Descubren que hay más estafas con ventas truchas de lotes y viviendas sociales en Bariloche
Norberto Gutiérrez fue imputado por siete hechos a fines de junio. La difusión de la causa sumó otros 14 denunciantes y otros dos acusados de haber intervenido.
La audiencia se extendió por dos horas esta mañana. Foto: Marcelo Martínez
El juez Sergio Pichetto dio por formulados los cargos por siete casos de estelionato (defraudación por fraude) al intentar vender lotes a particulares y otros 7 correspondientes a futuras casas de planes del IPPV. La investigación de la causa que involucra a Norberto Gutiérrez, Ezequiel Cid y Claudio Seguel se extenderá por cuatro meses.
“Hay una víctima patrimonial, se describen las maniobras y el uso de la documentación. Hay delito de amenazas para llevar a cabo esas estafas. En todos los casos, se cuenta con las denuncias de las víctimas de estos hechos, está la documentación apócrifa entregada a cambio de la disposición económica y la documentación secuestrada en un allanamiento que incluye hasta las hojas con la práctica de la firma del escribano, a quien falsificaron la firma”, argumentó Pichetto.
El juez dispuso que Gutiérrez continuará detenido. Los otros dos imputados, en cambio, tienen prohibido acercarse a las víctimas.
Esta mañana, el fiscal Tomás Soto solicitó la ampliación de los cargos contraGutiérrez, acusado inicialmente de seis estafas vinculadas a lotes y una licencia de remis y falso testimonio. La formulación de cargos se llevó adelante el 23 de junio pasado, pero tras la difusión de las maniobras, surgieron nuevas denuncias por parte de damnificados. Se involucró también a Cid y a Seguel.
En esta oportunidad, Soto volvió a describir el modus operandi de la banda, dando cuenta del inicio del contacto entre los acusados y las víctimas y el término de la operación. Habló de “una puesta en escena que terminaba con un perjuicio patrimonial al vender lotes que no les pertenecía”.
A través de diversas conversaciones y gestiones, los acusados habrían ofrecido lotes con la promesa de escriturar a nombre del comprador. En algunos casos, las víctimas detectaron el engaño.
A lo largo de la lectura de los hechos, Soto advirtió que también se cuentan con escuchas telefónicas con amenazas. También advirtió que, en el allanamiento a la vivienda de Gutiérrez, se secuestró una planilla con firmas que imitaban ser las del escribano Santander. Este último radicó una denuncia penal por la sustracción de uno de sus sellos.
Soto manifestó que 14 personas efectuaron denuncias por la venta de viviendas de planes futuros del IPPV. “Gutiérrez logró engañar a sus víctimas obteniendo un beneficio patrimonial. Se hizo pasar como gestor, representante del IPPV y logró convencer a sus víctimas que todo era legítimo y que era un remanente de viviendas que había quedado sin adjudicar”, relató. Dijo que había una entrega de dinero inicial; luego, debían cancelar el resto y esperar la entrega de una vivienda que ”nunca ocurrió”.
En estos casos, se les dijo que serían contactados por representantes del IPPV que les preguntarían datos personales. Soto aclaró que el número desde el cual fueron contactadas las víctimas no se corresponde a IPPV y de hecho, la línea se encuentra a nombre de una persona con «amplios antecedentes penales», privado de la libertad.
“En el allanamiento, también se secuestró un cuaderno con la descripción del relato que debía realizar esta persona al efectuar los llamados. Los documentos son falsos y cuentan con la firma falsificada de la interventora de IPPV y el asesor legal que negaron que esas firmas fueran suyas. Es una burda falsificación. Nada podría haberse hecho sin la participación de todos los involucrados”, señaló.
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