Justicia educativa

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No hay institución humana ni orden social, por aberrante que sea, que no cuente con una multitud de defensores, de suerte que es natural que si bien desde hace muchos años existe un consenso generalizado en el sentido de que es necesario que la Argentina cambie drásticamente porque de lo contrario no tendrá futuro como país, casi todos los intentos que se han emprendido para reformar sectores determinados se han visto frustrados por los comprometidos con el statu quo. Un buen ejemplo de las dificultades que han de enfrentar los resueltos a mejorar el estado del país es el supuesto por las universidades públicas. Aunque muchas están superpobladas, la calidad de la enseñanza que brindan algunas es lamentable y la mayoría efectivamente excluye a los jóvenes procedentes de la mitad más pobre de la población del país, hasta ahora han fracasado todas las iniciativas destinadas a modificar esta situación nada feliz debido a la resistencia en ocasiones violenta de lobbies estudiantiles, muchos de los cuales están relacionados con la UCR, y de diversas facciones izquierdistas para las cuales, paradójicamente, hablar de cambio es una manía conservadora. Por supuesto, estos militantes reaccionarios nunca confesarán estar luchando en favor de la mediocridad académica, la corrupción administrativa, el fanatismo político y la injusticia social. Por el contrario, todos dominan con soltura el lenguaje progresista tradicional y es concebible que muchos crean en su propia sinceridad, pero así y todo no cabe duda alguna de que el orden que reivindican con tanto fervor está contribuyendo mucho al deterioro del país.

Aunque fuera por motivos que tienen más que ver con la crisis económica que con la preocupación por la calidad educativa o la justicia social, el gobierno de la Alianza parece decidido a impulsar algunas reformas, de las cuales una supondría que los estudiantes cuyos padres están en condiciones de costear una parte de sus estudios abonen, a través de sus impuestos, el equivalente de un arancel nada leonino. No se trata de una idea nueva -fue propuesta por el gobierno de Raúl Alfonsín-, pero como era de prever, ya ha alarmado a los defensores del «modelo» criollo que se basa en el ingreso irrestricto más gratuidad, o sea, que la sociedad en su conjunto subsidie a los hijos de la clase media sin tener derecho a exigirles nada a cambio. No bien comenzaron a difundirse detalles del llamado «proyecto Petrei», bandas de activistas estudiantiles salieron «espontáneamente» a la calle provocando embotellamientos. Asimismo, algunos docentes se solidarizaron con los militantes porque a su juicio el impuesto rompería con una «tradición histórica», tesis que tendría algún sentido si fuera óptimo el estado de las universidades públicas pero que en vista de lo urgente que es cambiar muchas cosas es ridícula. Un tanto más honesta resultó ser la afirmación de la Federación Universitaria de Buenos Aires conforme a la cual cualquier forma de arancelamiento constituiría «un ataque a la clase media» y de aquellos diputados del Frepaso que, en palabras que en otras latitudes parecerían excesivamente impúdicas incluso en boca de un «neoliberal» notorio, insistieron en que «no podemos perseguir a los argentinos porque ganen mil o dos mil pesos» mensuales.

Es evidente que estos frepasistas, lo mismo que los militantes estudiantiles vinculados con el radicalismo, ya han dejado de preocuparse por los muchos millones de argentinos que no ganan mil o dos mil pesos mensuales y que no tendrán la posibilidad de acceder a la clase media porque la universidad pública efectivamente les ha cerrado las puertas. Claro, no hay ninguna ley escrita en tal sentido, pero no sería necesario redactar una, porque las barreras informales son tan eficaces que en nuestro país la proporción de personas de la «clase baja» que logra estudiar en instituciones de enseñanza superior es llamativamente inferior que en otros países supuestamente más «reaccionarios» que la Argentina. Es que en el resto del mundo, los que pueden sí tienen que pagar, mientras que existen sistemas de becas adecuadas que sirven para asegurar que jóvenes inteligentes y aplicados de escasos recursos puedan continuar su educación hasta alcanzar los niveles más elevados determinados por su propia capacidad.