplear los epítetos elegidos por una integrante de la corporación, la diputada Elisa Carrió. Para ellos, no hay escapatoria evidente porque tan intensas son las sospechas que cualquier cifra serviría para indignar a una parte sustancial de la ciudadanía. Si parece elevada, será comparada con la jubilación mínima.  Si es modesta, la gente dará por descontado que reciben sumas cuantiosas en negro.

De todos modos, el «gasto político» que para muchos está en la raíz de la decadencia nacional no tiene demasiado que ver con los ingresos de los legisladores. Si bien en términos generales son excesivos para un país en que el ingreso per cápita es muy inferior al habitual en el mundo desarrollado y en ciertas provincias pobres han adquirido dimensiones realmente escandalosas, su eventual achicamiento apenas incidiría en las cuentas nacionales. De tener un efecto positivo la reducción de los haberes de los políticos, se debería a que aceptarían más que su oficio es de servicio, no una buena alternativa para los deseosos de comprarse mansiones opulentas. Asimismo, es de suponer que entre las razones del desempeño nada satisfactorio de «los políticos» desde hace un siglo está el hecho innegable de que la mayoría sencillamente no comparte los intereses del grueso de sus compatriotas, de ahí su voluntad de convivir con la inflación durante largas décadas y de mofarse de los límites fiscales que en buena lógica debería haber fijado la ley de Convertibilidad.

Las dietas formalmente reconocidas de quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo sólo constituyen una fracción del «gasto político». La parte del león puede imputarse al patrimonialismo, o sea, a la incapacidad al parecer congénita para distinguir entre lo particular y lo público. Aquellos clanes familiares que dominan provincias de cultura semifeudal brindan los ejemplos más visibles de este fenómeno tradicionalmente latinoamericano, pero distan de ser los únicos que lo practican. La verdad es que en nuestro país son muy pocos los políticos que se han negado a actuar como si a su entender los partidos, sus líneas internas, las «fundaciones» afines y, de más está decirlo, sus propias personas, constituyeran organismos estatales con el pleno derecho a apoderarse de una cuota del dinero aportado por los contribuyentes. Como es notorio, abundan los gobernadores, legisladores y operadores que sistemáticamente favorecen a sus amigos cuando es cuestión de otorgar contratos para obras públicas o que reparten privilegios de todo tipo, desde jubilaciones especiales hasta leyes hechas a la medida de alguno que otro grupo empresario, a cambio de su «colaboración». Además, al igual que sus antecesores romanos, suelen mantener aparatos clientelistas que no sólo cuestan mucho sino que también siguen privando al país de la posibilidad de dotarse de un Estado eficaz. Puesto que para tantos -incluyendo a muchos que se enorgullecen de su propia honestidad y austeridad- la política

es una suerte de negocio, no extraña en absoluto que los costos globales hayan resultado ser colosales. Al fin y al cabo, a menos que la larga declinación de la Argentina haya sido consecuencia solamente de factores externos que ningún gobierno nacional, por sabio y fuerte que fuera, pudo haber modificado, tesis ésta que nadie pensaría en reivindicar, habrá de suponer que en última instancia se ha debido exclusivamente a los errores cometidos a través del siglo pasado por sus «dirigentes», los cuales, directamente o no, en su conjunto se las habrán arreglado para despilfarrar la diferencia entre la Argentina próspera que pudiera haber sido y el país relativamente pobre que en efecto existe.