Neuquén tiene más de 30 imputados por cortar calles o rutas entre 2019 y 2020
Son unas 10 causas federales por cortes de ruta ocurridos en 2019 y 2020. Dos fueron elevadas a juicio y una tercera está en vías de finalización.
Ayer marcharon al Juzgado Federal de Zapala. (FOTO: Gentileza)
Más de 30 integrantes de organizaciones de izquierda que en 2019 y 2020 se apostaron sobre la ruta con reclamos sociales o en 2021 con demandas salariales de los autoconvocados de Salud, resultaron imputados por la justicia federal en la circunscripción de Zapala.
Diez causas penales se activaron y al menos dos fueron elevadas a juicio por la titular del juzgado Federal, Silvina Domínguez, según informó la abogada Liliana Alanis. Las notificaciones comenzaron a llegar la semana pasada con imputaciones de personas que estaban en los cortes denominados “de los elefantes”, de los autoconvocados de Salud que protestaron sobre las rutas en rechazo de los aumentos firmados por ATE con el gobierno provincial en plena pandemia sanitaria.
Organizaciones y activistas procesados por la justicia se movilizaron ayer frente a juzgado de Zapala y hoy realizarán una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Entre los imputados se encuentra el concejal del FIT Unidad por Neuquén, César Parra cuando en 2019 participó en Zapala de uno de los reclamos y el exsecretario adjunto de ATEN Zapala, Lautaro Palma Parodi.
“Se está criminalizando la protesta social y analizamos un hostigamiento para con los integrantes del Polo Obrero y del Partido Obrero”, destacó la abogada Alanis. Especificó que de 30 imputados en causas por cortes de la ruta nacional 22 en Chos Malal, en Junín de los Andes, en Zapala o en área de injerencia de la circunscripción federal zapalina, 23 son integrantes de éste nucleamiento.
“Hay una dirección política en los procesamientos judiciales, porque personas que participaron del reclamo y que no eran ni del Polo Obrero ni del partido de Izquierda, quedaron fuera de la causa con los mismos indicios vagos para la imputación”, sostuvo.
Agregó que entre sus representados, hay trabajadores de Chos Malal que reclamaban “trabajo genuino” a un municipio que los contrató como monotributistas con salarios de 8.000 pesos. Dijo que el desestimiento de la causa judicial fue parte de los acuerdos para dejar la protesta, sin embargo, la fiscal Karina Martínez Stagnaro continuó con los procesamientos “porque ella misma dice que salió a consultar a comerciantes y afectados por el reclamo”. “Todas las causas se activaron con los procesos de los que participaron de la protesta 2021 de los Elefantes”, dijo el concejal Parra, quien participó ayer de la movilización. “Es una advertencia para frenar la movilización”, sostuvo.
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