Causa Techo Digno en Bariloche: allanaron la casa de un funcionario
El legajo sigue su curso, tras 8 años de iniciarse la investigación. La Policía con orden judicial secuestró computadoras del último imputado incorporado a la causa.
En la provincia hay varios expedientes vinculados a las obras del plan Techo Digno, el más avanzado está en Bariloche, aunque lleva 8 años de investigación. Archivo
Policías de la Comisaría Segunda de Bariloche encabezaron un allanamiento en la vivienda de Alfredo Milano, actual subsecretario de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas de Bariloche, quien está imputado en la causa Techo Digno por el cargo que ejercía en el Instituto de Tierras y Viviendas durante la gestión de la intendenta María Eugenia Martini.
El procedimiento se realizó la semana pasada por orden judicial y el contexto del expediente que lleva adelante el fiscal Guillermo Lista con la jefatura de Martín Lozada.
Milano fue incorporado en la causa en calidad de imputado en una audiencia realizada en septiembre, por el cargo que ejercía como jefe de obra del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas de Bariloche, durante el período en el que se investiga el fraude a la administración pública y peculado por la construcción del plan de viviendas Techo Digno.
La causa lleva 8 años en el derrotero judicial y están acusados también la exintendenta Martini y los empresarios de la construcción Alberto Usandizaga, presidente de la empresa Alusa y Juan Armando Castelli, titular de Oriente Construcciones.
Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el allanamiento en la vivienda particular de Milano en el barrio Jardín Botánico corresponde a una medida del legajo en el que se continúa trabajando en fiscalía.
Los policías que realizaron el procedimiento, que se prolongó durante una hora y media, secuestraron dos computadoras y biblioratos pertenecientes a Milano, que serán parte de las pruebas que se analicen en busca de datos que aporten a la causa que investiga hechos del 2014 y 2015, es decir 9 años atrás.
La causa de Techo Digno en Bariloche lleva 8 años de investigación y en septiembre se ampliaron los cargos, sumando el delito de peculado a Martini e incorporando a un funcionario que ejercía en su gestión.
Desde el Ministerio Público Fiscal precisaron que queda para después de la feria judicial del verano, la audiencia de control de acusación, que fue solicitada a fines de septiembre. Una vez que se realice esa audiencia se avanzará hacia el juicio oral.
La fiscalía avanzó con las formulaciones de cargos luego de tener un informe contable de los pagos realizados por las viviendas, cuyo financiamiento era de origen nacional, pero con la administración municipal, y el grado de ejecución de la obra.
En una audiencia de revisión de las formulaciones de cargos, a principios de octubre, el fiscal jefe Lozada habló de perjuicio económico, beneficiarios diversos del desvío de fondos y diferencias en las certificaciones de obra entregadas por el municipio y las empresas, contra el real avance que certificaron técnicos de IPPV y Fonavi de manera posterior. Para la acusación, las constructoras cobraron en exceso.
En su defensa, Martini insiste en desconocer su presunta responsabilidad en determinar si los certificados de obra eran correctos o estaban sobrevalorados porque no tiene conocimiento específico inherente a la temática de la construcción.
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