Hay que fijar límites
Aunque muchos estarán convencidos de que quienes acusan al extinto expresidente Néstor Kirchner y por lo tanto a su viuda, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de haberse apropiado indebidamente de una cantidad fenomenal de dinero se han prestado a una campaña de difamación por motivos políticos, esto no quiere decir que crean que las denuncias carecen de fundamento. Por el contrario, la mayoría de los comprometidos con el “proyecto” oficialista las encuentran verosímiles, pero así y todo las repudian porque, dan a entender, a su juicio cualquier alternativa al gobierno actual sería peor. En algunos casos la lealtad así manifestada se basa exclusivamente en intereses; saben que el eventual desplome del kirchnerismo los haría perder ingresos y la posición que han alcanzado en el mundillo político nacional. En otros, empero, es fruto de un compromiso emotivo. A su modo, los que piensan así se asemejan a los aficionados de un equipo deportivo de desempeño sumamente decepcionante que siguen apoyándolo aun cuando les sea evidente que nunca levantará cabeza. Por razones que podrían calificarse de históricas, tal actitud, propia de quienes se aferran al statu quo a pesar de sus muchas deficiencias, es muy común en la Argentina, lo que hace más explicable la incapacidad notoria del país para dotarse de gobiernos que sean a un tiempo honestos y eficaces. En sociedades que están menos habituadas a los fracasos colectivos que la nuestra, el que la mayoría haya llegado a la conclusión de que un gobierno determinado ha resultado ser fabulosamente corrupto sería más que suficiente para condenarlo a una derrota catastrófica en las próximas elecciones. Es posible que ello ocurra en las legislativas, ya que es de prever que las denuncias continúen lloviendo y que, aunque fuera de manera gradual, terminen incidiendo en la voluntad de aquellos sectores que, atrapados en las redes clientelistas subsidiadas por “la caja” que el gobierno kirchnerista maneja, conforman el núcleo duro de su electorado. Sin embargo, también lo es que la indiferencia, el cinismo de los muchos que suponen que todos los políticos son ladrones y por lo tanto sería inútil tratar de discriminar entre ellos por motivos meramente éticos y el temor al caos que podría desatar la implosión del beligerante oficialismo actual sirven para permitirle a Cristina y sus simpatizantes prolongar su dominio del escenario político aprovechando las muchas divisiones del arco opositor. Las perspectivas serían menos sombrías si ya estuviera consolidándose un polo de poder claramente más confiable que los constituidos por el peronismo disidente, el radicalismo y las distintas fracciones de la izquierda moderada, pero por desgracia el único que se ve es el liderado por el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, que aún dista de ser convincente. Con todo, la conciencia de que los kirchneristas se han puesto a socavar la democracia y el Estado de derecho con el propósito de garantizar su propia impunidad está impulsando la formación de alianzas antes inconcebibles. Hace poco, el socialista Hermes Binner afirmó que podría llegar a un acuerdo tentativo con el centroderechista Macri en defensa de la República que se ve amenazada por la voluntad oficial de “partidizar la Justicia”, eliminando de golpe la división de poderes para instalar un unicato incompatible con el sistema democrático previsto por la Constitución nacional. Es que, en una situación como la actual, las legítimas diferencias ideológicas que suelen obsesionar a tantos intelectuales y políticos importan mucho menos que el compromiso con ciertas reglas fundamentales. Lo entienden tanto los kirchneristas, que están más que dispuestos a pasar por alto cualquier norma que en su opinión pudiera ocasionarles dificultades, como los ciudadanos, que quisieran que los adversarios del “proyecto” oficialista cerraran filas para hacer frente al peligro, ya manifiesto, planteado por el autoritarismo inescrupuloso y rapaz de un gobierno que va por todo, pero hasta ahora los dirigentes de las agrupaciones opositoras han sido reacios a reconocer que, por estar en juego la supervivencia del sistema democrático, sería mejor postergar, hasta que sea asegurada, los debates en torno a la política económica y otros temas.
