Justicia climática

Corresponde que un país que ha contribuido marginalmente a la crisis climática esté obligado a hacerse responsable de ella? En otras palabras, ¿no deberían ser los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero quienes sean los principales obligados a financiar las acciones de mitigación y adaptación a nivel global? ¿O estamos de vuelta en una situación donde los más vulnerables tendrán que soportar las peores consecuencias por las acciones de otros?
Las respuestas requieren pensar en un enfoque desde la justicia climática. Dado que el 24 de octubre se conmemora el día internacional contra el cambio climático, no hay fecha más oportuna para reflexionar sobre la cuestión.

La crisis climática ya está entre nosotros y no irá a ningún lado. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos ha dejado claro que el cambio climático afecta de múltiples maneras a todas las regiones del planeta. La realidad es que el planeta Tierra en su conjunto se ve afectado sin importar banderas o fronteras, se trata de un fenómeno universal sin límites espaciales. El aumento de la temperatura global de 1,5 °C, producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; aumentará el nivel del mar, tendremos sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.

Por demás está decir que los cambios del clima no ocurren de manera natural, sino que su causa es antropogénica, esto es, el ser humano es el principal responsable.

Por otro lado, hay un factor esencial a tener en cuenta: la desigualdad. Sucede que los más afectados por el cambio climático son los que tienen menores responsabilidades en su generación. Serán además las futuras generaciones las que sufrirán las peores consecuencias. El cambio climático afectará a las personas de manera muy distinta, de acuerdo a en qué país vive, su situación laboral, de género, si pertenecen a comunidades indígenas, si son ricos o pobres. En palabras del Secretario General de Naciones Unidas, como siempre es el caso, los pobres y vulnerables son los primeros en sufrirlo y de peor manera. Los impactos del cambio climático no hacen sino aumentar las inequidades sociales.
A modo de ejemplo, el aumento de la temperatura global de un 2 °C pondría a la mitad de la población del continente africano en riesgo de desnutrición. De la misma manera, el aumento del nivel del mar ocasionaría que cientos miles de personas pierdan sus hogares y medio de subsistencia ante la desaparición de sus tierras.

A la hora de establecer responsabilidades, los números son claros. Históricamente, quienes llevaron la delantera en la emisión de gases de efecto invernadero son los países del llamado Norte global. Específicamente, vemos en el Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que Estados Unidos, Rusia, China, Japón, la Unión Europea, el Reino Unido y la India suman, en conjunto, alrededor del 65% de las emisiones per cápita en el mundo en las últimas dos décadas. En contraste, América Latina, Oceanía y África emiten menos del 20%, pero son de las regiones más afectados por el cambio climático. Incluso, las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre.

Asimismo, son los países desarrollados del Norte los que tienen mayores recursos para afrontar los impactos del cambio climático, mientras que, para el resto de los países, probablemente resulte en un evento que cambie el rumbo del país de forma negativa durante décadas.

Históricamente, quienes llevaron la delantera en la emisión de gases de efecto invernadero son los países del llamado Norte global.

Cuando hablamos de justicia climática, hablamos de modificar el discurso y paradigma imperante. Este concepto surge a fin de reducir las desigualdades e inequidades que produce el cambio climático. La justicia y equidad deben estar presentes en las metas de reducciones globales de emisiones, y en los respectivos roles y costos que deben asumir los diferentes países. En síntesis, una responsabilidad común, pero diferenciada. Nos insta a garantizar que las futuras generaciones tengan posibilidad de contar con un clima seguro, y que exista una distribución equitativa de los recursos económicos para financiar la lucha contra la crisis climática.

Un gran avance en la realización de estos objetivos se encuentra en la reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la cual establece que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos, como la salud o una vida digna.

Igualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aspiran a lograr que los países desarrollados aporten no menos de 100.000 millones de dólares anuales a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo para la adopción de medidas de mitigación, y promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

La comunidad internacional se reunirá a fin de mes en la COP26, donde las decisiones que adopten los gobiernos determinarán si se podrán cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Esperemos que no se reitere el escenario de la distribución de vacunas contra el Covid, donde los países del Norte adquirieron y acumularon cientos de millones de vacunas, logrando inmunizar a su población para fines de este año, cuando en contraste, en los países más pobres del Sur no alcanzarán ese objetivo sino hasta el 2023, si es que lo consiguen. Desde la justicia climática se busca terminar con estas desigualdades inmorales y desprovistas de ética.

* Director e integrante de proyecto de investigación sobre cambio climático (Universidad Católica de Salta)