Juicio al Cóndor

MARTÍN LOZADA (*)

Se desarrolla en estos días el juicio oral contra las 25 personas sospechadas de haber tomado activa participación en el llamado “Plan Cóndor”. Las audiencias se extenderán por, aproximadamente, dos años, están a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 1 y durante su transcurso serán escuchados más de 450 testimonios. En el juicio se analiza la desaparición de 106 personas, la mayoría uruguayos, pero también chilenos, paraguayos, bolivianos, argentinos y un peruano. Los acusados más notorios son los argentinos Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek y el uruguayo Manuel Cordero, quien actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Sin embargo, muchos de los implicados durante el desarrollo del Plan han fallecido ya. Tal es el caso de los militares argentinos Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi; el dictador chileno Augusto Pinochet; el paraguayo Alfredo Stroessner; los bolivianos Hugo Banzer; el brasilero Joao Baptista Figueiredo y los uruguayos José María Bordaberry y Aparicio Méndez. El Plan unió en forma coordinada a las cúpulas dictatoriales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia en los años setenta, en sus operaciones dirigidas a perseguir y eliminar a presuntos “terroristas” y disidentes. Fue creado en 1975 bajo el auspicio de Augusto Pinochet y el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el –por entonces– coronel Manuel Contreras e incluyó también a la Triple A y a la SIDE argentinas. Se encuentra bien documentado el protagonismo que tuvieron los servicios de inteligencia de los Estados Unidos durante su desarrollo. Está claro que la CIA sabía, al menos desde julio de 1976, que la red represiva planeaba asesinar a opositores políticos en el Cono Sur. Tales datos se han desprendido de los 16.000 documentos desclasificados en distintos departamentos del gobierno norteamericano, el Consejo Nacional de Seguridad, el FBI y la CIA, y han sido divulgados por la propia Casa Blanca años atrás. Los llamados “archivos del terror”, integrados por cinco toneladas de papeles descubiertos en una comisaría de Asunción a fines de 1992, también ilustran sobre las características y alcances de esta multinacional de la muerte. Así sabemos que la DINA chilena desarrolló el gas sarín, un mortífero químico que fue probado, según varias denuncias, en los centros landestinos de detención construidos por la implacable policía secreta del régimen pinochetista. Entre las víctimas asesinadas durante el transcurso del Plan Cóndor figuran el general Carlos Prats y el excanciller Orlando Letelier, funcionario chileno del gobierno socialista de Salvador Allende. Al primero lo mató una bomba en Buenos Aires en 1974; al segundo, otra, en Washington, en 1976. También se cuenta a la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta. En ese marco se ejecutó, además, el atentado contra Bernardo Leigthon, en Roma, en 1975. Asimismo, los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en la Argentina. El Plan Cóndor fue un hijo privilegiado de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y ésta última ha sido la lección que nuestras fuerzas armadas, otrora educadas al estilo y usos castrenses europeos, aprendieron en las escuelas y centros de formación de los Estados Unidos. Su implementación no sólo destruyó las barreras de las garantías constitucionales y posibilitó los crímenes que hoy son de público y notorio conocimiento. También logró paralizar de miedo a las sociedades latinoamericanas, a modo tal de extender un siniestro manto de sospecha generalizada y reducir la identidad de las personas a la condición de potencial enemigo. (*) Juez penal