Juez dictó secreto de sumario y ratifica al Estado como querella

En el accidente ocurrido en la estación de

Once fallecieron 51 personas.

BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadío ratificó ayer al gobierno nacional como querellante y dispuso el secreto de sumario en la causa por la tragedia ferroviaria de Once.

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón que representante a heridos y deudos de algunos de los 51 fallecidos en el choque anunció ayer que pedirá el juicio político de Bonadío a quien acusó de “manifiestas irregularidades” en el manejo del caso.

En medio de la polémica sobre el desempeño del magistrado que avaló la presentación del gobierno como parte querellante cuando era responsable de los servicios ferroviarios que concesionó, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti llamó ayer a los jueces a hacer “un esfuerzo” para que “la justicia sea más rápida” y sus funcionarios sean “imparciales”. (Ver página 5)

Horas después de ese mensaje, fuentes judiciales revelaron que el juez Bonadío dispuso el secreto de sumario de la causa que investiga el choque de un tren contra un andén de la estación de once, donde murieron 51 personas y 703 sufrieron heridas.

El magistrado tomó esa decisión para “evitar que la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población”.

Las fuentes también dijeron que Bonadío ratificó la participación del gobierno en la querella al sostener que “a un querellante le está vedado pedir el apartamiento de otro”.

“Sólo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, puede oponerse a la intervención de las partes acusadoras”, argumentó el magistrado en alusión a la apelación que presentó el abogado Dalbón contra la autorización al Ministerio de Planificación Federal para ser querellante.

Desde el lunes por la noche, y por orden de Bonadío, no pueden salir del país el secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario y sindicalista Antonio Luna, y el jefe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.

La prohibición alcanza a los dueños de TBA, Roque y Claudio Cirigliano.

A todo esto, el abogado Dalbón anunció que pedirá el juicio político de Bonadío y para ello hizo una presentación ante su juzgado federal, el número 11, donde pidió copia de la causa para que el Consejo de la Magistratura de la Nación analice su conducta.

Dalbón objetó que el juez diera por terminada la búsqueda de personas desaparecidas cuando todavía no había sido encontrado Lucas Menghini Rey, cuyo cuerpo fue rescatado dos días después del accidente atrapado en una cabina en desuso. (DyN)