Jure presentó un proyecto para que Neuquén adhiera al protocolo ILE de Nación

Ingresó hoy por Mesa de Entradas en la Legislatura. En la provincia rige una resolución ministerial que fue aprobada en 2007 y que, a la vista de la nueva guía nacional, quedó desactualizada.

La Corte en el fallo FAL de 2012 precisó que no se requiere autorización judicial para la ILE.  Foto: Florencia Salto

La Corte en el fallo FAL de 2012 precisó que no se requiere autorización judicial para la ILE. Foto: Florencia Salto

La diputada provincial Patricia Jure presentó un proyecto de ley para que Neuquén adhiera al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que aprobó el Ministerio de Salud de Nación. Interpreta que la nueva normativa incorpora “elementos progresivos que son reflejo de las discusiones que ha instalado en la agenda política la ola verde”.

Jure insta a los diputados a invitar al debate legislativo “a los profesionales que defienden este derecho” y “a las organizaciones de mujeres que han sido clave para la actualización del protocolo ILE”.

Recordó que “la acción de las Iglesias y de muchos estados provinciales bloquean sistemáticamente este derecho” y que la Legislatura tiene la responsabilidad de superar esta situación”.

Neuquén cuenta desde 2007 con una resolución ministerial, que fue actualizada tras el fallo FAL. En la normativa se precisan requisitos que, a la luz del nuevo protocolo, quedaron desactualizados sobre todo teniendo en cuenta que la guía nacional eleva los estándares de atención en los casos de abortos no punibles previstos en el Código Penal.

Entre los avances que presenta el protocolo de Nación en comparación con la resolución que está vigente en la provincia, Jure destacó que “la decisión de la persona gestante no puede ser sometida a juicios de valor derivados de las consideraciones personales y religiosas de los profesionales de la salud” y que “Pondera el principio de autonomía en base a una información veraz, adecuada y completa”.

También que “desarrolla el causal ‘salud’ desde una perspectiva integral, contemplando las dimensiones de salud mental, social y física” e “incorpora factores de vulnerabilidad social y violencia basada en género”, entre otras.

Uno de los aspectos que actualiza el protocolo, de acuerdo al nuevo Código Civil, es el concepto de “autonomía progresiva”. Por eso estipula que “todas las personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o su salud”, mientras que si fueran menores de 13 años se considera que “toda relación sexual es una violación” y por lo tanto no es necesaria la Declaración Jurada.

Debe ser acompañada por sus progenitores, tutores o encargados pero aclara que “si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo. Si no existiera esta posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud teniendo en cuenta el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del consentimiento, y la aptitud de la niña para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva”.


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