Elevan a juicio causa por «extorsión y coacción» contra dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Roca

Finalmente los cuatro dirigentes de la Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) llegarán a juicio en la causa por «extorsión y coacción» tras la denuncia que en el año 2020 presentó un grupo de mujeres que formaban parte de esa organización. Se trata de Nancy Ester Cofré, Alan David Rocha Varsanyi, Lidia Beatriz Núñez y Melani Luzmila Cisterna quienes por ese entonces formaban parte de la conducción de esa agrupación que tenía un fuerte arraigo en distintos barrios pero en especial en la zona oeste de Roca.

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Tras la investigación y al momento de dictar el procesamiento por parte del juez Hugo Greca, desde el Ministerio Público Fiscal relataron que los cuatro imputados comenzaron a desempeñar funciones en el FOL en el año 2017 y durante ese lapso «convocaron y reclutaron» a un número indeterminado de personas en su mayoría mujeres con niños, bajo la promesa de concederles un beneficio de asistencia social proveniente del Estado.

«…de manera sistemática, les exigían sumas de dinero mensuales que variaban según cada situación, por caso, si percibían un plan social debían abonar entre los $200 y los $250, y si recibían mercadería debían abonar $10«, se indicó desde fiscalía.

En el caso de recibir maquinarias quedaban bajo la órbita de la organización sin posibilidad de uso y, de manera simultánea, les exigían a todos los miembros incorporados en la FOL que, como contraprestación de los beneficios percibidos o como condición para gestionarles una ayuda o subsidio, que debían asistir y participar en distintos y diferentes hechos en su mayoría de naturaleza delictiva como obstruir el tránsito a través de piquetes o bien ocupar edificios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o Ministerio de Trabajo de la Nación todo bajo la amenaza de suspender las ayudas sociales que estaban percibiendo.

«Aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas por su estado de necesidad ante su situación socio-económica, y bajo el ropaje de una organización social que decían vinculada al Estado Nacional
o, como nexo intermediador del Estado, recolectaban la documentación personal de sus víctimas (DNI, constancia de CUIL, etc.) para efectuar los trámites correspondientes para la obtención de planes sociales ante organismos estatales, manteniendo siempre con información escasa o limitada a los beneficiarios», explicaron desde la fiscalía.

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Detallaron además que una vez que los planes de asistencia eran asignados a esas personas, esa
circunstancia era aprovechada por los imputados para exigirles un porcentaje del dinero percibido para beneficio propio o funcionamiento de la organización, y las obligaban a cometer delitos en contra de los organismos estatales, todo ello bajo la amenaza reiterada de suspender los planes sociales y/o beneficios que estuvieran percibiendo», indicó el fiscal.

En el auto de procesamiento dictado por el juez Greca, se indicó que «fue en ese ámbito en el que las personas imputadas se aprovecharon de esa situación de poder (mediadores de los beneficios de la política social de entonces de la Nación) exigiendo y apropiándose de las herramientas de trabajo, del dinero y los alimentos provistos por el Ministerio de Desarrollo Social (Nación), requiriendo además conductas de participación política», destacó el magistrado.

A fines de enero de este año, la Cámara Federal de Roca confirmó el procesamiento contra los cuatro dirigentes del FOL por los delitos de «coacción y extorsión» y tras una serie de requerimientos efectuados por la defensa de los imputados, el magistrado decidió elevar la causa al Tribunal Oral Federal (TOF) que ahora deberá definir la fecha del juicio.

Cerró la etapa de instrucción

De esta manera, Greca cerró la etapa de instrucción tras rechazar un pedido de la defensa de los imputados para impedir la elevación a juicio y decretar el sobreseimiento de las personas involucradas en el proceso.

Es que la defensa había planteado sus fundamentos con respecto «al estado de indefensión y el derecho a contar con una defensa técnica eficaz” de los cuatro integrantes del FOL a lo que Greca respondió que del análisis de las constancias que figuran en la causa «no se advierte la existencia de un estado de indefensión, sino, tal y como fuere señalado por el Agente Fiscal, una estrategia de defensa distinta a la actualmente escogida por la Defensoría Pública Oficial».