Inspectores militantes

Los gobiernos populistas que son incapaces de frenar la inflación que ellos mismos han provocado siempre procuran minimizar los costos políticos de su propia inoperancia atribuyendo el aumento de los precios a la codicia de empresarios egoístas para entonces amenazarlos con castigos durísimos a menos que cambien de actitud. Es lo que hizo el presidente Juan Domingo Perón cuando su “modelo” particular comenzaba a hacer agua en la primera mitad de los años cincuenta del siglo pasado. En aquella oportunidad, Perón ordenó a los compañeros “colgar de un árbol” a los comerciantes “malos”. Si bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no ha declarado que aumentar precios debería considerarse un crimen capital, es evidente que comparte la idea del fundador del movimiento en que se formó de que la mejor manera de combatir la inflación consistiría en intimidar a los empresarios que a su juicio son los únicos responsables del fenómeno, tarea ésta que se encargarán de desempeñar militantes de “organizaciones juveniles, sociales, políticas y religiosas”, o sea miembros de La Cámpora, la Tupac Amaru de la jujeña Milagro Salas, los piqueteros de Luis D’Elía y, es de suponer, los delincuentes oficialistas del Vatayón Militante. En vista de que se trata de personas que en muchos casos no terminaron el ciclo secundario y que por lo tanto nunca encontrarán trabajo en el sector privado, pedirles actuar como vigilantes comerciales es un disparate, pero puede que la presidenta tenga algo más en mente que tratar de mantener vivo el consumo congelando los precios por la fuerza. Como no pudo ser de otro modo, esta propuesta de Cristina ha sembrado mucha preocupación. Además de ser un síntoma inequívoco del pánico que se ha apoderado de un gobierno que sencillamente no sabe qué hacer para impedir que la economía siga deteriorándose y no puede sino sentir que su propio ciclo está acercándose, a los tumbos, a un fin poco decoroso, plantea el riesgo de que proliferen enfrentamientos violentos entre comerciantes hostigados e inspectores militantes improvisados que no entienden nada de economía. Aun cuando hubiera “precios de referencia” claros, los intentos de los “militantes” por obligar a los empresarios a respetarlos producirían un sinfín de malentendidos, pero sucede que no los hay, ya que varían mucho al depender del comercio y, en muchos casos, del barrio o de la zona del país. El asunto sería más fácil si no fuera por el “cepo publicitario” informal que aplica el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el propósito de asfixiar a los diarios porteños más importantes, “Clarín” y “La Nación”, pero puesto que el funcionario se las ha arreglado para privar a los consumidores de información esencial, el mercado difícilmente podría estar más embrollado. Así las cosas, no sorprendería del todo que esta iniciativa voluntarista de un gobierno agotado agregara todavía más confusión a un panorama que ya es caótico. Pero no sólo es cuestión de convertir los distritos comerciales del país en escenario de conflictos que con toda seguridad provocarán mucho rencor. También lo es de un golpe artero asestado contra las instituciones democráticas al transformar en empleados estatales virtuales a los militantes de un movimiento político determinado, dándoles poderes negados al resto de la ciudadanía. Puede que a Cristina y sus incondicionales les parezca muy bueno movilizar “ese potencial, ese caudal de energía” de las organizaciones que les son afines, pero los precedentes en tal sentido que proporcionaron otros regímenes, entre ellos los de Perón, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Hugo Chávez y los comunistas soviéticos y chinos, no son exactamente alentadores. Puesto que Cristina no ha disimulado su propia voluntad, y la de “los soldados” de La Cámpora, de ir por todo, adquiriendo cada vez más poder y dinero para que el movimiento que ha creado resulte inexpugnable, es legítimo tomar lo que está haciendo por un nuevo asalto contra el Estado de derecho. Lo que quieren la presidenta y sus partidarios es que el país se someta por completo a su voluntad, de ahí la decisión de colmar de poderes policiales a los integrantes, armados o no, de agrupaciones estrechamente vinculadas con la facción política dominante.