La muerte Diego: Mañana edición especial y póster

Imputaron a un hombre en Viedma por dispararle al perro de su vecina

El violento hecho ocurrió en una vivienda ubicada a la vera de la ex Ruta 3 de la capital rionegrina.




la Fiscalia requirió el inicio de la investigación penal preparatoria que se extenderá por los próximos cuatro meses.

la Fiscalia requirió el inicio de la investigación penal preparatoria que se extenderá por los próximos cuatro meses.

Formularon cargos contra un hombre por realizar actos de crueldad animal en contra de la mascota de su vecina en una vivienda ubicada en la zona de la ex Ruta 3 de Viedma.

El caso se enmarca en una infracción a la Ley Nacional N° 14.346 de protección animal y por el hecho el acusado no podrá acceder a ninguna resolución alternativa del conflicto.

La Fiscalía le imputó haber sido quien “efectuó actos de crueldad, hiriendo intencionalmente de tres disparos de aire comprimido, al can de su vecina” el 14 de septiembre pasado.

En la audiencia, la Fiscalía requirió el inicio de la investigación penal preparatoria que se extenderá, tal lo admitido por el Juez, por los próximos cuatro meses.

Cabe recordar que en la órbita del Ministerio Público rige la Instrucción General N° 420 que impide aplicar el beneficio de la Suspensión de Juicio a Prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal.

En dicho documento suscripto por el Procurador General Jorge Crespo se destaca que en tales actos la violencia es desplegada “para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento” conducta que “denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.

Enfatiza además en que “el nuevo paradigma de a justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”, finalizó Crespo.


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