Imputan a tres policías por el homicidio «culposo» de Gabriel Mandagaray
Otros dos uniformados fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Un sexto uniformado tendrá su audiencia de formulación de cargos el próximo miércoles 10.
Los imputados durante la audiencia realizada en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.
El juez Juan Brussino aceptó los cargos presentados por el fiscal Guillermo Ortíz y la querella, representada por Damián Torres, y tres integrantes de la Policía de Río Negro quedaron imputados por la muerte del oficial principal Gabriel Mandagaray ocurrida el 15 de abril pasado en Bahía Creek durante un curso de formación para ingresantes al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la fuerza. Otros dos uniformados fueron imputados por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» en relación a ese hecho.
Además, estableció un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación y aceptó el pedido de establecer como medida cautelar la «prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de los imputados del lugar donde se encuentren o su domicilio» o realizar algún «acto molesto o violento, por sí o por terceros, por el plazo de la investigación» tal como plantearon el representante del Ministerio Público Fiscal y la querella para «evitar la influencia externa sobre los jóvenes cursantes» que son 16 y forman parte de la causa como testigos.
La fiscalía presentó cuatro hechos y el juez imputó a los instructores Marcelo Contreras y Alfredo Nahuelcheo, además del jefe del Coer, Alejandro Gattoni por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.
A Carlos Grasso y Oscar Szymansky los imputó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de autores y, finalmemente; Contreras también fue imputado por lesiones leves, como autor en concurso real con los dos primeros hechos.
El tercer instructor investigado, Maximiliano Vitali Méndez, tendrá su audiencia de formulación de cargos el próximi miércoles 10.
Durante la audiencia estuvieron presentes Contreras y su defensor Armando Salazar, Nahuelcheo con el patrocinio de Manuel Maza y Szymansky junto a su defensor Aldo Bustamante. Grasso y el abogado Juan Luis Vincenty y Gattoni y su defensor Oscar Pineda participaron en forma remota.
En la sala también estuvieron los padres de Gabriel, Antonio Mandagaray y Elsa Fabi, mientras que su mujer Sofía Villalba lo hizo de manera virtual.
En el primer hecho, contra Contreras, Nahuelcheo y Grasso la fiscalía tuvo en cuenta que «llevaron adelante un curso no aprobado en cuando al lugar» con un «excesivo desgaste físico y psicológico» de los participantes que tuvieron «escasa alimentación e hidratación, sin suficiente descanso, sin asistencia médica y sin medios de comunicación» y recibieron «prácticas humillantes» y con conductas deshumanizantes» por partes de los instructores «con el acuerdo de Gattoni».
En el segundo hecho ubicó en Bahía Creek a los intructores y al jefe del COER donde Gabriel Mandagaray perdió la vida por «asfixia por inmersión».
Mientras que el tercer hecho involucró a Grasso y Szymansky, en aquel momento Director de Capacitación y Jefe del Departamento Académico, quienes «inobservaron las misiones y funciones de la Dirección de Capacitación de la Polícia de Río Negro».
Un cuarto hecho se acumuló en la imputacón de Contreras por las lesiones sufridas por el aspirante Esteban Lagos Millapán, un día antes de la muerte de Mandagaray, quien fue agredido por una patada que le provocó la fractura de una vértebra y ese hecho fue denunciado el 5 de mayo.
Previo a la resolución del juez hubo varios planteos de las defensas que fueron desestimados.
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