Gremios reclaman una reducción de la jornada laboral
Los sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo impulsan la reforma. Un proyecto del líder de la CTA propone bajar la carga semanal de 48 a 40 horas, sin impacto en el salario.
Un sector del sindicalismo identificado con el Gobierno subió a la campaña electoral la propuesta para reducir la jornada laboral. La reforma, resistida desde el sector empresario, es impulsada por el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky (quien aspira a renovar su banca) y Sergio Palazzo, líder de la Corriente Federal de Trabajadores y también candidato a la Cámara baja.
Buscando recuperar el empleo joven
Palazzo, quien ocupa el cuarto lugar en la lista del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, se reunió este miércoles en el Congreso con el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y dialogaron sobre la agenda parlamentaria posterior al recambio legislativo, donde los “dipusindicales” buscan ganar terreno.
Yasky tiene presentado, desde el año pasado, un proyecto para disminuir la jornada de 48 a 40 horas semanales. La propuesta fue acompañada por otros dos diputados oficialistas de extracción sindical, Pablo Carro (CTA Córdoba) y Patricia Mounier (SADOP Santa Fe).
Pero además hay otro proyecto motorizado por la diputada Claudia Ormachea (La Bancaria) para que la jornada sea de seis horas diarias en lugar de ocho, o 36 horas semanales en lugar de 40. Yasky sostiene que se puede consensuar un punto intermedio.
“Los proyectos tienen un nivel alto de adhesión en el bloque del Frente de Todos. Hay pocas opiniones controvertidas en nuestro espacio político. Está la idea de que sea uno de los temas prioritarios después de que hayamos salido del proceso electoral”, dijo a este medio el líder de la CTA.
La iniciativa modifica el artículo primero de la Ley de Jornada de Trabajo 11.544 (que data de 1929) estableciendo que la jornada de trabajo “no podrá exceder las ocho horas diarias o 40 horas semanales”. Esto incluye a “toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.
El texto aclara expresamente que la reducción de la jornada “no llevará aparejada disminución o supresión salarial alguna”, y señala además que el nuevo límite es “máximo” y no impide una duración menor del trabajo. Se exceptúa a los establecimientos donde trabajen solamente familiares del dueño o jefe de la empresa.
“Esto no afecta la ecuación económica de las empresas; eleva la productividad; aminora la incidencia de los accidentes de trabajo, con el costo económico que eso supone; genera más tiempo para compartir las tareas de cuidado entre el hombre y la mujer en los hogares; permite un uso más racional de la energía; hace decrecer los niveles de contaminación; y abre la posibilidad de distribuir de manera más equitativa un bien escaso, que es el empleo”, argumentó Yasky.
La jornada de 48 horas semanales fue instituida hace 102 años, cuando se constituyó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919. Diez años después, en Argentina se sancionó la ley que regula la jornada laboral, vigente hasta hoy.
“Transcurrió todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Hubo cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios culturales; hay un nuevo papel de la mujer, una nueva concepción de la vida, incorporaciones de la ciencia y la tecnología que han modificado los ritmos y la forma de producción”, describió Yasky.
Según el diputado oficialista, “estamos retrasados con respecto a lo que sucede en la mayor parte de los países donde hay un modelo capitalista con participación del sindicalismo”. Destacó que en países como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón e Islandia, la reforma “muestra buenos resultados”, pero en América Latina tanto Argentina como Brasil, México y Colombia “todavía tienen vigente la jornada de 48 horas”.
El debate sobre la jornada laboral fue alentado en los últimos días por el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y también por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Por el contrario, Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), expresó su rechazo.
“El tema viene hace tiempo siendo discutido como fórmula más ‘para repartir trabajo’ que porque se piense que puede haber resultados positivos en términos de productividad”, dijo el empresario a la agencia Noticias Argentinas, y remató: “En todo caso, reducir la jornada implicaría también proporcionalizar el salario, con su pertinente reducción”.
El abogado laboralista y exdiputado Héctor Recalde le salió al cruce. “La UIA confiesa que es viable la reducción de la jornada laboral… pero bajando el salario. O sea que el impedimento no tiene que ver con el sistema productivo, sino con el margen de utilidades. Entonces, los límites los tiene que poner el Estado”, enfatizó a través de Twitter.
Carolina Ramos
Buenos Aires
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