Jueces que no merecen el cargo

Por qué Usina de Justicia, una organización civil de víctimas de homicidio apartidaria, fue la que convocó a la marcha realizada ayer, cuando se reclama que el Consejo de la Magistratura corone los resultados de las auditorías con la debida investigación, en particular con el sospechoso estilo de vida del juez Rodríguez?

En junio de 2016, cuando acompañamos la solicitud ante el Consejo de la Magistratura de la ejecución de las auditorías en los juzgados -se comenzaría por los federales criminales de todo el país, con la expectativa de que concluirían con los juzgados ordinarios-, pensamos que la Justicia podría sanearse.

En particular, se solicitó obtener un informe institucional, acabado y completo que permitiera conocer por qué las causas de corrupción contra la administración pública demoran en promedio más de diez años en tramitar y muchas terminan en prescripciones.

El Consejo de la Magistratura aprobó esa solicitud.

Transcurridos casi tres años, y pese a ese compromiso contraído, los resultados de las auditorías duermen en los cajones donde miles de páginas con las pruebas de los delitos van tornándose amarillas por el solo paso del tiempo.

¿Falta de recursos humanos? ¿Infraestructura insuficiente? El Consejo tiene trece miembros, magníficamente remunerados, tanto ellos como sus numerosos asesores personales y el incontable personal de planta permanente. Y -¿quién lo duda?- pueden actuar mucho más eficiente y rápidamente de lo que están actuando.

Usina de Justicia está presente porque la corrupción mata.

Y hay muchos puntos de contacto entre el juez corrupto que absuelve por dinero y el abolicionista que absuelve por ideología. Porque de no ser por dinero o ideología, ¿cómo es posible que soportemos a jueces y fiscales que parecen defensores de los delincuentes? ¿Cómo admitir que el 99% de los delitos no tenga sanción efectiva, como denunció hace dos años el Ministerio de Justicia?

Voy a citar a modo de ejemplo el juicio en el Consejo de la Magistratura al juez Axel López, quien había dejado en libertad a Fructuoso González (quien quemó a toda la familia de Matías Bagnato), Pablo Díaz (el presunto vecino que asesinó a Soledad Bargna) y a Juan Alberto Cabeza (cuádruple violador y asesino de Tatiana Kolodziej).

Ese jurado de enjuiciamiento, que presencié y plasmé en una serie de crónicas dignas de un lacerante realismo mágico, fue un simulacro.

Lo defendió Eugenio Zaffaroni -quien no podía hacerlo porque recién se había jubilado para poder ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, a propósito del cual guardábamos la ilusoria esperanza de que el actual gobierno hiciera algún gesto por lograr su destitución.

Los presuntos testigos nunca se presentaron. En el banquillo de los acusados no estaba Axel López, sino un chivo expiatorio: un temeroso perito forense que, balbuceando, no se atrevía a gritar que él había rechazado en su dictamen la liberación del reo.

Tanto en la absolución de Axel López como en la reticencia a investigar y procesar a los culpables de corrupción operan los mecanismos finamente aceitados de una corporación cerrada, ideologizada y política que lamentablemente no cuida a la ciudadanía que es su misión esencial.

¿Por qué Usina de Justicia convoca una vez más?

Porque no tenemos compromisos partidarios.

Porque exigimos que los jueces que no merecen estar en sus cargos, deben ser enviados a juicio político.

Porque los que merecen ser sancionados, deben serlo. Porque exigimos que cumplan con su deber.

Porque honramos la memoria de las víctimas de la desidia judicial.

Porque, junto con el gran Atahualpa en “Los hermanos”, persisten “en nosotros nuestros muertos. Pa’ que nadie quede atrás”.