Impuestos que se hacen humo

Cada fumador que compre un atado de cigarrillos de cualquier marca debería saber que en el quiosco estará pagando de impuestos nada menos que el 80% del precio final. Esto explica por qué en la última semana tuvieron un aumento de hasta 60%, que llevó el precio de la marca más vendida de 28 a 45 pesos por atado de 20 unidades. Las marquillas bien podrían llevar el logotipo de la AFIP: esa diferencia se destinará íntegramente al organismo recaudador, para disgusto de las compañías tabacaleras.

En realidad, el componente impositivo de los cigarrillos alcanzaba hasta ahora al 70% del precio. Pero sin previo aviso, el Ministerio de Hacienda y Finanzas aplicó una alquimia tributaria a través de la cual prorrogó hasta fin de año el impuesto adicional de emergencia de 7% que vencía en abril y subió de 60 a 75% la alícuota de Impuestos Internos, que se destina a rentas generales y es coparticipable. Si a esto se suma la parte proporcional de otros gravámenes como IVA e Ingresos Brutos, se llega al 80% del precio. Según la explicación oficial, la medida permitirá engrosar en 1.100 millones de pesos adicionales el Fondo Especial del Tabaco (FET) que reciben siete provincias (Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán) para sus productores tabacaleros. Y, además, recaudar 17.000 millones anuales extras para cubrir hasta 82% del déficit del sistema sanitario provocado por gastos derivados de las consecuencias del tabaquismo, estimado en 45.000 millones. Las tabacaleras ponen en duda estas cifras: descuentan que tras el aumento se reducirá el consumo y, por ende, la recaudación, aunque desconocen cuánto. O bien que se incentivará el contrabando. El aumento de los cigarrillos prácticamente coincidió con el 10% aplicado a los precios de las naftas y el gasoil, aunque por razones muy diferentes. Tanto el presidente Macri como el ministro Aranguren coincidieron en explicar que obedece al sistema de ajuste de los combustibles en función del dólar. Y que, tras la devaluación de diciembre, se acordó un traslado escalonado a los precios que, en lo que va del 2016, ya acumulan un alza de 31% para disgusto de automovilistas, transportistas y productores agrícolas, entre otros sectores. Hubo, sin embargo, un matiz que no pasó inadvertido para los observadores. Mientras Macri aseguró que este será el último aumento del año, Aranguren había dicho lo mismo pero con el agregado “mientras se mantengan las mismas condiciones”. En otras palabras, que el dólar se ubique en los actuales $ 14,50. Para fin de diciembre, varias consultoras sitúan la cotización en una franja de $ 16/17. Si esas proyecciones se confirmaran, quedaría pendiente así una suba del orden de 10/14% que se trasladaría a comienzos del 2017.

La sinceridad de Aranguren fue más allá: reconoció que los precios de los combustibles pasaron a ubicarse en dólares entre los más altos de Latinoamérica (incluso de países que no producen petróleo) si se incluye el componente impositivo, que alcanza a 40% en el gasoil y a 46% en las naftas. Aquí también los surtidores podrían llevar una oblea de la AFIP.

Estas dos muestras aisladas revelan hasta qué punto llega en la Argentina la presión tributaria, que en los últimos años llegó a niveles récords con respecto al PBI, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Esta ha sido la contrapartida del fenomenal aumento del tamaño del Estado y del gasto público, que superó el 50% del PBI durante la era kirchnerista. El problema es que buena parte de ese mayor gasto fue improductivo. Ya sea porque se destinó a engrosar la burocracia, funcionó como un seguro encubierto de desempleo o, peor aun, no se tradujo en mejores servicios esenciales (salud, educación, seguridad, etc.). De alguna manera, también se hizo humo. Una prueba es que, a nivel nacional, se destinó a inversión pública poco más de 1 peso de cada 10 de gasto. Aquí tampoco hay grandes diferencias entre jurisdicciones.

Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) arroja luz sobre esta realidad en el caso de las provincias. Su título es más que sugerente, “Barril sin fondo”, y su contenido revela que el total del gasto público provincial pasó de representar 10,8% del PBI en el 2005 a un 15,3% en el 2014, lo cual implica un aumento de 41,9% en diez años. A su vez, los ingresos (por recaudación propia o envíos de coparticipación) pasaron del 11,1 al 15,2% del PBI en el mismo lapso, con una suba porcentual de 37,1%. En promedio, el 70,8% del aumento del gasto se destinó a financiar salarios.

A modo de ejemplo, el informe destaca el caso de tres provincias donde el crecimiento de las erogaciones en personal fue incluso superior al del gasto total. Ellas son Neuquén (160,7%), Santa Cruz (148,9%) y Río Negro (129,3%) que, por consiguiente, mostraron una reducción en la participación relativa, en términos de PBI, de otros componentes del gasto. Como conclusión, señala que las provincias “se gastaron todo el aumento de ingresos de la última década y también más”.

En este sentido, otro estudio del Iaraf analiza los ingresos fiscales de un conjunto de diez provincias en el primer trimestre del 2016 y destaca que el impuesto de mayor importancia en la recaudación fue Ingresos Brutos, que para ese conjunto creció 36,2% con respecto al mismo período del 2015 y representó 73,4% del crecimiento de los ingresos tributarios propios. En segundo lugar se ubica el impuesto Inmobiliario (9,9%), seguido del impuesto Automotor (8,4%) y de Sellos (6,2%).

También este informe hace hincapié en que entre las provincias con mayores tasas de crecimiento de los recursos tributarios propios se encuentra Río Negro, con un incremento de 34,8%, que supera ligeramente a los de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. Por su parte Neuquén es la provincia con mayor crecimiento de la recaudación de Ingresos Brutos, con un avance interanual de 43,4% que atribuye al incremento del mínimo general (entre 30% y 40%), la suba de alícuotas y la creación de nuevas que afectan en general a todos los tramos de facturación, elevando la presión tributaria. En II. BB., Río Negro se encuentra en el cuarto lugar, con un aumento del 37,7%, pero en el impuesto Inmobiliario el crecimiento de la recaudación (26,4%) sobrepasa ampliamente a Neuquén (2,1%). El problema es que, con un gasto inflexible y si no cede la inflación, también esos ingresos terminan haciéndose humo.

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