Fiscalía archivó la denuncia contra autoridades de la CEB por falsificación de firmas
Integrantes de la Comisión Fiscalizaron demandaron al presidente de la institución, Carlos Aristegui, y otros consejeros por presunta falsedad ideológica. El Ministerio Público Fiscal desestimó la causa.
Carlos Aristegui, el presidente de la CEB, había sido denunciado por presunta falsificación de firmas. La fiscalía descartó el hecho y archivó la denuncia. Archivo
El fiscal jefe de Bariloche, Martín Lozada, ratificó la decisión de pasar al archivo la denuncia por presunta falsedad ideológica en documentos oficiales de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) que impulsaron dos integrantes de la comisión fiscalizadora contra el rpesidente de la entidad, Carlos Aristegui, y otros consejeros.
La medida judicial implica que ahora los querellantes pueden impulsar una acción privada, pero el Ministerio Público Fiscal descartó su proceder con un dictamen original del fiscal Inti Isla y la ratificación de sus actuaciones por parte de Lozada, que fue emitida este lunes.
La definición judicial se conoce horas antes de la realización de la asamblea de la CEB, que se concretará esta tarde con una modalidad virtual que sectores de la oposición cuestionaron, en la que se analizarán los estados contables y balances, y se proclamarán los consejeros electos el año pasado.
La denuncia por la presunta falsificación de firmas en los estados contables fue promovida a fines de 2023 por los fiscalizadores de la CEB José Manuel Pincheira y Arnaldo Atilio Arrúa, contra Aristegui, José Luis Poggi (secretario del Consejo de Administración),y la tesorera Yasmín Pamela Najul. El caso se encuadró inicialmente en el artículo 292 del Código Penal por la posible comisión del delito de falsificación de documentos.
Según el expediente judicial, luego de la reunión del 1 de noviembre del Consejo de Administración, los consejeros recibieron vía mail, en formato PDF el balance que contenía las firmas holográficas del Presidente, el Secretario e incluso de los denunciantes en su carácter de integrantes de la comisión fiscalizadora, escaneadas. Para los denunciantes se trató de una “maniobra compatible con la falsificación de un documento”.
Consta en el expediente que Aristegui y el gerente de la CEB se hicieron cargo del error de las firmas en los documentos oficiales y también en su convocatoria a tratar el balance por parte de la Comisión Fiscalizadora.
El relato del fiscal indica que hubo un balance con las firmas escaneadas y posteriormente otro sin esas firmas, reconociendo un error. Sin embargo, los denunciantes y los consejeros opositores Alejandro Pozas y Laura Alves declararon su desconfianza generada por este procedimiento.
El fiscal Isla se limitó a analizar la cuestión de la presunta falsificación de firmas “mediante la técnica de escaneo y pegado, de firmas holográficas en un documento privado, puesto que el mismo no ha sido emitido por un funcionario público en su carácter de tal, firmas que, probablemente, por las entrevistas recibidas, corresponderían a balances anteriores”, indica en los fundamentos.
El fiscal indicó que se constató que las firmas eran escaneadas y no confeccionadas por un tercero o imitadas para que pudieren resultar verdaderas. Descartó que sea una firma digital falsa.
“No puede afirmarse en modo alguno que el escaneo de las firmas haya sido un intento de falsificación de una firma digital o bien hacer parecer la existencia de una, es decir, no resulta idónea en todo caso, la maniobra denunciada”, esgrimió el fiscal Isla y también descartó que se trata de un delito de falsedad ideológica porque solamente es punible cuando se produce en instrumentos públicos.
Isla indicó: “En el caso de autos, nos encontramos claramente ante un documento de carácter privada, puesto que, en primer lugar no ha sido expedido por una autoridad pública que deba dar fe o bien resulte fedatario, esto es que pueda o tenga la capacidad o bien resulte investido por la ley para poder dar fe de tales documentos” y remarcó que el balance presentado solo es un borrador porque para ser aprobado debe tener el voto de la mayoría de los consejeros e informe de la Comisión Fiscalizadora.
Tras la resolución del fiscal Isla de principios de febrero que desestimó la denuncia, esta semana, el 4 de marzo, su superior, el fiscal jefe Lozada ratificó la decisión e instruyó que se haga saber al querellante que dentro del quinto día de notificado podrá peticionar ante un Juez de Garantías la conversión de la acción pública en privada a fin de continuar con su ejercicio en forma autónoma.
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