El balance de la CEB, en el ojo de la tormenta por fuertes pérdidas y por firmas adulteradas

El circuito que debe recorrer balance anual de la CEB cerrado en junio para conseguir la aprobación definitiva, que dependerá de la próxima asamblea de delegados, comenzó en forma accidentada por el retaceo de información a los vocales opositores y una denuncia penal por firmas adulteradas.

El resultado económico reflejado en el balance también es preocupante porque el ejercicio 2022/2023 arrojó para la Cooperativa un quebranto de 601,9 millones de pesos, cuando el año anterior el saldo había sido positivo en 120,9 millones.

Los consejeros por la lista Roja Alejandro Pozas, Laura Alves e Inés Cárcamo aseguraron que el presidente Carlos Aristegui y los directivos que le responden (lista Blanca) intentaron forzar una aprobación exprés la semana pasada en el seno del Consejo, pero retrocedieron cuando se les advirtió que no podían votar a favor o en contra de un balance que no conocían en detalle, porque nunca recibieron copias en papel con la debida antelación.

Cuando les enviaron ese documento comprobaron que llevaba la firma de Aristegui, del secretario, la tesorera, y también de los tres miembros de la comisión fiscalizadora, quienes al ser consultados aseguraron que tampoco conocían el balance. Al menos dos de ellos (uno de cada lista) dijeron que sus firmas estaban falsificadas.

Esta mañana los síndicos aludidos, José Pincheira (elegido por la lista Roja) y Arnaldo Arrúa (por la Blanca) concurrieron a la fiscalía penal de turno y formularon la denuncia para que se investigue ese ilícito. Refirieron que existe un “informe de la comisión fiscalizadora” sobre el balance 2023 avalado por sus firmas, a las que también denunciaron como apócrifas.

Señalaron que una vez señalada esa irregularidad, el Comité Ejecutivo de la CEB les manifestó por correo electrónico que “habría habido algún tipo de error el el documento”, al que definieron como un “borrador”. Consideraron ese argumento como “falso”, porque apenas un día antes se lo habían presentado como “documento final”, ya que el balance “se encontraba cerrado”.

El cruce de lanzas por la rendición contable del último ejercicio aparece enredado también por el proceso electoral anual, ya que la conducción a cargo de Aristegui llamó a los asociados de la CEB a votar la renovación parcial del Consejo, de la comisión fiscalizadora y a elegir un nuevo cuerpo de delegados el próximo 2 de diciembre.

Pozas subrayó “la gravedad de lo ocurrido, con un balance que tiene firmas falsas, que se presenta a las apuradas, no se entrega en mano y que terminó aprobado en la mañana de hoy en una votación de 7 a 3”, con el rechazo de los consejeros opositores.

Alves dijo que el quebranto económico, del que tenían indicios, pero que no estaba cuantificado, pone en situación incómoda a la lista Blanca, que cuatro años atrás ganó las elecciones y desplazó a los rojos de la conducción de la CEB con cuestionamientos, precisamente, a las pérdidas acumuladas, “que eran mucho menores” que las actuales.

El contexto de elecciones

Pozas dijo que ya se habían quejado públicamente semanas atrás por las demoras injustificadas en la presentación del balance cerrado al 30 de junio y del llamado a elecciones y también cuestionó a Aristegui, quien al recibir esos reproches dijo que la lista Roja los esgrimía porque “los sueldos están al día y mucho para objetar no tienen”.

El consejero opositor dijo que “ahora sí está claro que hay falencias muy graves en la CEB y que van mucho más allá de una postergación de las elecciones”. También recordó que la nota de reclamo para que se llame a elecciones tuvo el aval de delegados de todas las listas.

El balance de la polémica lleva las firmas de Aristegui, el secretario José Luis Poggi y la tesorera Pamela Najul, además de los fiscalizadores José Picheira, Arnaldo Arrúa, Gustavo Mardones y el auditor externo Alejandro Avedissian.

El dictamen de la comisión fiscalizadora, también denunciado como apócrifo, dice que los integrantes de ese cuerpo de contralor revisaron la documentación aportada y aconsejaron su aprobación. “Los estados contables de la CEB contemplan todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y no tenemos otras observaciones que mencionar” es la fórmula contenida en ese texto que -segun dicen Pincheira y Arrúa-, nunca firmaron.

En la presentación que realizaron a la Justicia dijeron que el balance no les fue entregado a los consejeros con el tiempo suficiente para su análisis y que sus firmas que aparecen en cada una de las decenas de páginas constituyen un acto “de carácter delictivo”.

Pincheira y Arrúa lo definieron como una “maniobra” dirigida a “darle legitimidad a un balance que no ha sido estudiado por quienes debemos velar por los intereses económicos de la CEB”. También consideraron que la excusa posterior de que se trató de un “error” constituye “un ardid malicioso” y pidieron a la fiscalía que investigue a los responsables por falsificación de documento.

La situación de AVC

Pozas y Alves dijeron que entre los puntos más preocupantes en relación con la economía de la Cooperativa de Elecricidad está la situación de su empresa controlada Angostura Video Cable, que vende servicios de televisión paga e internet. Según dijeron el vínculo administrativo entre ambas empresas no es nada claro, porque AVC funciona a pérdida y recibe ayuda constante de la CEB, al punto de acumular una deuda que hoy sería “de alrededor de 500 millones de pesos”, cuando en 2019 ese pasivo era de 30 millones.

“No vemos claros los números de AVC” dijo Alves, pero entendió que les resulta difícil insistir con ese tipo de denuncias porque no encuentran respuestas y “el asociado se cansa”.

Según Pozas, AVC recibe facturas periódicas de la CEB (que no paga) por el uso de postes y otros servicios, a los que se suman “camionetas, personal, combustible y herramientas” que la firma subsidiaria no posee y que son sostenidas desde la estructura montada para la prestación eléctrica.

Dijo también que la deuda acumulada de 500 millones no para de crecer y está calculada “sin intereses”, mientras a los usuarios se les aplican severas penalizaciones “de hasta el 600%” por las facturas de energía impagas.

“Claramente es un modelo que no funciona, pero es difícil de abordar porque los pedidos de informes no los contestan y cuando uno espera el balance, para estudiarlo, pasan estas cosas -dijo el consejero-. El quebranto de 600 millones es escandaloso. Pero es la foto de la CEB hoy: una cooperativa que pierde dinero y un comité ejecutivo denunciado por falsificación de firmas”.