Confirman el procesamiento al abogado de Neuquén que pedía coimas en Roca para frenar embargos de la AFIP

El procesamiento contra Juan Manuel González había comenzado en el 2024, por tres hechos perpetrados en el 2023. Citaba a las víctimas a pocos metros del juzgado federal.

El caso del abogado de Neuquén, que trabajaba en la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP (hoy ARCA) en Roca y pedía coimas a los deudores bajo la promesa de evitar embargos, sigue su curso en la justicia. Juan Manuel González había sido procesado en el 2024 por tres hechos perpetrados en el 2023. Su defensa presentó una apelación y ahora, la justicia federal confirmó el procesamiento en su contra.

En concreto, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, presidida por Mariano Roberto Lozano, informó que decidió «conformar el pronunciamiento apelado». La revisión del pedido de los abogados de González había iniciado el pasado 9 de abril y luego de un cuarto intermedio, se resolvió el 14 de este mes.

Según la investigación, el abogado domiciliado en Neuquén trabajaba en la sede de AFIP en General Roca y fue denunciado en tres ocasiones por supuestamente exigir dinero a contribuyentes a cambio de frenar procesos de ejecución fiscal. Uno de los datos de alto impacto, fue que citaba a las personas a pocos metros del propio juzgado federal de Roca.

Las pruebas reunidas incluyen mensajes, audios, comprobantes de transacciones y registros de llamadas, recopiladas por la División Unidad Operativa de la Policía Federal Argentina.

Los argumentos de la Cámara


Según expresa la resolución, la defensa del abogado imputado por el delito de «exacciones ilegales», comúnmente conocido como coimas, había planteado que los damnificados por las operaciones en la que el abogado pedía dinero para evitar embargos de la AFIP, en realidad no actuaron con ingenuidad, sino que buscaron obtener una ventaja en los procedimientos para no ser sancionados.

Este argumento fue rechazado por la Cámara, desde donde aclararon que aun siendo cierto lo planteado por González, eso no lo exculpa de los hechos por los cuales está siendo procesado. «En nada quita ilicitud criminal a las conductas atribuidas al mencionado», reza el escrito judicial al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Directora Interina de Sumarios Administrativos de la AFIP, a raíz de un sumario contra González. Según el procesamiento, el abogado habría aprovechado su posición dentro de la entidad nacional para ofrecer facilidades indebidas a cambio de sobornos, incluyendo el freno a embargos y facilidades en el pago de sus honorarios. El uso de su cargo y acceso a información confidencial agravan su situación judicial.


Fueron tres las víctimas


Las denuncias ocurrieron entre el 15 y el 17 de agosto de 2023. En el primer caso, González habría solicitado 400 mil pesos a un contribuyente a cambio de no ejecutar una deuda.

En el segundo, repitió el esquema con otro ciudadano con problemas en el controlador fiscal. La tercera denuncia fue presentada por una contadora en representación de una empresa, donde el abogado pidió una transferencia en la vía pública para detener acciones judiciales. El empresario, desconfiado, grabó una segunda conversación con González, aportando una prueba clave.

El avance de la causa incluyó allanamientos y declaraciones de testigos que confirmaron la conducta indebida del abogado.

El juez federal Hugo Horacio Greca dictó el procesamiento de González en octubre de 2024, por los delitos de “Exacciones Ilegales” y “Exacciones Ilegales Agravadas”, en concurso real. Aunque no se ordenó prisión preventiva, sí se dispuso el embargo de bienes del imputado por un valor de hasta 50 millones de pesos.


No puede ejercer en AFIP


Además del procesamiento, se impusieron medidas restrictivas a González, quien quedó inhabilitado para desempeñar funciones en la sede de AFIP en Roca y dejó de representar legalmente a la entidad.

El Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años para funcionarios que exijan o cobren indebidamente dinero o beneficios, excediendo su rol público.