Inminente elevación a juicio de la causa Aigo
SAN MARTÍN Y JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- El juez de instrucción subrogante en la causa por el asesinato del policía José Aigo corrió vista a la querella sobre el pedido de elevación a juicio contra Marcos Fernández y Analía Godoy, imputados en la causa por encubrimiento y falso testimonio, mientras permanecen prófugos los ciudadanos chilenos Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres. Así lo confirmó el abogado Saúl Castañeda, quien representa a la querellante viuda Graciela Soto. Dijo que “seguramente vamos a acompañar el pedido de la fiscalía, en el sentido de pedir el juicio oral y público de Marcos Fernández por encubrimiento agravado y falso testimonio, y de su esposa, Analía Godoy, por falso testimonio”. Este miércoles la querella responderá el requerimiento del juez Andrés Luchino. Castañeda admitió que Soto desistió de algunas medidas solicitadas en su momento al juez, lo que permitió agilizar en las últimas semanas la etapa final de la instrucción, que debería culminar con el pedido de juicio a la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes. El mismo procedimiento debe seguir Luchino con la defensa de los imputados, que eventualmente puede pedir alguna medida adicional e incluso solicitar el sobreseimiento de Fernández y Godoy. Sin embargo, fuentes de tribunales dijeron que la elevación a juicio sería inminente, apenas Luchino reciba de la querella la imputación que pretende aplicar. Para la fiscalía la elevación a Cámara debió hacerse hace meses. La querella, en cambio, sostuvo en un principio la imputación de Fernández como “partícipe necesario” del homicidio pero finalmente parece haber desistido de esa figura para acompañar al fiscal, seguramente con otros matices en la acusación. El crimen ocurrió el 7 de marzo de 2012 en el paraje Pilolil, sobre la Ruta 23, cuando el sargento Aigo intentó controlar la documentación y pertenencias de los pasajeros de la camioneta que conducía Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes, en la que viajaban Cortés Torres y Salazar Oporto. El joven considerado en las primeras horas del hecho como un mero testigo por el entonces juez Joaquín Cosentino. La decisión de liberarlo fue fuertemente cuestionada por la querella, que la interpretó como una maniobra para favorecer a Fernández.
SAN MARTÍN Y JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- El juez de instrucción subrogante en la causa por el asesinato del policía José Aigo corrió vista a la querella sobre el pedido de elevación a juicio contra Marcos Fernández y Analía Godoy, imputados en la causa por encubrimiento y falso testimonio, mientras permanecen prófugos los ciudadanos chilenos Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres. Así lo confirmó el abogado Saúl Castañeda, quien representa a la querellante viuda Graciela Soto. Dijo que “seguramente vamos a acompañar el pedido de la fiscalía, en el sentido de pedir el juicio oral y público de Marcos Fernández por encubrimiento agravado y falso testimonio, y de su esposa, Analía Godoy, por falso testimonio”. Este miércoles la querella responderá el requerimiento del juez Andrés Luchino. Castañeda admitió que Soto desistió de algunas medidas solicitadas en su momento al juez, lo que permitió agilizar en las últimas semanas la etapa final de la instrucción, que debería culminar con el pedido de juicio a la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes. El mismo procedimiento debe seguir Luchino con la defensa de los imputados, que eventualmente puede pedir alguna medida adicional e incluso solicitar el sobreseimiento de Fernández y Godoy. Sin embargo, fuentes de tribunales dijeron que la elevación a juicio sería inminente, apenas Luchino reciba de la querella la imputación que pretende aplicar. Para la fiscalía la elevación a Cámara debió hacerse hace meses. La querella, en cambio, sostuvo en un principio la imputación de Fernández como “partícipe necesario” del homicidio pero finalmente parece haber desistido de esa figura para acompañar al fiscal, seguramente con otros matices en la acusación. El crimen ocurrió el 7 de marzo de 2012 en el paraje Pilolil, sobre la Ruta 23, cuando el sargento Aigo intentó controlar la documentación y pertenencias de los pasajeros de la camioneta que conducía Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes, en la que viajaban Cortés Torres y Salazar Oporto. El joven considerado en las primeras horas del hecho como un mero testigo por el entonces juez Joaquín Cosentino. La decisión de liberarlo fue fuertemente cuestionada por la querella, que la interpretó como una maniobra para favorecer a Fernández.
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