El policía acusado de un violento robo en Cipolletti seguirá detenido y ya se puede difundir su identidad
Tras una audiencia que duró más de tres horas, ratificaron la prisión preventiva del policía de Río Negro acusado de participar en un violento robo en Cipolletti y seguirá detenido en Choele Choel. Se levantó la restricción sobre su identidad.
Un caso que combina violencia, traición institucional y debate judicial quedó en el centro de la escena en Cipolletti. Un policía fue acusado de participar en un asalto brutal a una pareja de adultos mayores, y este miércoles se confirmó que seguirá detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. El juez Guillermo Merlo tenía que revisar la medida cautelar. Antes de ingresar al debate, el fiscal Santiago Márquez Gauna, con buen tino y ante la presencia de periodistas, planteó una cuestión previa: consideró que no era necesaria mantener restricciones del juez Juan Puntel porque ya no había ninguna medida investigativa pendiente.
El inicio de la audiencia fue tan extenso como controvertido. La discusión inicial estuvo en torno a la publicidad del proceso que tiene como único acusado a Enzo Ramón García. Él era agente de la Policía de Río Negro, pero su situación cambió radicalmente desde aquel 20 de marzo, cuando una familia fue asaltada en su propia casa. La Justicia lo imputó como partícipe de un robo agravado por el uso de arma, cometido en banda y en zona urbana.
Debates judiciales por la publicidad del proceso
El Superior Tribunal de Justicia promueve la publicidad de todas sus actuaciones. Y en este caso, inicialmente, el juez de garantías Juan Puntel había impuesto a los medios una prohibición: no se podía dar el nombre ni la foto del policía imputado.
Pero el gobernador Alberto Weretilneck pateó el tablero con la reserva dispuesta en la causa que involucra al uniformado. Y esa actitud tuvo efectos en la arena judicial: a pedido del fiscal Santiago Márquez Gauna, el juez que revisó las actuaciones dispuso la publicidad absoluta.
El mismo día que imputaron a García, el mandatario tomó una captura de una foto del policía extraída de sus propias redes sociales y los escrachó públicamente. «No voy a tolerar policías que traicionen el uniforme», había publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Desde ese momento, se empezó a discutir acerca del alcance de la resolución del juez Puntel. ¿Era para medios de comunicación? ¿Involucraba las redes de Weretilneck?. Lo cierto fue que no existió claridad en un tema tan debatido a nivel mundial como es la comunicación en plataformas.
El juez Merlo aceptó el planteo y citó el Código Procesal Penal, las acordadas del Superior Tribunal de Justicia y el Código Civil. Concluyó que ya no había medidas investigativas pendientes que justificaran la reserva. Así, se autorizó a difundir el nombre, la imagen y otros datos de García, como ocurre con cualquier otro imputado.
La defensa puso todos los recursos al asador
El abogado Alfredo Cury, muy conocido en el mundo judicial de Neuquén, se sorprendió y apeló a todo lo que tuvo a mano. El defensor intentó revertir la prisión preventiva con una batería de argumentos. Apeló a convenciones internacionales, a la supuesta arbitrariedad de la medida, al resguardo de las víctimas y hasta al «sentido común».
«Si una persona acusada sabe que hay presencia policial, no va a acercarse a la víctima. Nadie va cuando hay un policía», dijo, en tono irónico, Cury. También indicó arbitrariedades, desproporcionalidad al momento de avalar la medida cautelar propuesta y denunció una «doble valoración» por parte del juez.
Cury dijo que, según la resolución de Puntel, García «sería peligroso por ser policía y conocer los procedimientos de la investigación». «¿Cuál es la medida que funciona para mitigar los riesgos procesales? Para el juez, fue prisión preventiva», intentó interpelar al juez el abogado Cury
Pero la fiscalía respondió con firmeza. «No dijo que por ser policía era peligroso«, aclaró Vallejos. Lo que está en juego —argumentó— es el proceso penal, la recolección de pruebas y la seguridad de los testigos.
Finalmente, el juez cerró la discusión con el código procesal penal, las acordadas del STJ y hasta el Código Civil que regula el derecho a la imagen. En otras palabras, ya no hay ninguna medida que impida la difusión de los datos y de la imagen del policía Enzo García. Por eso, se le dará el mismo tratamiento que a cualquier otro imputado.
Una causa con ramificaciones y protagonistas pendientes
Además de García, el caso tiene al menos otros dos protagonistas que siguen sin ser identificados. Uno de ellos, el que vestía el uniforme policial, tuvo contacto directo con las víctimas. La fiscalía está tras sus pasos y busca también el segundo vehículo utilizado en la fuga.
La querella, a cargo del abogado Pablo Gutiérrez, coincidió con la fiscalía: «No se lo imputa por ser policía, sino por haber facilitado y participado del delito». También subrayó que falta testimonio clave de una víctima y que no se hallaron todavía elementos sustraídos en el asalto.
La etapa de investigación penal se extenderá por cuatro meses. García, por lo pronto, continuará preso en el penal de Choele Choel donde fue trasladado por disposición del Servicio Penitenciario Provincial y por pedido del gobernador junto al ministro de Justicia.
De funcionario público a imputado: la caída
Enzo Ramón García era parte de la Policía de Río Negro. Luego de que se conociera su presunta participación en el robo, fue separado de la fuerza. La decisión la comunicó el gobernador Weretilneck, en la misma publicación que rompió con la reserva judicial que regía para medios de comunicación.
La causa está abierta, y el impacto institucional es fuerte. Un agente de seguridad del Estado está preso de manera preventiva por un delito violento que dejó a una víctima en terapia intensiva.
El proceso judicial todavía tiene muchas aristas por resolver. Los responsables no están todos identificados. La víctima más grave aún no puede declarar. Y las consecuencias sociales del caso, con un policía señalado como parte de una banda armada, atraviesan a todo Río Negro.
Por ahora, la prisión preventiva fue ratificada. El proceso avanza y, con la publicidad habilitada, cada paso podrá contar con un seguimiento más de cerca por parte de los medios y la comunidad.
Qué se investiga: robo brutal y consecuencias irreparables
El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Brentana, en Cipolletti. Según la investigación, cerca de las 14:25 de ese día, tres personas llegaron al lugar con roles asignados. Uno vestía uniforme policial, otro hizo de campana afuera del domicilio. El tercero, aún sin identificar, también ingresó al hogar.
Simularon una intervención oficial para que les abrieran la puerta. Una vez adentro, encañonaron al dueño de casa y exigieron dinero. A su esposa la llevaron a una habitación donde guardaban ahorros. Se llevaron una importante suma de dinero, dólares y joyas.
El hombre fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma y sufrió lesiones severas. Poco después, su salud empeoró: tuvo un accidente cerebrovascular. Aún permanece internado en estado delicado. La mujer también resultó herida y en shock.
El policía como «campana» y proveedor del uniforme
Enzo García, según la acusación de la fiscalía, fue quien cumplió el rol de vigía en la calle y, además, quien habría aportado el uniforme para ejecutar el engaño. La fiscal Eugenia Vallejos y su colega Santiago Márquez Gauna sostienen que el hecho fue planificado con antelación y que cada uno de los participantes sabía qué debía hacer.
La causa aún no tiene a todos los responsables identificados. Se busca el segundo vehículo en el que se movilizaron los agresores y aún hay un testimonio clave pendiente: el del hombre internado.
Seis allanamientos en el Alto Valle y prisión preventiva
En el marco de la investigación, la fiscalía realizó seis allanamientos en distintas localidades del Alto Valle, entre ellas Roca y Neuquén. Allí se obtuvieron pruebas fundamentales.
Con esos elementos, la fiscalía pidió la prisión preventiva de García por el plazo de un año. El juez Juan Puntel hizo lugar al pedido y dictó la medida. La defensa apeló con distintos recursos, pero esta semana el juez Guillermo Merlo ratificó la resolución: el policía seguirá detenido.
Un caso que combina violencia, traición institucional y debate judicial quedó en el centro de la escena en Cipolletti. Un policía fue acusado de participar en un asalto brutal a una pareja de adultos mayores, y este miércoles se confirmó que seguirá detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. El juez Guillermo Merlo tenía que revisar la medida cautelar. Antes de ingresar al debate, el fiscal Santiago Márquez Gauna, con buen tino y ante la presencia de periodistas, planteó una cuestión previa: consideró que no era necesaria mantener restricciones del juez Juan Puntel porque ya no había ninguna medida investigativa pendiente.
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