Dictan prisión preventiva a dirigentes camioneros acusados de extorsionar a una empresa
Los dos imputados habrían pedido dinero a los dueños de una firma de San Pedro, en medio de reclamos por las condiciones de los trabajadores.
Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los camioneros detenidos.
La Justicia de San Nicolás dictó hoy la prisión preventiva para dos dirigentes del gremio de Camioneros, que preside Juan Pablo Moyano, acusados de varios hechos de presunta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola, dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros, quienes están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora de San Pedro durante enero y febrero de 2021 con el objetivo de presionar para que la empresa acepte los reclamos laborales.
Entre esas demandas figuraban necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores, levantamientos de sanciones a delegados de la empresa, además de presuntamente extorsionar a la firma con la exigencia de sumas de dinero.
El juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, que reemplaza a la magistrada María Eugenia Maiztegui, dictó la prisión preventiva para ambos por los delitos de coacción en grado de tentativa-dos hechos; extorsión,-dos hechos y extorsión en grado de tentativa en concurso real.
Sin embargo, la prisión domiciliaria será bajo la modalidad de pulsera electrónica para ambos dirigentes, que deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.
«Se impone a los causantes la prohibición de contacto con los denunciantes, Sergio y Gustavo Rey, la firma Distribuidora Rey y los testigos de esta causa», precisa el fallo.
Cómo fueron los hechos por los que acusan a los camioneros
Los hechos que se les imputan comenzaron en enero de 2021, cuando ambos dirigentes, junto a otras personas, bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, ubicada en la calle Bonorino 175 de San Pedro, «de forma intimidatoria, violenta y amenazante», utilizando esta actividad como forma de presión, para lograr que se acepten los reclamos laborales de afiliados al sindicato.
Esta modalidad se repitió en febrero, y finalmente en abril de ese año se habría suscripto un convenio de pago entre los camioneros y la firma por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.
En el expediente constan además grabaciones donde los camioneros pedirían dinero a Rey para cesar los piquetes en la planta y testimonios de algunos empleados de la distribuidora.
Paralelamente, el juez Roman Parodi ordenó se investigue la existencia de un legajo reservado en el que aparecieron grabaciones de diálogos entre uno de los imputados y su abogado.
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