Gerez ofreció 31 testigos para el jury contra el juez Villegas, acusado de acoso sexual en Neuquén

Planteó que los hechos configuran violencia de género lo cual "se agrava por haberse dado dentro del Poder Judicial y por parte de un magistrado, en tanto son justamente los llamados a garantizar los derechos".

El fiscal general, José Gerez, presentó la acusación por mal desempeño de sus funciones contra el juez civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, que podría terminar con la destitución del cargo. Manifestó: «encuentro acreditados hechos que dejan en evidencia la existencia de acoso por parte de Villegas hacia la funcionaria judicial María Soledad Garayo, el que comenzó a ser desplegado con presuntas intenciones de seducción, cuando la nombrada ingresó a trabajar al juzgado a su cargo -febrero de 2017-, transformándose rápidamente en persecución laboral o “mobbing” cuando el juez temió ser expuesto por la prosecretaria ante el resto del personal del organismo y de terceros».

El 7 de noviembre de 2022 el jurado de enjuiciamiento declaró admisible la apertura del procedimiento contra el magistrado. La comisión especial también había recomendado que sea enjuiciado.

Garayo prestó funciones como prosecretaria del juzgado de Rincón durante los años 2017, 2018 y parte de 2019, cuando hizo la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia, luego de un marcado deterioro en su salud física y emocional. Actualmente trabaja en otra dependencia.

Es la primera vez que un juez enfrenta una acusación por acoso sexual y violencia psicológica.

«Se encuentra acreditado que el Dr. Sebastián Villegas proporcionó un trato inadecuado a la denunciante durante el primer tiempo de esta en el juzgado, el que consistía en iniciar conversaciones de carácter íntimo, efectuarle insinuaciones, “coquetearle”, ofrecerle insistentemente transportarla en su automóvil desde el juzgado hacia el lugar donde se hospedaba, e incluso ordenarle que no se relacionara con un compañero de trabajo. Ello a pesar del trato formal, respetuoso y distante que mantenía con el juez la prosecretaria», afirmó Gerez.

El juez se dirigía con «marcada informalidad a su oficina», «sin golpear la puerta, tutéandola», hacía comentarios sobre que la funcionaria practicaba pole dance, sobre su aspecto físico y compartía fotos que ella había posteado en redes sociales. Según las testigos decía: «… mirá la foto que encontré de Soledad … baila en el caño … qué buena que está…”.

Cuando la denunciante rechazó al magistrado, señala la acusación, él cambió rotundamente su actitud: «ridiculizándola y desautorizándola ante todos los empleados, generando un clima de trabajo extremadamente hostil«.

Ella declaró que él «revisaba únicamente y de manera exhaustiva los expedientes que ella trabajaba; que efectuaba comentarios descalificativos sobre su trabajo y que manifestaba que no estaba seguro de firmar lo que ella hacía».

«Así pues, las evidencias colectadas dan cuenta de que el magistrado propició un ambiente de trabajo desfavorable, hostil y adverso al desempeño de Garayo, mediante la desacreditación, exposición y sobrecarga de la prosecretaria. Ello resulta desconcertante si se confronta con el hecho de que Villegas formó parte del tribunal examinador en el concurso en el que Soledad Garayo resultó ganadora – habiendo evaluado en dicha instancia a la postulante y concluido que se encontraba calificada para el cargo», señaló Gerez.

Para el fiscal «deviene verosímil la afirmación de la denunciante sobre la vinculación de dicha actitud del magistrado con el hecho de que ella hubiera exteriorizado su incomodidad con relación a sus intentos de acercamiento personal.» Hay testimonios también de que el juez desacreditaba a Garayo en sus funciones: «y era habitual escucharlo decir “no sabe nada, es una burra…”, que tales formas se fueron naturalizando entre todos«.

Constituye violencia de género


Gerez consideró que «las conductas de acoso tanto sexual como laboral endilgadas al juez en este proceso implican, de acuerdo a normativa aplicable en la materia, una forma de discriminación contra la mujer, y por tanto, una manera de ejercer violencia de género«.

«Dicha temática posee una relevancia superlativa y toda conducta que configure el ejercicio de violencia -de cualquier tipo-hacia las mujeres resulta especialmente repudiable. Más en el particular, se agrava por haberse dado dentro del Poder Judicial y por parte de un magistrado, en tanto son justamente los llamados a garantizar los derechos que, en el caso, fueron vulnerados», sostuvo el fiscal.

Mencionó que las conductas objeto de la acusación «se traducen en la pérdida de la idoneidad para el ejercicio del cargo en el que actualmente se desempeña y que juró desempeñar fielmente». «Ello toda vez que el ejercicio de la magistratura exige ineludiblemente la autoridad ética para conservar la legitimidad propia y la de todo el sistema de justicia de cara al escrutinio de los justiciables y de la sociedad», agregó.

Además de la prueba documental, el fiscal ofreció 31 testigos, la gran mayoría empleados y empleadas del juzgado al momento de los hechos, y también profesionales de la salud que asistieron a la víctima.

Ahora la defensa de Villegas podrá hacer su descargo y luego el jurado detallará la prueba que se admitirá y pondrá fecha al juicio.

El juez puede ser absuelto, o sancionado con una suspensión o con la expulsión del Poder Judicial.


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