Ignoraron advertencia sobre remedios truchos

La había hecho el ejecutivo de una droguería bahiense.

VIEDMA (AV)- Un ejecutivo de una droguería había advertido el año pasado a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología sobre que podría haber inconvenientes en la salud de las personas en el uso de medicamentos truchos, mucho antes de lo que ocurrió con la inyección de hierro «Yectafer» que terminó con la vida de la joven viedmense Verónica Díaz.

El funcionario de la firma Droguería Sur de Bahía Blanca, Carlos Borda, puso de sobreaviso a la funcionaria de la Anmat Valeria Garay en marzo de 2004 que «el sistema de control y la organización no están preparados de acuerdo a normas básicas internacionales en las cuales el paciente puede asegurarse en la farmacia la real procedencia de las productos y su genuinidad».

Puso como ejemplo que el decreto 1.299/97 regula la identificación de los productos comercializados por algunos de los integrantes de la cadena, «dejando sin legislar las operaciones comerciales a partir de las droguerías distribuidoras hasta el punto de venta (farmacias)».

Agregó que «dado que si bien queda en manos del Ministerio de Salud dictar normas complementarias como autoridad de aplicación, la ausencia para las siguientes etapas de la cadena hacen que el texto legal permita que las droguerías no dejen asentado número de lote y partida en los documentos comerciales que suscriben en oportunidad de su venta a farmacias, hospitales y clínicas».

Borda alertó que «tampoco la disposición 7.439/99 cubre el vacío legal de identificación de los productos en los documentos comerciales que emiten las droguerías a sus clientes».

Haciendo un análisis del mercado de las drogas, apuntó que «menos del 20% de las entidades habilitadas documentamos en los instrumentos comerciales el número de lote, partida y vencimiento de los mecanismos, basándonos en normas utilizadas en países desarrollados en los cuales el sistema de salud es un ejemplo y también impulsados por el sentido de responsabilidad».

Insistió en que «no existe ley ni decreto que expresamente lo requiera en la Argentina».

El ejecutivo recordó un caso registrado durante 1996 cuando una persona falleció en Buenos Aires al falsificarse un producto denominado «madopar» que alivia el Mal de Parkinson.

El ejecutivo mencionó que hay casos de robos y autorrobos de medicamentos, y trasladó esa inquietud al organismo nacional ocho meses antes de que Díaz muriera por la inyección de hierro. Borda dijo a «Río Negro» que desde la Anmat «nunca contestaron mi inquietud».


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