Caso Otoño Uriarte: las defensas apuntan a la impugnación del histórico fallo que condenó a los asesinos
Los cuatro condenados a prisión perpetua por el crimen de Otoño Uriarte buscarán la revisión del fallo. Podría ser un capítulo importante hacia la firmeza de la sentencia o la impugnación de una histórica decisión judicial.
Tras el juicio, hubo cuatro condenados por el crimen de Otoño Uriarte. Foto Matías Subat.
Tras casi dos décadas de lucha judicial y social, el caso Otoño Uriarte entra en una nueva etapa. La revisión del fallo que condenó a prisión perpetua a cuatro hombres por el secuestro y homicidio de la adolescente de Fernández Oro se realizará este viernes 30 de mayo ante el Tribunal de Impugnación de Río Negro. En la previa, Gabriela Prokopiw -abogada querellante- renunció al caso.
El proceso llega tras una sentencia dictada el pasado 30 de marzo por el Tribunal de Juicio de Cipolletti, que marcó un antes y un después en la historia judicial de la provincia. Sin embargo, el veredicto, basado exclusivamente en una cadena de indicios, será ahora analizado por los magistrados de segunda instancia ante los recursos presentados por las defensas.
Esta revisión del fallo representa un enorme desafío para el Tribunal de Impugnación, no solo por la complejidad técnica del fallo apelado, sino también por el peso simbólico y social que arrastra el caso.
La sentencia condenatoria fue dictada a principios de 2025, casi dos décadas después del crimen cometido en 2006, tras un extenso proceso judicial con múltiples dilaciones, nulidades y sobreseimientos. Aunque el juicio reciente se desarrolló durante varias semanas con la participación de un tribunal colegiado, lo cierto es que la causa lleva 18 años cargando con el reclamo persistente de justicia por parte de la familia y la comunidad.
Además, la dificultad radica en que el fallo de condena se basó exclusivamente en pruebas indiciarias, sin elementos directos que incriminaran de forma concluyente a los imputados. Esto condiciona al Tribunal de Impugnación a examinar con extrema rigurosidad si la valoración conjunta de esos indicios alcanzó el umbral necesario para una condena penal.
No se trata solo de revisar errores procesales o la interpretación de la prueba, sino de poner a prueba la solidez del fallo dictado por Caruso Martin, presidenta del tribunal, al que adhirieron dos jueces de Garantías. En juego no está solo el destino de los cuatro condenados, sino también la legitimidad misma de un proceso judicial largamente postergado.
Una condena basada en indicios
El Tribunal de Juicio integrado por Florencia Caruso, Amorina Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel dictó condena a prisión perpetua para Ángel Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Maximiliano Lagos. Los consideró responsables de la privación ilegítima de la libertad y homicidio de Otoño Uriarte, ocurridos en octubre de 2006. La joven había desaparecido en Fernández Oro y su cuerpo fue hallado semanas después en un canal de riego.
La particularidad de esta sentencia radica en que no hubo pruebas directas que vincularan de manera concluyente a los condenados con el crimen. Todo el fallo se construyó a partir de un entrelazado de indicios, testimonios indirectos y peritajes incompletos, lo que abre una discusión profunda sobre los límites de la prueba indiciaria en un juicio penal.
El rol de la jueza Caruso y la valoración probatoria
Florencia Caruso, presidenta del tribunal y autora de la redacción del voto principal, señaló que la decisión se basó en una meticulosa construcción de indicios que, analizados en conjunto, permitieron llegar a una convicción de culpabilidad. La jueza afirmó que, aunque no se pudo determinar la causa exacta de la muerte ni la ubicación del crimen, sí se acreditó que Otoño fue privada de su libertad, retenida y asesinada, y que los imputados actuaron de manera conjunta.
Según el fallo, Otoño fue interceptada cuando salía del polideportivo de Fernández Oro, obligada a caminar por una zona oscura y abordada por el grupo, que la subió a un vehículo. Luego, fue llevada a una vivienda -presuntamente la de Cau y Jafri-, donde fue atacada. Su cuerpo fue hallado en el canal de riego, presentando una herida cortante en el hemitórax y otras lesiones.
Inconsistencias y preguntas sin responder
Pese a la firmeza con la que el tribunal afirmó la responsabilidad de los acusados, hay elementos del caso que siguen sin esclarecerse. La sentencia admite que no se pudo probar el traslado del cuerpo ni el lugar exacto del crimen. Tampoco se pudo identificar el lugar de cautiverio, ni se encontró evidencia genética concluyente en los objetos peritados.
El fallo menciona una coincidencia parcial entre el perfil genético de Jafri y rastros hallados en un nailon que envolvía el cuerpo, aunque sin llegar a una compatibilidad total. También valora testimonios de terceros que afirmaron haber escuchado a los imputados hacer comentarios sobre el caso, incluyendo la frase «se nos fue de las manos».
Impugnación: una instancia importante para la jurisprudencia
La audiencia ante el Tribunal de Impugnación está prevista para el viernes 30 de mayo de 9 a 12. Se trata de una instancia crucial no solo por la relevancia del caso, sino también por las implicancias jurídicas que puede tener la revisión de una condena basada exclusivamente en indicios.
La complejidad del expediente, sumada al tiempo transcurrido desde los hechos, convierte a este recurso en uno de los más delicados que debe analizar el Tribunal. Allí se evaluará si el proceso respetó los estándares de legalidad y garantías exigidos por el sistema penal.
Renuncia de la abogada querellante
En la previa a esta instancia, se produjo un hecho relevante para lo que resta de la causa que busca adquirir firmeza: Gabriela Prokopiw, abogada de la querella que representaba al padre de Otoño Uriarte, renunció a continuar interviniendo en el proceso. La profesional, que llevó adelante una parte fundamental del juicio, manifestó que su desvinculación se debe a razones que no puede revelar por secreto profesional.
«Siempre voy a acompañar la causa de Otoño. Espero que el tribunal confirme la condena. Mi trabajo fue intachable: evité la prescripción y logré la elevación a juicio. Hoy hay cuatro condenas perpetuas», dijo Prokopiw a Diario RÍO NEGRO.
Las posturas de la fiscalía y la defensa
La fiscal jefe de Roca, Teresa Giuffrida, defendió la sentencia y sostuvo que los indicios evaluados en conjunto permiten arribar a una certeza judicial. «El STJ ya ha dicho que hay que valorar los indicios de manera global. No hay una exigencia de prueba directa», argumentó.
Por el contrario, las defensas de los condenados han sido muy críticas con el proceso. Gustavo Lucero, quien fue abogado de Maximiliano Lagos hasta la condena, subrayó que su defendido fue procesado, sobreseído y finalmente condenado -junto a los otros involucrados- tras un camino procesal accidentado. «La causa fue elevada a juicio un día antes de que prescriba. Se sostuvieron hipótesis sin evidencia directa», criticó.
Carlos Vila, defensor de Antilaf, aseguró que «se armaron culpables a partir de una investigación mal orientada» y calificó a sus defendidos como «chivos expiatorios».
Expectativa por la decisión del Tribunal
El resultado de la impugnación podría ratificar las condenas o bien abrir la puerta a un nuevo juicio o incluso a una modificación de las penas. Para ello, los jueces del TI deberán analizar si el fallo se ajustó a derecho y si la prueba indiciaria alcanza para sostener una condena de tamaña gravedad.
Este debate no solo implica consecuencias para los imputados y la familia de Otoño, sino que también podría sentar jurisprudencia sobre los límites de la prueba indiciaria y la validez de un fallo sin pruebas directas.
Comentarios