Invasión narco
De no haber sido por el conflicto con los holdouts, las vicisitudes ingratas del vicepresidente Amado Boudou y las alternativas del Mundial de Fútbol, hubiera motivado más preocupación el informe lapidario que acaba de difundir la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). En dicho informe se advierte que la Argentina está en vías de convertirse en un nuevo polo narcotraficante menos importante que los conformados por Colombia y México pero, así y todo, muy significante. Por cierto, ya no es sólo un “país de tránsito”. Si bien la Argentina no figura entre las fuentes principales de materia prima como hojas de coca, que provienen de Perú, Bolivia y Colombia, se han multiplicado aquí los laboratorios o “cocinas” en que se refinan productos tanto para la exportación posterior a Europa y Asia como para el consumo interno. La ciudad más afectada es, huelga decirlo, Rosario, donde pocos días transcurren sin asesinatos vinculados con el narcotráfico, pero la presencia de drogas y de las organizaciones delictivas que las manejan se han hecho sentir en el resto del país, sobre todo en las zonas más problemáticas del conurbano bonaerense en que el paco, la pasta base de cocaína, está causando estragos entre los adolescentes de recursos educativos y económicos escasos. Según los especialistas en el tema, narcotraficantes de otros países de América Latina, como Colombia y México, pueden operar sin muchas dificultades en la Argentina porque les es relativamente fácil lavar dinero, además de contar con la colaboración de bandas criminales deseosas de participar de un negocio extraordinariamente lucrativo, de políticos corruptos y, en algunos distritos, de la policía. En una sociedad en que la mayoría supone que la corrupción es ubicua, distinguir entre los funcionarios honestos y aquellos que no lo son resulta casi imposible. Quienes se dejan comprar no vacilan en acusar a los decididos a combatirlos de estar al servicio del crimen organizado. Asimismo, por estar tan difundida la corrupción, los dirigentes políticos más experimentados se ven tentados a pasar por alto los delitos cometidos por sus propios partidarios y por lo tanto son reacios a arriesgarse denunciando a sus adversarios. Como han aprendido muchos que han procurado erigirse en paladines de la ética, cuando virtualmente todos están bajo sospecha, luchar contra la corrupción no suele traer demasiados beneficios políticos, mientras que, hasta hace poco, el que a juicio de muchos el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “el más corrupto de la historia”, desplazando del lugar eminente así supuesto al encabezado por Carlos Menem, no le ocasionaba perjuicios graves. De todos modos, aun cuando ningún miembro importante del gobierno actual se haya propuesto dejar entrar a los narcotraficantes, no cabe duda de que la ineficiencia administrativa que le ha sido tan típica, combinada con la propensión de funcionarios militantes a tratar a todas las instituciones públicas como parte del botín político, les ha brindado oportunidades que no han desaprovechado. Para impedir que el país termine colonizado por delincuentes extranjeros, sería necesario que la clase política fortaleciera las defensas institucionales, pero a menudo Cristina y otros integrantes del gobierno han brindado la impresión de estar más interesados en desmantelar las existentes, de ahí la campaña que inició el año pasado para “democratizar la Justicia”, echando a aquellos magistrados que se negaban a adherirse al “proyecto” kirchnerista y reemplazándolos por otros debidamente militantes. Desgraciadamente para el gobierno –pero no para el país–, parecería que la ofensiva contra “la corporación judicial” que lanzó Cristina le ha resultado contraproducente. Con todo, aunque es innegablemente positivo que algunos jueces y fiscales hayan optado por tomar en serio sus responsabilidades, a menos que su ejemplo sirva para impulsar cambios profundos, el país seguirá inerme frente a las bandas de narcotraficantes, tanto extranjeros como nacionales, que ven en él una presa maravillosamente fácil y que, en los años últimos, han logrado crear una especie de economía paralela con ramificaciones en sectores como los de la construcción, el turismo y otros que se resisten a incorporarse a la economía formal.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 2 de julio de 2014
De no haber sido por el conflicto con los holdouts, las vicisitudes ingratas del vicepresidente Amado Boudou y las alternativas del Mundial de Fútbol, hubiera motivado más preocupación el informe lapidario que acaba de difundir la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). En dicho informe se advierte que la Argentina está en vías de convertirse en un nuevo polo narcotraficante menos importante que los conformados por Colombia y México pero, así y todo, muy significante. Por cierto, ya no es sólo un “país de tránsito”. Si bien la Argentina no figura entre las fuentes principales de materia prima como hojas de coca, que provienen de Perú, Bolivia y Colombia, se han multiplicado aquí los laboratorios o “cocinas” en que se refinan productos tanto para la exportación posterior a Europa y Asia como para el consumo interno. La ciudad más afectada es, huelga decirlo, Rosario, donde pocos días transcurren sin asesinatos vinculados con el narcotráfico, pero la presencia de drogas y de las organizaciones delictivas que las manejan se han hecho sentir en el resto del país, sobre todo en las zonas más problemáticas del conurbano bonaerense en que el paco, la pasta base de cocaína, está causando estragos entre los adolescentes de recursos educativos y económicos escasos. Según los especialistas en el tema, narcotraficantes de otros países de América Latina, como Colombia y México, pueden operar sin muchas dificultades en la Argentina porque les es relativamente fácil lavar dinero, además de contar con la colaboración de bandas criminales deseosas de participar de un negocio extraordinariamente lucrativo, de políticos corruptos y, en algunos distritos, de la policía. En una sociedad en que la mayoría supone que la corrupción es ubicua, distinguir entre los funcionarios honestos y aquellos que no lo son resulta casi imposible. Quienes se dejan comprar no vacilan en acusar a los decididos a combatirlos de estar al servicio del crimen organizado. Asimismo, por estar tan difundida la corrupción, los dirigentes políticos más experimentados se ven tentados a pasar por alto los delitos cometidos por sus propios partidarios y por lo tanto son reacios a arriesgarse denunciando a sus adversarios. Como han aprendido muchos que han procurado erigirse en paladines de la ética, cuando virtualmente todos están bajo sospecha, luchar contra la corrupción no suele traer demasiados beneficios políticos, mientras que, hasta hace poco, el que a juicio de muchos el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “el más corrupto de la historia”, desplazando del lugar eminente así supuesto al encabezado por Carlos Menem, no le ocasionaba perjuicios graves. De todos modos, aun cuando ningún miembro importante del gobierno actual se haya propuesto dejar entrar a los narcotraficantes, no cabe duda de que la ineficiencia administrativa que le ha sido tan típica, combinada con la propensión de funcionarios militantes a tratar a todas las instituciones públicas como parte del botín político, les ha brindado oportunidades que no han desaprovechado. Para impedir que el país termine colonizado por delincuentes extranjeros, sería necesario que la clase política fortaleciera las defensas institucionales, pero a menudo Cristina y otros integrantes del gobierno han brindado la impresión de estar más interesados en desmantelar las existentes, de ahí la campaña que inició el año pasado para “democratizar la Justicia”, echando a aquellos magistrados que se negaban a adherirse al “proyecto” kirchnerista y reemplazándolos por otros debidamente militantes. Desgraciadamente para el gobierno –pero no para el país–, parecería que la ofensiva contra “la corporación judicial” que lanzó Cristina le ha resultado contraproducente. Con todo, aunque es innegablemente positivo que algunos jueces y fiscales hayan optado por tomar en serio sus responsabilidades, a menos que su ejemplo sirva para impulsar cambios profundos, el país seguirá inerme frente a las bandas de narcotraficantes, tanto extranjeros como nacionales, que ven en él una presa maravillosamente fácil y que, en los años últimos, han logrado crear una especie de economía paralela con ramificaciones en sectores como los de la construcción, el turismo y otros que se resisten a incorporarse a la economía formal.
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