«Identidad reservada» para militares que den información

Buenos Aires- Hace una semana que se desempeña como subsecretaria de Derechos Humanos bajo la órbita del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. Fue precisamente el ex camarista, que juzgó a los dictadores del Proceso, el que le acercó el nombre de Diana Conti al presidente Fernando De La Rúa para que lo tuviera en cuenta y así intentar dar una señal positiva hacia los familiares de desaparecidos.

Conti es una abogada penalista y psicóloga social de 43 años, muy respetada por los organismos de Derechos Humanos. Entre sus iniciativas como diputada frepasista figuró el proyecto de ley para derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La iniciativa compartida por su colega Juan Pablo Cafiero generó en su momento un fuerte cimbronazo con la cúpula aliancista. «No me arrepiento para nada y lo volvería a hacer «, afirma la autora del polémico proyecto de ley.

Lejos ahora de esta posición idealista Conti pretende, ya como funcionaria del nuevo gobierno, crear una «Comisión de la Verdad» dónde los militares comprometidos con delitos aberrantes den toda la información que tengan a cambio de garantías e identidad reservada.

Dicha Comisión comenzaría a funcionar a principios de abril y estaría integrada por un conjunto de notables. «Sería una suerte de complemento de la Conadep», explica Conti en diálogo con Río Negro.

-¿Qué diferencia encuentra entre las diferentes citaciones a las que están siendo sometidos los militares?

– No me aboqué a ver la naturaleza judicial de cada una de las causas. Todas tienen por objetivo el derecho a la verdad histórica de lo sucedido en la represión ilegal.

– ¿Percibe intranquilidad en las fuerzas Armadas?

– Lo único que sé es que las órdenes de los mandos superiores son que si son citados, se presenten. La causa del juez español Baltasar Garzón es diferente a las demás causas que se siguen en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con el principio de territorialidad ya que no existen aún tribunales supranacionales. Mientras tanto estamos ante una situación donde algunos países poderosos pretenden imponer sus principios jurídicos individuales. Además en todos los tratados internacionales de derechos humanos hacen reserva al juzgamiento extraterritorial.

– ¿Podría existir aquí un juez Garzón que llame a ciudadanos españoles por los delitos del franquismo?

– No creo que España nos permitiera eso. Pero veamos un ejemplo más concreto: la causa IBM-Banco Nación dejó en claro cómo Estados Unidos puso trabas en la investigación.

– ¿El Frepaso cambió de discurso con respecto al juez Garzón? ¿Antes le tenían simpatía?

– Yo le sigo teniendo simpatía a la investigación de Garzón; sólo creo que está actuando con un marco jurídico erróneo. En cuanto a la postura del Frepaso, nunca existió unanimidad. Mucha gente del partido declaró ante el magistrado y aportó datos.

– ¿Se arrepiente de haber promovido la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?

– No me arrepiento. Lo volvería a hacer en iguales circunstancias. Cuando asumí como diputada participé de un seminario que lideró Alfonsín y llegamos a la conclusión de que había que vigorizar el debate de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad sobre, por ejemplo, la sustracción de bebés de desaparecidos.

– ¿Qué se propone con la iniciativa de la Comisión de la Verdad?

– En principio poder sistematizar toda la información sobre la violación de los derechos humanos en la época de la última dictadura militar. Pretendemos que declaren los responsables de dichos delitos sin temor a ser reprimidos judicialmente. Al que quiera hablar le daríamos una identidad reservada.

– ¿Tiene valor una declaración de un militar con identidad reservada?

– Yo creo que sí. Lo importante es construir la verdad. A los organismos de derechos humanos les explicaremos la importancia de este proyecto. Esta Comisión será el complemento de lo que fue la CONADEP donde declararon las víctimas del Proceso. Espero ahora que muchos militares estén deseosos de decir lo que saben sobre las atrocidades cometidas.

– ¿Usted se sentaría a dialogar con los militares sobre este proyecto?

– No tendría problema. Pero ellos son muy orgánicos y mejor será que hablen primero con el ministro de Defensa, López Murphy.

– ¿Recibió algún llamado de militares arrepentidos que quieran declarar?

– El único llamado que recibimos fue el de la esposa del marino Pedro Muñoz quien se presentó a declarar en la causa de robos de bebés que sigue la jueza María Servini de Cubría. La mujer quería garantías para su marido y yo le respondí que la mejor garantía en estas democracias está dada por la justicia.

– ¿Hay encubrimiento en los altos mandos?

– Digamos que no existe demasiada colaboración. Lo que hizo el general Martín Balza fue histórico por la autocrítica. Pero en el contexto histórico que le tocó no pudo hacer mas de lo que hizo.

– ¿Qué le pidió el presidente Fernando De La Rúa? ¿Hasta dónde le dijo que puede llegar?

– Me sorprendió gratamente su sensibilidad, y le aclaro que no me puso límites.

-El primer mandatario se formó en el Colegio Militar y, por otra parte, su cuñado es un ex marino que fue oficial en la época de la dictadura. ¿No le parece que podría ser un obstáculo para la búsqueda de la verdad?

– No pienso así. Fíjese que el actual ministro de justicia Ricardo Gil Lavedra también estudió en el Colegio Militar sin embargo nadie podría decir que no es respetuoso de los derechos humanos. Hay que terminar con los prejuicios. Yo hasta el momento no percibo ningún gesto corporativo del señor presidente con las fuerzas armadas.

– Existen pliegos de ascenso a militares en el Senado muy cuestionables desde el punto de vista ético como es el caso del teniente coronel Jorge Burlando. ¿Cuál es su opinión?

– Pesará en la conciencia de cada senador lo que hagan. La posición política del gobierno es que violadores de los derechos humanos no estén en cargos funcionales. De todos modos es una potestad constitucional del Senado.

Horacio Caride