Justicia injusta
La única razón por la cual se derogó el 2x1 es la lentitud extraordinaria de la Justicia. Una tarea urgente y difícil.
Para regocijo de los partidarios de la mano dura encabezados, cuando no, por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, el Congreso finalmente optó por derogar la «ley del dos por uno» según la cual presos sin sentencia firme se vieron beneficiados porque, transcurrido el «plazo razonable» de dos años, cada día pasado entre rejas sería computado como dos. En opinión de Ruckauf y sus simpatizantes, aquella ley sólo sirvió para permitir que miles de sujetos peligrosísimos salieran de las cárceles para reanudar sus carreras criminales dando pie a la ola de criminalidad que está experimentando el país.Puede que hayan estado en lo cierto los que forzaron la derogación de la ley de marras, pero en tal caso tendremos derecho a preguntarnos cuál epíteto correspondería para calificar a un orden judicial tan horrendamente ineficaz que ni siquiera está en condiciones de dictar sentencias firmes a delincuentes comunes supuestamente notorios. Después de todo, no es una cuestión de personas astutas, ayudadas por abogados hábiles, que han sido acusadas en base a indicios inadecuados de cometer delitos exóticos sino de ladrones, secuestradores, asesinos y violadores que, a juicio de los críticos de la «dos por uno», claramente plantean una amenaza muy grave a los demás ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que todos coinciden en que en efecto esto sí ha sucedido con frecuencia, parecería que la Justicia es incapaz de distinguir entre los sujetos más viles por un lado y, por el otro, las eventuales víctimas de malentendidos, denuncias falsas o de la desprolijidad extrema que suele caracterizar a muchas reparticiones policiales. Por cierto, sería ingenuo suponer que no se dan muchos inocentes en la población carcelaria del país.
El problema principal, la única razón por la cual la «ley de dos por uno» fue concebida, consiste en la lentitud realmente extraordinaria de la Justicia que, para funcionar con un mínimo de eficacia, necesitaría una serie de reformas profundas destinadas a rescatarla del siglo XIX o XVII en el que se ha empantanado para adecuarla al siglo XXI. Se trata de una tarea a la vez urgente y sumamente difícil que con toda seguridad exigiría cambios tan radicales que supondría alejarse de una tradición jurídica que, sus méritos teóricos no obstante, se ha desactualizado por completo. Aunque mediante la introducción de la informática se puedan agilizar los mecanismos existentes, simplificando o eliminando los muchos procedimientos burocráticos propios de otros tiempos que tanto contribuyen a hacer de la Justicia no sólo de nuestro país sino también de otros como Italia una pesadilla kafkiana, además de reformular la mayoría de las leyes para que los encargados de administrar Justicia puedan aplicarlas sin demoras a veces grotescas, sería poco probable que tales mejoras resultaran suficientes mientras en el ápice del sistema abunden los jueces que tienen que entender en una gran variedad de causas de importancia nacional, cada una de las cuales daría demasiado trabajo a un grupo de investigadores óptimamente equipados y, en los niveles inferiores, la acumulación de causas no resueltas suele adquirir proporciones apenas concebibles.
La «ley del dos por uno» fue impulsada en 1994 durante la gestión del presidente Carlos Menem con el propósito de apaciguar a los presos que en muchos puntos del país celebraban motines violentos en protesta contra la lentitud judicial, actitud que si bien es condenable podría comprenderse porque, como subrayaban los romanos, la Justicia lenta no es Justicia. Desde entonces, lo único que ha cambiado han sido las prioridades de «la gente»: ya le preocupa mucho menos el estado denigrante de las cárceles o las demoras rayanas en lo criminal del sistema judicial que la delincuencia callejera. Dadas las circunstancias, es natural que los casos de aquellos ladrones, asesinos y violadores, que gracias a la «dos por uno» han podido reincidir hayan alarmado a la opinión pública y brindado a políticos ambiciosos una oportunidad inmejorable para aprovechar el temor generalizado, pero esto no quiere decir que las demoras propias de la Justicia ya constituyan un problema menor ni que las cárceles sean lugares más tranquilos de lo que eran a mediados de los años noventa.
