Investigan presunto peculado en San Martín

La Justicia pidió documentación sobre la utilización de materiales. Se habría refaccionado una casa con elementos municipales. Saldrá a la luz una auditoría que hizo la Contraloría municipal.

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Una curiosa nota llegó al Concejo Deliberante desde los tribunales de Junín de los Andes. Solicita información sobre la existencia o no de normativas que faculten a los empleados municipales a utilizar material de la comuna en beneficio propio.

El oficio que envió el secretario del Juzgado de Instrucción y Correccional de la IV Circunscripción Judicial no pasó inadvertido para los ediles de San Martín, que por cierto responderán por la negativa.

La justicia investiga al menos un caso en el que se involucró a un funcionario municipal por el presunto delito de peculado. Las investigaciones giran en torno de si el agente en cuestión se sirvió de materiales propiedad del municipio, para realizar diversas refacciones en su vivienda particular. Por esa causa ya se realizaron varios allanamientos.

Mientras la justicia realiza su tarea, en la Contraloría municipal está a poco de ver la luz una auditoría que pondría bajo sospecha el manejo del corralón y aserradero municipal.

De hecho, el propio concejal Jorge Fernández (PJ) había anticipado públicamente días atrás que la investigación pondrá en evidencia que «hay funcionarios que se hacen hacer los muebles en el aserradero del municipio…».

El contralor Jorge Carro prefirió no adelantar detalles hasta completar aspectos formales de la investigación, cuando lo consultó este diario. De ser certeras las especulaciones del edil peronista, sería otro asunto con destino de estrados.

Precisamente y como se apuntó, desde la secretaría del doctor Manuel González, el oficio 1583 requiere al Deliberante de San Martín que «informe a este tribunal si existe ordenanza y/o norma legal que faculte a los empleados municipales a recibir materiales de construcción de propiedad del municipio y a trasladarlos a sus domicilios particulares por intermedio de vehículos oficiales municipales».

En caso de una respuesta afirmativa de los concejales -lo cual sería absurdo, claro-, la justicia solicita el envío de la documentación o norma legal de referencia, como «así también las que faculten al uso de máquinas, materiales y personal del corralón y aserradero municipal para la confección de tirantería, aberturas, etc., en beneficio de empleados y funcionarios municipales».

Va de suyo que en el municipio de San Martín de los Andes, desde su Carta Orgánica hasta las distintas omrdenanzas y resoluciones, no existe norma que faculte a semejante cosa, dijeron concejales cuando este diario los consultó con un atisbo de sorpresa.

Una especulación

Un funcionario que prefirió reserva especuló: «es obvio que la justicia sabe de antemano que no existe tal cosa, pero parece ser que decidió enviar este pedido de informes porque alguien le habrá dicho lo contrario… (en referencia a alguna supuesta declaración en sede judicial de los investigados)».


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