Dirigentes de la CTA Autónoma y Báez, procesados por privación ilegal de la libertad, en Roca

El juez federal Hugo Greca entendió que Claudia Reyes, Zulma Dávila y Miguel Báez, llevaron adelante protestas e intimidaciones contra la sede del Ministerio de Desarrollo Social y contra su titular, Miriam Saigg.

El dirigente de la desaparecida Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Báez -actualmente detenido- y dos de las principales referentes de la CTA Autónoma; Claudia Reyes y Zulma Dávila, fueron procesados por privación ilegítima de la libertad en una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Roca y que se remonta al año 2019, cuando la exsecretaria de Desarrollo Social de Nación, Miriam Saigg, fue cercada en su domicilio a partir de distintas acciones violentas encabezadas por los referentes locales.

Por este delito, en caso de ser hallados responsables, podrían purgar una condena que va desde los 2 a los 6 años de prisión.

Para el Ministerio Público Fiscal Federal está claro que existió una maniobra organizada por los integrantes de la CTA Autónoma para llevar adelante una protesta sistemática no solamente en las oficinas de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sino también en la vivienda que Saigg posee en la calle Isidro Lobo, en inmediaciones a Mendoza.

El Juez Federal, Hugo Greca, entendió que existen sobradas pruebas para llevar a juicio a los imputados por los hechos que se sucedieron en el año 2019. Entre el 3 de abril y el 26 de julio realizaron distintas protestas con el objetivo de reclamar de manera violenta la entrega de planes alimentarios y exigir la renuncia de la funcionaria nacional.

En la primera jornada -por ejemplo- marcharon a la delegación de Desarrollo Social de la Nación ubicada en Alsina 767 donde dañaron el edificio con pintadas, y también intimaron a los vecinos para desactivar las cámaras de seguridad.

Según la fiscalía, desde las organizaciones ODEL, CTA y MAP (que integran la CTA Autónoma) «coordinaron y dirigieron de manera conjunta a un grupo de aproximadamente 30 personas». Y una vez que llegaron otra vez a las mismas oficinas, instigaron a los manifestantes para que «interrumpan y ocupen» de manera ilegítima la delegación. «…infundiendo temor, suscitando tumulto y desórdenes en todo el lugar y sus adyacencias», según se indicó en el escrito. El reclamo incluyó también la rotura de una reja de ingreso.

Pero las jornadas más violentas para Saigg se vivieron a partir del 11 de abril de ese año cuando -según la fiscalía- Báez coordinó y dirigió a un grupo de personas para «amedrentar a la funcionaria nacional en su domicilio particular. «…intimándola e infundiendo temor sobre su persona y su familia, con el fin de que renuncie a su puesto laboral como Coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion y le entregaran modelos alimentarios», indica el auto de procesamiento donde también se detallan las pintadas con insultos, la rotura del inmueble y la pegatina de carteles. También recibió amenazas a través de las redes sociales.

Las intimidaciones en las oficinas y en el domicilio se extendieron durante varios días y en la mayoría de ellas también tuvieron activa participación Reyes y Dávila.

Cabe recordar que Báez se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras recibir una condena a 4 años por la unificación de dos procesos; uno de ellos por abuso sexual y el otro por un violento ingreso al edificio de la Municipalidad de Roca.

Amenazas coactivas

«Debo advertir de que los hechos acreditados en las presentes actuaciones se han logrado subsumir las conductas en las figuras penales de los delitos de amenazas coactivas a miembros de los poderes públicos, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, (artículos 149 ter, apartado 2, inc. a, 142 inc. 1) los cuales entiendo que concurren materialmente entre si ya que los mismos fueron llevados a cabo en diferentes días a lo largo de la investigación (3 y 8 de abril del 2019 y 26 y 30 de Julio del 2019)», explicó el magistrado.

A Báez le imputó el delito de amenazas coactivas a miembros de los poderes públicos, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia. En tanto que a Claudia Reyes y Zulma Dávila, les imputó ser coautoras del mismo ilícito.

Además el magistrado les impuso un embargo a los tres referentes hasta llegar a la suma de los 250.000 pesos.


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