El caso del mozo que «intimidó» a Patricia Bullrich en Villa La Angostura pasó a la Justicia Federal
La Justicia Federal investigará el caso de intimidación pública contra Patricia Bullrich en Villa La Angostura, tras una amenaza publicada en redes por un mozo del evento de Seguridad Interior.
Un mensaje en redes sociales, una amenaza y una investigación que escaló hasta la Justicia. Lo que comenzó como una publicación en Instagram terminó con un allanamiento, una detención y el traspaso del caso a la órbita federal.
En el marco del Consejo de Seguridad Interior, desarrollado en Villa La Angostura, un mozo que trabajaba en el evento publicó en redes un mensaje intimidante dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente de la Nación. La advertencia de la Policía activó un operativo judicial inmediato.
El hecho ocurrió el 25 de noviembre por la tarde. El sospechoso, mientras cumplía funciones como mozo de un servicio de catering, escribió en su cuenta de Instagram: «Tengo la posibilidad de envenenar a la policía, a nuestra ministra y al puto presidente genchiiiiii».
El mensaje fue detectado por las fuerzas de seguridad, que notificaron al Ministerio Público Fiscal. De inmediato, el fiscal Adrián De Lillo y su equipo iniciaron la investigación y solicitaron un allanamiento en el lugar donde se encontraba el sospechoso.
Allanamiento y detención en Villa La Angostura
Horas después de la publicación, la justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde el acusado residía temporalmente, dentro de una casilla rodante. Allí, fue detenido, identificado y notificado de que estaba bajo investigación por el delito de «intimidación pública».
Durante la audiencia en Villa La Angostura, el fiscal De Lillo argumentó que la causa debía pasar al ámbito federal, dado que la amenaza involucraba a una funcionaria del Estado Nacional. «Evidentemente existió afectación a la seguridad pública», sostuvo el fiscal, respaldando su postura en jurisprudencia de la Corte Suprema.
La causa pasa a la Justicia Federal
El juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló la solicitud y resolvió enviar la causa al Juzgado Federal de Zapala, el cual tiene competencia territorial sobre el caso. Además, ordenó notificar formalmente al acusado sobre el cambio de jurisdicción.
La defensa del investigado no presentó objeciones al traspaso de la causa. Ahora, será la Justicia Federal la que determine los próximos pasos en la investigación y si la amenaza tenía un alcance real o se trató de un acto impulsivo en redes sociales.
Investigación en curso y posibles consecuencias
El delito de intimidación pública está contemplado en el Código Penal y prevé penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión. En este contexto, la Justicia Federal analizará el caso y definirá si el acusado enfrentará un proceso judicial más riguroso.
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