Imputaron a Marcelo Román, intendente de Allen, por administración fraudulenta y peculado

El intendente de Allen, Marcelo Román, fue imputado formalmente hoy de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado en una causa judicial en la que también es acusado el empresario local de medios, Sebastián Ocampo. La jueza de Garantías, Natalia González, hizo lugar a la formulación de cargos que había pedido la fiscalía y ahora el Ministerio Público Fiscal tendrá dos meses para terminar la investigación y que se llegue al control de acusación. El paso siguiente será el juicio.

El origen del expediente es una causa vinculada al presunto uso irregular de un teléfono celular adquirido con fondos municipales.

Durante la audiencia, la magistrada analizó los planteos de la defensa, que cuestionó la existencia de evidencia suficiente y la aplicación de las figuras penales de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Al resolver, la magistrada explicó que en esta etapa inicial del proceso no corresponde producir prueba ni determinar responsabilidades definitivas, sino verificar si existen elementos mínimos que permitan avanzar con la investigación. En ese sentido, consideró que la Fiscalía, liderada por Graciela Echegaray y María Celeste Benatti, alcanzó el estándar de probabilidad requerido por la ley para formalizar la imputación.

Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el intendente habría dispuesto la adquisición de un teléfono celular con recursos municipales y posteriormente el aparato habría sido entregado para uso de una persona ajena, Ocampo, a la administración comunal.

También se señaló que tanto el equipo como la línea telefónica habrían sido financiados con fondos públicos.

La magistrada destacó que, de acuerdo con la evidencia expuesta en esta instancia, puede afirmarse de manera probable que el jefe comunal es funcionario público, que tiene una relación funcional con los bienes municipales y que el teléfono investigado fue retirado del ámbito de custodia de la Municipalidad para ser utilizado por un tercero.

Respecto de Ocampo, la acusación sostiene que recibió y utilizó el dispositivo con conocimiento de su origen, conducta que, según la hipótesis fiscal, contribuyó al perjuicio patrimonial investigado.

La jueza remarcó que la formulación de cargos tiene como finalidad comunicar a las personas imputadas cuáles son los hechos que se investigan, la calificación legal provisoria, el grado de participación atribuido y los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

En su resolución, consideró que esos requisitos fueron cumplidos por la Fiscalía y señaló que sólo podría rechazar la formulación de cargos si los hechos descriptos no constituyeran delito, si la imputación resultara manifiestamente incompatible con las figuras penales invocadas o si no existiera evidencia alguna que la respaldara.

Finalmente, aclaró que los cuestionamientos realizados por las defensas fueron debidamente planteados y podrán volver a discutirse en etapas posteriores del proceso, cuando la investigación cuente con mayor desarrollo y las partes dispongan de más información para sostener sus respectivas posiciones.

La acusación fiscal

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Según la acusación de la fiscalía, “entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal para autorizar la compra de un celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad, por un monto total de $596.812,38”.

“Además, el imputado apartó y extrajo dicho bien de la actividad patrimonial del municipio y se lo dio a una persona que no es agente municipal ni posee vínculo contractual que legitime la tenencia de bienes del Estado”, explicó la fiscalía en las dos audiencias anteriores.

“Con esta entrega, el imputado quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno disponga del recurso como si fuera propio, ocasionando un perjuicio al erario público municipal”, agregó.

“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna, y aún así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal.

Seguidamente, señaló que “dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo, como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.

“Este imputado habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a los empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión que reforzaron el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidaron la disposición privada del recurso estatal”, concluyó la fiscalía.

La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para el intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, articulo 45 y 54 del Código Penal.

Mientras que para el otro imputado es la de partícipe necesario de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 45 del Código Penal.