Dura pulseada en la Justicia de Bariloche por el pedido de salidas transitorias para un homicida
Familiares de la víctima están en contra de que se le conceda cualquier beneficio y reclaman que continúe en la cárcel. La fiscalía y la querella recusaron al juez.
Dura pulseada en la Justicia de Bariloche por el pedido de salidas transitorias para un homicida
La evaluación judicial de las condiciones para que un hombre condenado años atrás por homicidio acceda a beneficios de salidas transitorias desató hoy un áspero contrapunto entre su abogado defensor, la fiscalía y la querella, que incluyó pedidos de nulidad y hasta la recusación del juez a cargo de la audiencia, quien pidió un cuarto intermedio y postergó la definición.
El defensor Nelson Vigueras reclamó para Mauricio Báez el acceso a una primera etapa en el régimen de salidas transitorias, que cumpliría a razón de 6 horas por mes, en horario diurno y bajo la responsabilidad de su madre. Dijo que está detenido desde junio de 2021, que ya cumplió en diciembre la mitad de la condena a 9 años de prisión y que cumple con las pautas de conducta y los informes técnicos favorables que exige la ley.
Pero su planteo tropezó con el rechazo de los fiscales Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman, y también del abogado querellante Ernesto Saavedra.
La audiencia estaba convocada para analizar si Báez cumple las condiciones y para escuchar a los testigos propuestos, entre ellos los integrantes del Consejo Correccional, que deben monitorear su conducta y méritos en la cárcel. Pero solo llegó a prestar declaración una trabajadora social, cuando comenzó el cruce de impugnaciones que enredó a las partes, mientras los familiares de la víctima presentes en la sala expresaban su indignación al grito de “asesino” y su rechazo a cualquier salida transitoria. “La Justicia tiene que entender que estos no se arreglan más”, dijo alguien desde el público.
El juez de juicio Marcelo Álvarez Melinger (el mismo que en su momento le impuso la pena) fue el encargado de resolver el diferendo debido a que la condena todavía no está firme. La defensa tiene pendiente un recurso de queja y espera por una palabra final de la Corte Suprema.
Tanto la fiscalía como la querella pidieron en primer término la nulidad del testimonio de la trabajadora social, Victoria Valle, porque aseguraron que el juez no le había tomado juramento, que no la había relevado del secreto profesional, y también a que declaró en presencia del resto de los miembros del Consejo Correccional, que debían hacerlo después.
Luego de un cuarto intermedio el juez desestimó la nulidad yen su siguiente intervención los fiscales pidieron la revocatoria de esa decisión a lo cual adhirió el querellante Saavedra, quien además planteó la recusación del juez. Dijo que “todos los testigos están contaminados”, que se había violentado “la tutela judicial efectiva de la víctima y que había “duda razonable sobre la imparcialidad” del juez. Uno de los familiares de la víctima, sentado a su lado también pidió la palabra para comunicar su descontento. “Llevamos años pidiendo justicia, con mucho respeto, pero no la hemos encontrado”,aseguró.
Un juicio por jurados y una pena que generó polémica
Báez fue juzgado en 2023 por el crimen de Ricardo Herrera, cometido dos años antes. Enfrentó un jurado popular que lo declaró culpable y el primer dato singular de ese caso fue que la pena impuesta luego por el juez letrado fue de 9 años de prisión, cuando esa modalidad de juicio está reservado para los que tienen expectativa de pena superior a los 12 años.
El defensor Vigueras dijo que Báez cumple con todas las condiciones fijadas por la ley para ingresar en los beneficios de la progresividad de la pena y que esa ley “la hizo la sociedad, no el propio Báez”, como parecían sugerir quienes cuestionan ese derecho. Dijo que transitó los seis meses de período de prueba y que desde el 1 de junio tiene cumplidos los requisitos temporales.
Defendió la “seriedad” de los informes firmados por los técnicos psicológicos, sociales y jurídicos que integran el equipo del Penal III, donde está alojado Báez, y señaló que “no hace falta relevarlos del secreto profesional”, porque es el propio condenado quien los autoriza a difundir los detalles de su tratamiento, porque es en su favor.
El litigio escaló también por la falta de antecedentes, ya que la pena contra Báez todavía está a resolución de la Corte y en términos formales no podría acceder a los beneficios de semilibertad previstos para los condenados con sentencia firme.
Pero otro argumento en beneficio de Báez es que no puede una persona inocente -como lo es todavía, técnicamente- tener vedados los beneficios de un condenado por el solo hecho de la extensión temporal de la causa. Álvarez Melinger debe considerar ahora los recursos esgrimidos por la fiscalía y la querella y si acepta la recusación, la causa debería continuar con otro juez.
La evaluación judicial de las condiciones para que un hombre condenado años atrás por homicidio acceda a beneficios de salidas transitorias desató hoy un áspero contrapunto entre su abogado defensor, la fiscalía y la querella, que incluyó pedidos de nulidad y hasta la recusación del juez a cargo de la audiencia, quien pidió un cuarto intermedio y postergó la definición.
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