Indemnización millonaria en Neuquén: no le hicieron la casa y la constructora deberá resarcirla

El Juzgado Civil de la V Circunscripción, a cargo del magistrado Carlos Choco, condenó a la empresa Viviendas del Valle S.R.L. a abonar más de 100 millones de pesos a una mujer por no cumplir con la construcción de una vivienda pactada en contrato.

El fallo ordena la devolución de las cuotas abonadas, la indemnización por daño moral y el pago de una multa “grave y significativa”, con el objetivo de que la compañía “no encuentre más rentable, incumplir o infringir derechos del consumidor que cumplir con sus obligaciones”.

El conflicto se originó en 2020, cuando una vecina de Chos Malal firmó un contrato con la firma para la provisión de materiales y la construcción de una vivienda de 36 metros cuadrados. Según lo acordado, debía cancelar 96 cuotas mensuales y, al llegar a la número 44, podía solicitar el inicio de la obra. Sin embargo, cuando lo hizo, la empresa le informó que el contrato estaba rescindido por una supuesta mora en los pagos.

Tras analizar la documentación y las pruebas presentadas, el juez concluyó que la demandante “cumplió sustancialmente sus obligaciones contractuales” y que la constructora “no inició las tareas de construcción dentro del plazo estipulado, ni ofreció justificación idónea para su inejecución, limitándose a alegar una mora que no se encuentra probada”.

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La resolución del juez

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En consecuencia, Choco resolvió que la empresa debía restituir las sumas abonadas con sus intereses y resarcir el daño moral, dado que la falta de cumplimiento “posee una profunda entidad en la vida diaria” de la mujer.

Además, fijó un daño punitivo de 100 millones de pesos, al considerar que este tipo de sanción “no es resarcitoria, sino sancionatoria y ejemplificadora, orientada a desalentar conductas reprochables por parte de los proveedores en las relaciones de consumo”.

El juez enfatizó que la multa civil debía ser “grave y significativa”, especialmente porque la oferta de la empresa estaba dirigida a sectores de bajos recursos, sin acceso al crédito, que buscan una vivienda propia.

Finalmente, advirtió que una sanción ejemplificadora también tiene la función de prevenir prácticas abusivas, engañosas o desleales y de evitar que el sistema de financiamiento de viviendas se transforme en un “esquema de tipo Ponzi”, perjudicando a consumidores vulnerables.