Acusan a un juez de demorar las audiencias: se venció la condena del empresario de Cipolletti antes de su revisión
El fiscal apuntó contra el magistrado de Ejecución Lucas Lizzi. La responsabilidad fue compartida con la Oficina Judicial que fijó audiencia horas antes del vencimiento de la pena. Era para definir si le revocaban la condicional al imputado.
Lizzi en una recorrida por el penal de Cipolletti
Cuando el Estado silencia a las víctimas de violencia de género las deja sin capacidad de reclamar, de responder y de presentar recursos judiciales. Las mujeres, descreídas con el sistema de Justicia, ya no quieren denunciar. Es lo que sucede con el caso del empresario de Cipolletti: ya no hay nada por hacer con él. Su condena se venció. Y en los pasillos judiciales sobran las explicaciones y justificativos. Ahora señalan la demora del juez de Ejecución Lucas Lizzi.
Ya no le revocarán las pautas al empresario de Cipolletti que intentó prender fuego el auto de su expareja y ejerció violencia de género sobre ella. Su condena se venció el 9 de mayo y la Oficina Judicial llegó, fuera de tiempo, con una audiencia recién el 22 de este mes. El juicio por jurados que involucró a Ramiro Gutiérrez fue una de las tantas excusas.
El del empresario es el único caso público del país de un hombre con dos tobilleras electrónicas: una por la víctima de Cipolletti y otra por una víctima de Las Grutas. En el Alto Valle ya le quitarán el dispositivo electrónico porque su condena venció el 9 de mayo.
El 7 de mayo de 2021 el empresario fue condenado en Cipolletti a diez meses en suspenso más el cumplimiento de pautas por el término de dos años. Por el cómputo esas pautas vencían el 9 de mayo de 2023.
En el verano, cuando el empresario supuestamente incumplió las pautas – una de ellas era la de no consumir bebidas alcohólicas – la víctima y el fiscal Oscar Cid comenzaron a pedir audiencias ante el juzgado de Ejecución a cargo del cipoleño Lucas Lizzi.
Cid pidió audiencias en febrero y en marzo. Pretendía avisar a Lizzi que el condenado estaba involucrado en situaciones de violencia de género. Se lo había informado la Fiscalía de San Antonio Oeste. Pero Lizzi nunca lo atendió a él ni a la víctima.
Hubo un pronto despacho y el juez de Ejecución fijó la audiencia recién para el 27 de abril. Cid ya sabía que el 9 de mayo la víctima perdía todas las chances. Lizzi demoró la resolución para el 2 de mayo y después de dos días envió la revisión a la Oficina Judicial. En su resolución, rechazó revocarle la condena al empresario y cargó contra el fiscal Cid, quien no había probado muchas de las circunstancias invocadas. Hubo un derrotero de pedidos de audiencias.
La Oficina Judicial fijó la revisión para el 15 de mayo. En los pasillos de tribunales la actividad judicial estaba paralizada por el juicio por jurados en el caso de Facundo Castillo (como si no existieran otras víctimas).
Cid fue directamente a hablar con la directora de la Oficina Judicial Marcela Martín. Hubo cortesía, dijo el fiscal. Y la licenciada fijó la audiencia para el 8 de mayo, justo un día antes del vencimiento, con escaso margen y a las siete de la tarde. Es que el defensor del empresario Martín Segovia era el mismo que participaba en una intensa litigación en favor de los intereses de Ramiro Gutiérrez, finalmente condenado por el jurado popular.
Segovia renunció a la defensa del empresario antes de las siete de la tarde. Y el imputado pasó al ámbito de la defensa pública. Entonces la Oficina Judicial fijó la audiencia para el 22 de mayo.
La sorpresa no fue sorpresa: el plazo estaba vencido. Y ahí empezaron las explicaciones para con la víctima: justificaciones del fiscal, acusaciones contra la demora en el juzgado de Ejecución, el juicio por jurados y la agenda paralizada de la Oficina Judicial.
Como dice el trovador español: “sobran los motivos”, pero esta vez para criticar el accionar de las y los funcionarios de Urquiza y España. “Entiendo las pautas, el plazo de la ley pero a mí como víctima de género no me dieron una respuesta ni protección”, sostuvo la víctima. El nombre del empresario no se consigna aquí para no identificar a sus hijos menores de edad.
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