Igoldi extendió la revisión de becas a la actual gestión
El juez no descarta que “sea tan ilegal” como el sistema de Pega. Desarrollo Social defiende su regularización y el fiscal aún no investiga.
Judiciales
Alerta en Desarrollo Social por la reciente resolución judicial de asignación de becas, que consideró como irregulares sus pagos en 2006 y concluyó con el procesamiento del exministro y legislador Alfredo Pega. El fallo del juez Fabio Igoldi incluyó un pedido a la fiscalía para que investigue el presente otorgamiento, a partir que un relevamiento suyo advirtió cierta continuidad entonces no “descarta la existencia que el actual sistema sea tan ilegal” como el administrado por Pega.
Desarrollo Social, a cargo de Fabián Galli, abonó en setiembre algo más de 1.500 becas (4,7 millones), que significa una baja de cerca de medio millar en relación a inicios del año. En el ministerio se resalta el avance de su regularización, con el pase de becarios a contratos para los operadores o profesionales que hoy reciben esos pagos por sus prestaciones (prevé 150 nuevas regularizaciones antes de 2016). Mientras tanto, se negó rotundamente que persistan casos de agentes estatales con becas en conceptos de horas extras o cualquier adicional por su función.
Ocurre que en esa situación irregular enfatizó Igoldi en el cuestionamiento al procedimiento en la gestión de Pega. Además cuestionó el prolongado plazo de asignación, como también, la carencia de proyectos y su falta de control gubernamental.
En principio, el fiscal Hernán Trejo no abrió ninguna investigación del actual sistema, pues esperará la resolución de la Cámara y la eventual confirmación de la opinión de Igoldi, considerando que la misma fue apelada.
En su pedido para la investigación de las becas actuales, Igoldi manifesta que pidió la tramitación de 2015 y puntualiza que un funcionario vuelve a certificar de manera genérica el cumplimiento de cargas horarias de becarios”, como tampoco, se “verifican otra serie de requisitos planteados por la norma”. Reclama la intervención del fiscal al no “descartar la existencia de que el actual sistema sea tan ilegal como el que se desarrollaba durante la gestión” de Pega.
En su resolución, el magistrado procesó a Pega por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración” y, también, lo hizo con sus exfuncionarios Dante Sartor y Marcela Rossio, en referencia a casos de 2006 y 2007. Igoldi cuestionó que administraron fondos públicos “dolosamente, sin la debida diligencia y omitiendo tomar los recaudos pertinentes, otorgando becas del programa con un destino diferente del expresado en la ley por actividades no previstas por la norma (tareas habituales en la administración, horas extras)”. Observó además que se superan los “tres meses convenidos, sin estar debidamente justificado, ni prorrogados por acto administrativo idóneos”.
La defensa de los imputados insistió que “antes y después” de la gestión de Pega “se mantuvo y mantiene igual sistema”. Igoldi afirmó que eso “no lo exime sino que muy por el contrario me habilita a requerir al ministerio Público Fiscal a entablar una minuciosa y seria investigación de los hechos posteriores al año 2006, abarcando la actual gestión” del ministerio.
DeVIedma
Judiciales
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
