Otoño Uriarte: los condenados apelaron la prisión preventiva y pidieron tobillera electrónica
Los condenados por el crimen de Otoño Uriarte pidieron una audiencia para revocar la prisión preventiva. Los abogados propusieron medidas alternativas, como tobillera electrónica y controles semanales. La Fiscalía y la querellante, se opusieron.
Los condenados por el crimen de Otoño Uriarte buscan revocar la prisión preventiva y esperar la sentencia firme en libertad.
El caso de Otoño Uriarte, la joven de 16 años que fue secuestrada y asesinada en 2006 en Fernández Oro, sumó otra audiencia. Pese a que el tribunal ya dictó un veredicto de culpabilidad y estableció prisión preventiva para los condenados, las defensas de tres de los cuatro condenados insistieron en una audiencia para impugnar la medida cautelar que los mantiene tras las rejas. Qué dijeron y cuáles fueron los planteos de las acusadoras.
Esta mañana, hubo una audiencia de impugnación por las medidas cautelares que mantienen tres de los cuatro condenados por el crimen de Otoño. En este sentido, los abogados pidieron que los imputados puedan esperar en libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza, argumentando que han permanecido sometidos a proceso durante 18 años sin intentar fugarse.
En sus alocuciones frente al Tribunal de Impugnación, ofrecieron medidas menos restrictivas, como tobillera electrónica y presentaciones periódicas, pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella advirtieron que existe un riesgo procesal.
Cabe destacar que, Germán Ángel Antilaf -otro de los condenados- está transitando una pena por otro delito y, por lo tanto, ya se encontraba alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca. Por lo tanto, no participó de esta audiencia de impugnación.
El pedido de las defensas
Las solicitudes fueron impulsadas por los abogados Marcelo Caraballo, quien representa a Néstor Ricardo Cau y a Maximiliano Lagos tras la salida de su antiguo abogado, Edgard Lucero; y Rubén Antiguala, quien defiende a José Hiram Jafri.
Ambos letrados cuestionaron la decisión del tribunal de imponer prisión preventiva sin plazo, sosteniendo que la medida era desproporcionada y carecía de una fundamentación sólida.
Caraballo, abogado de Cau y Lagos, insistió en que el encarcelamiento preventivo debe ser el último recurso y planteó que las circunstancias personales de sus defendidos no justificaban la prisión.
«No la voy a discutir porque atiende a una medida como esta. Tampoco voy a criticar la proporcionalidad. Los agravios han llevado a una resolución arbitraria y con una fundamentación aparente. Desnaturaliza la probabilidad de comisión del delito y la transforma en un adelantamiento de pena», dijo Caraballo.
Además, indicó que la medida se basó ante el peligro de fuga de forma errónea. Respecto a Cau, detalló que el tribunal valoró negativamente «su actitud poco respetuosa». «Creo que la resolución es huérfana de argumentos», lanzó ante la escucha atenta de los jueces Carlos Mussi, Adrián Zimmermann y Miguel Ángel Cardella.
Ofreció que Lagos use tobillera electrónica con monitoreo y prohibición de salida del país, mientras que Cau aceptaría presentaciones semanales ante la Justicia.
Por su parte, Antiguala, argumentó que Jafri ha permanecido durante 18 años a derecho, sin intentos de fuga ni rebeldías.
«Estuvo 18 años sometió a proceso. El tribunal del juicio desestimó esta situación. No se puede valorar la conducta por 30 días que duró el debate oral», reforzó. Además, argumentó que en esas ocasiones de demoras, Jafri tuvo que ir al medico y perdió el colectivo.
«No hubo detenciones ni nada que permita indicar que se iba a fugar. Tampoco hay doble conforme para que se pueda decir que son culpables», reiteró.
Explicó que su asistido tiene arraigo laboral y familiar, que es el principal sostén de su hogar y que su estado de salud es delicado, por lo que permanecer en prisión dificultaría su tratamiento médico.
Cuál fue la respuesta del Ministerio Público Fiscal y la querella
La fiscal Teresa Giuffrida se opuso a los pedidos de las defensas y sostuvo que el tribunal actuó correctamente al ordenar la prisión preventiva. Explicó que la situación de los acusados cambió drásticamente luego del veredicto de culpabilidad y que la pena que podría imponerse, de prisión perpetua, aumentó el riesgo de fuga.
Indicó que hubo argumentos que omitieron los defensores. «El hito procesal que marca que el tribunal de juicio entiende que se acreditó un riesgo de fuga, es el veredicto de culpabilidad respecto de los imputados como coautores de una privación ilegítima agravada que tiene prevista una pena de reclusión perpetua».
«Los defensores han dicho que ofrecieron otras medidas cautelares menos gravosas. El tribunal explicó que entendía que, en este caso, para neutralizar el riesgos de fuga era necesaria la prisión preventiva. Respecto a las situaciones personales: no fueron llevados informes sociales ni de trabajo», respondió.
Si bien reconoció que todas las medidas son revisables, descartó que la medida adoptada sea arbitraria. «Es proporcional y no hay argumentos que digan que existió una fundamentación aparente. Hay constancias objetivas tomadas en cuenta. Esto no fue un adelantamiento de pena. Solicito que no se haga lugar», dijo Giuffrida.
Por su parte, Gabriela Prokopiw, representante de la querella en nombre de la familia de Otoño Uriarte, adhirió a la postura de la Fiscalía y recordó que durante el proceso se presentaron antecedentes de amenazas y violencia de género por parte de algunos de los condenados.
«Entiendo que se minimizó la conducta de los imputados. Hubo un caso que Lagos no se presentó y lo tuvo que ir a buscar su abogado, haciendo un gran esfuerzo. Por eso se pidió la rebeldía y la orden de captura que después se dio de baja», recordó.
También mencionó que en el caso de Lagos, hubo informes de protección de derechos respecto a sus hijos, lo que contradice su alegato de arraigo familiar.
Hubo planteos de los condenados y la respuesta de Roberto Uriarte
Durante la audiencia, los imputados intentaron reforzar su posición escuetamente. Lagos aseguró que tiene tres hijos a su cargo, mientras que Jafri sostuvo que jamás intentó escaparse y que siempre estuvo en su domicilio. Cau, en tanto, expresó que en 18 años nunca intentó fugarse y que su conducta durante el proceso judicial no justificaba la prisión preventiva.
Sin embargo, la querella enfatizó que más allá de sus declaraciones, la gravedad del crimen y la condena firme obligaban a la Justicia a tomar medidas preventivas.
«No llegamos a estar así por ser un proceso impulsado por la familia, sino por la falta de responsabilidad del Poder Judicial durante todos estos años», expresó Roberto Uriarte, padre de la joven víctima.
«Yo soy parte de una comunidad y la respuesta que el Poder Judicial puede dar, es para la comunidad. No es para Roberto Uriarte o a mi familia. Nadie nos devuelve a mi hija», explicó.
El futuro del caso
Tras la audiencia, el tribunal quedó en condiciones de resolver si hace lugar o no a los pedidos de las defensas. Mientras tanto, los condenados continúan detenidos a la espera de la audiencia de cesura, en la que se definirán detalles sobre su condena a prisión perpetua.
El juez Mussi, quien presidió la audiencia, confirmó que evaluarán el pedido «en el tiempo que indica la ley». Si bien esta indicación significa un total de 20 días como máximo, puede tratarse en menos de ese lapso indicado.
El crimen de Otoño Uriarte conmocionó a la comunidad de Fernández Oro y, tras 18 años de demoras y obstáculos judiciales, la sentencia de culpabilidad marcó un precedente en la lucha por justicia para la víctima y su familia.
Sin embargo, la posibilidad de que los condenados recuperen la libertad hasta que la sentencia quede firme mantiene el caso abierto y en debate dentro del sistema judicial de Río Negro.
Por lo pronto, la próxima audiencia prevista será el próximo 6 de marzo y tendrá como eje, la cesura: allí se alegará con el foco puesto en el pedido de pena y se abrirá otro camino para la deliberación.
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