El fiscal Pablo Vignaroli expuso un presunto sistema de sobreprecios y favoritismos en Plottier

La investigación por presuntas irregularidades que encabeza el Ministerio Público Fiscal de Neuquén sobre la gestión municipal de Plottier sumó nuevos elementos tras las declaraciones del fiscal Pablo Vignaroli en una entrevista radial. Allí, el funcionario rechazó cualquier motivación política detrás de los allanamientos y aseguró que la Fiscalía actúa “de manera técnica” ante cada denuncia, con autorización judicial.

Según explicó, el eje de la causa pasa por un decreto para eximir tasas a vecinos y por un entramado de contrataciones irregulares.

La respuesta de Vignaroli al intendente de Plottier, Luis Bertolini

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En ese contexto, Vignaroli respondió a los dichos del intendente Luis Bertolini, quien había denunciado una supuesta maniobra para condicionar su gestión. El fiscal sostuvo que la investigación se limita a dos líneas concretas: el beneficio impositivo otorgado sin aval del Concejo Deliberante y un sistema montado para favorecer a determinadas personas en la obra pública y en la compra de insumos. “No nos interesa polemizar, investigamos hechos”, resumió.

Uno de los puntos centrales de la causa es la detección de una maniobra vinculada a la firma VALCO SRL, que, según la Fiscalía, no contaba con CUIT para facturarle al Estado. Pese a eso, participaba de contrataciones mediante facturación a nombre de uno de sus socios, utilizando nombres de fantasía.

Vignaroli explicó que ese socio mantenía vínculos comerciales y personales con familiares directos de una funcionaria del área de Hacienda, lo que, a criterio del Ministerio Público, evidencia un intento de ocultar al verdadero beneficiario de los contratos.

Sobreprecios y un polémico decreto que eximió de tasas municipales a un barrio privado de Plottier

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De acuerdo con el fiscal, el esquema evitaba sistemáticamente las licitaciones públicas o privadas. En su lugar, se recurría a concursos de precios o contrataciones directas, con invitaciones a empresas que no competían en serio o que presentaban ofertas inviables.

Como ejemplo, mencionó una compra de aires acondicionados en 2024: el presupuesto oficial rondaba los 10,5 millones de pesos, pero el municipio terminó pagando 33 millones. Para la Fiscalía, se trata de un sobreprecio evidente que forma parte del presunto perjuicio económico al Estado.

Además de las contrataciones, Vignaroli cuestionó un decreto firmado por Bertolini para eximir de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales. Señaló que ese tipo de beneficios solo puede otorgarse mediante ordenanza del Concejo Deliberante y advirtió que la medida genera un riesgo jurídico para el municipio, ya que podría habilitar reclamos masivos de otros contribuyentes.

En paralelo, el fiscal confirmó avances en otras causas vinculadas a la política local. Indicó que ya se presentó la acusación contra Pablo Ruiz por el caso conocido como “Casa de la Ley” y que continúa la investigación por enriquecimiento ilícito y contrataciones irregulares contra la exintendenta Gloria Ruiz. Según precisó, la Fiscalía tiene plazo hasta junio para definir si formula cargos en ese expediente.

Respecto del futuro inmediato de la causa contra Bertolini, Vignaroli explicó que se está terminando de analizar la documentación junto a una contadora para establecer el monto total del sobreprecio. Una vez concluido ese trabajo, la Fiscalía quedará en condiciones de formular cargos. Para algunos funcionarios, se evalúan figuras como negociación incompatible y fraude a la administración pública, mientras que para el intendente se apunta directamente a esta última.

Crisis en Plottier por presunto fraude a la administración pública

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La decisión de Bertolini de permanecer en el cargo, pese a las investigaciones en curso, fue interpretada como un factor de tensión política y administrativa. También se señaló que, mientras continúe en funciones, el intendente mantiene control sobre áreas sensibles y documentación clave, lo que podría complicar el avance de nuevas pesquisas.

En ese escenario, la causa aparece como uno de los principales focos de inestabilidad para la ciudad. Con un posible llamado a imputación en el horizonte y múltiples expedientes abiertos, el proceso judicial se perfila como determinante para el futuro político de la gestión municipal y para el intento de recomponer la confianza pública en la administración local.