Griesa cambia de actitud

El cambio de postura del juez neoyorquino Thomas Griesa frente al conflicto entre la Argentina y los últimos holdouts es perfectamente lógico. Puesto que para Griesa, como para los demás jueces norteamericanos, es fundamental la autoridad de la ley, no le quedó más alternativa que la de reaccionar con dureza cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le informó que el país sólo acataría aquellos fallos que en su opinión le convinieran. Por la misma razón, modificó radicalmente su actitud al convencerse de que, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, “la Argentina ha demostrado buena fe y voluntad de negociar con los bonistas”, de suerte que “las circunstancias han cambiado dramáticamente”. Podría argüirse que fue injusto del magistrado castigar al país en su conjunto por un capricho presidencial y que, de aplicarse universalmente los principios que reivindicaba, las consecuencias para otros deudores insolventes, como Grecia, serían muy negativas, pero es comprensible que haya privilegiado el imperio de la ley ante quienes procuraban subordinar absolutamente todo a sus propios intereses políticos. De todos modos, al comportarse con más seriedad el gobierno del presidente Macri, el país podrá salir pronto del default técnico que tantos perjuicios le ha ocasionado. Con tal de que los macristas consigan convencer al Congreso de que ha llegado la hora de eliminar todos los “obstáculos legislativos” mencionados por Griesa, comenzando con la llamada ley Cerrojo, y pague a “todos los demandantes que logren acuerdos con la Argentina antes del 29 de febrero”, estará en condiciones de acceder por fin a los mercados de capitales internacionales a tasas de interés razonables. En cuanto a los “buitres”, desde su punto de vista no tendría mucho sentido continuar pidiendo más de lo que el gobierno de Macri se ha afirmado dispuesto a cederles, ya que en adelante no contará con el apoyo legal que, merced a Cristina, les había brindado la Justicia norteamericana. Por fortuna, lo único que les importa a los fondos especulativos es el dinero. Si tienen motivos para suponer que seguir litigando contra la Argentina les resultaría contraproducente, lo que sería el caso si los gobiernos de los países más poderosos decidieran poner fin a un negocio que podría causar muchos problemas en los años próximos, no tendrían por qué negarse a darse por vencidos. Al gobierno kirchnerista le resultó relativamente fácil sacar beneficios políticos de la disputa con los holdouts o “buitres”, transformándola en un enfrentamiento entre especuladores extranjeros despiadados y un pueblo resuelto a defender lo suyo, porque sólo una minoría reducida tomaba en cuenta los costos. Al teatralizar así los conflictos económicos, a través de los años no sólo los kirchneristas sino también muchos otros populistas se han acostumbrado a convivir con el atraso que siempre atribuyen a la hostilidad del resto del mundo y de los “poderes concentrados” locales, además de la influencia deletérea de doctrinas extranjerizantes. Por desgracia, tal forma maniquea de interpretar la realidad económica ha echado raíces profundas en el país. En términos políticos, es más rentable culpar por sus deficiencias a los supuestos enemigos internos y externos de la patria que esforzarse por superarlas. Aunque el gobierno de Macri parece ser mucho más pragmático que aquellos que han administrado el país desde mediados del siglo pasado, no le será fácil en absoluto impedir que los comprometidos con esquemas fracasados se las arreglen para frustrar sus iniciativas. A ojos de los kirchneristas y muchos otros, el que continuar peleándose con los holdouts sólo sirviera para depauperar aún más a millones de familias importa mucho menos que los principios que según ellos están en juego, razón por la que atacarán a los macristas por su voluntad de alcanzar un acuerdo. Por fortuna, parece poco probable que en esta ocasión logren su propósito, pero en los meses y años próximos no les faltarán oportunidades para intentar frenar las reformas que el gobierno quiere realizar para que la economía nacional deje de ser el máximo símbolo internacional del fracaso por ser cuestión de una sociedad que, a pesar de contar con tantas ventajas comparativas, ha sido reacia a aprovecharlas.


El cambio de postura del juez neoyorquino Thomas Griesa frente al conflicto entre la Argentina y los últimos holdouts es perfectamente lógico. Puesto que para Griesa, como para los demás jueces norteamericanos, es fundamental la autoridad de la ley, no le quedó más alternativa que la de reaccionar con dureza cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le informó que el país sólo acataría aquellos fallos que en su opinión le convinieran. Por la misma razón, modificó radicalmente su actitud al convencerse de que, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, “la Argentina ha demostrado buena fe y voluntad de negociar con los bonistas”, de suerte que “las circunstancias han cambiado dramáticamente”. Podría argüirse que fue injusto del magistrado castigar al país en su conjunto por un capricho presidencial y que, de aplicarse universalmente los principios que reivindicaba, las consecuencias para otros deudores insolventes, como Grecia, serían muy negativas, pero es comprensible que haya privilegiado el imperio de la ley ante quienes procuraban subordinar absolutamente todo a sus propios intereses políticos. De todos modos, al comportarse con más seriedad el gobierno del presidente Macri, el país podrá salir pronto del default técnico que tantos perjuicios le ha ocasionado. Con tal de que los macristas consigan convencer al Congreso de que ha llegado la hora de eliminar todos los “obstáculos legislativos” mencionados por Griesa, comenzando con la llamada ley Cerrojo, y pague a “todos los demandantes que logren acuerdos con la Argentina antes del 29 de febrero”, estará en condiciones de acceder por fin a los mercados de capitales internacionales a tasas de interés razonables. En cuanto a los “buitres”, desde su punto de vista no tendría mucho sentido continuar pidiendo más de lo que el gobierno de Macri se ha afirmado dispuesto a cederles, ya que en adelante no contará con el apoyo legal que, merced a Cristina, les había brindado la Justicia norteamericana. Por fortuna, lo único que les importa a los fondos especulativos es el dinero. Si tienen motivos para suponer que seguir litigando contra la Argentina les resultaría contraproducente, lo que sería el caso si los gobiernos de los países más poderosos decidieran poner fin a un negocio que podría causar muchos problemas en los años próximos, no tendrían por qué negarse a darse por vencidos. Al gobierno kirchnerista le resultó relativamente fácil sacar beneficios políticos de la disputa con los holdouts o “buitres”, transformándola en un enfrentamiento entre especuladores extranjeros despiadados y un pueblo resuelto a defender lo suyo, porque sólo una minoría reducida tomaba en cuenta los costos. Al teatralizar así los conflictos económicos, a través de los años no sólo los kirchneristas sino también muchos otros populistas se han acostumbrado a convivir con el atraso que siempre atribuyen a la hostilidad del resto del mundo y de los “poderes concentrados” locales, además de la influencia deletérea de doctrinas extranjerizantes. Por desgracia, tal forma maniquea de interpretar la realidad económica ha echado raíces profundas en el país. En términos políticos, es más rentable culpar por sus deficiencias a los supuestos enemigos internos y externos de la patria que esforzarse por superarlas. Aunque el gobierno de Macri parece ser mucho más pragmático que aquellos que han administrado el país desde mediados del siglo pasado, no le será fácil en absoluto impedir que los comprometidos con esquemas fracasados se las arreglen para frustrar sus iniciativas. A ojos de los kirchneristas y muchos otros, el que continuar peleándose con los holdouts sólo sirviera para depauperar aún más a millones de familias importa mucho menos que los principios que según ellos están en juego, razón por la que atacarán a los macristas por su voluntad de alcanzar un acuerdo. Por fortuna, parece poco probable que en esta ocasión logren su propósito, pero en los meses y años próximos no les faltarán oportunidades para intentar frenar las reformas que el gobierno quiere realizar para que la economía nacional deje de ser el máximo símbolo internacional del fracaso por ser cuestión de una sociedad que, a pesar de contar con tantas ventajas comparativas, ha sido reacia a aprovecharlas.

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