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Grave crisis institucional de la Caja Forense de Río Negro

En la última asamblea se decidió sobre tablas votar nuevas autoridades. Los actuales titulares del organismo presentaron un recurso de amparo que suspendió provisoriamente la moción opositora.

El intento de cambio de autoridades de la Caja Forense de Río Negro agravó la crisis institucional y la discusión se trasladó al fuero Contencioso que puso algo de orden mientras se resuelve la cuestión de fondo. La institución se encarga de capitalizar los recursos para la jubilación de los abogados en la provincia y tiene un servicio limitado de prestación de salud.

Fue la discusión sobre la cobertura médica lo que desencadenó el conflicto. Estaba previsto un informe de las autoridades sobre la situación de los afiliados, pero el resultado fue opuesto a lo que se esperaba.


Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición que sobre tablas dispuso la votación para el cambio de autoridades. La moción se apoyó en uno de los artículos de la Ley 869 que prevé el cambio anual de las autoridades y por eso se votó con el apoyo de tres circunscripciones: Cipolletti, Bariloche y Viedma.

Roca no acompañó pero no fue suficiente y los dos titulares del organismo fueron removidos del cargo. El artículo 7 de la normativa que contempla la elección de autoridades anual es ambiguo y nunca se había utilizado.


Por eso los titulares del caja forense de Río Negro, ambos de Roca, Walter Carrasco y Mariano Berladi, interpusieron una medida cautelar en fuero contencioso administrativo de esa localidad.


El juez Matías Lafuente hizo lugar al recurso y suspendió las elecciones por el plazo de 30 días hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La impugnación que presentaron los abogados debe resolverla la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.


Fuentes consultadas indicaron que siempre se respetaron los mandatos de dos años de las autoridades de la Caja, pero que la normativa contempla cambios al año de asunción, lo que se votó en la asamblea del 30 de mayo pasado. El informe sobre la caja de salud fue el desencadenante, pero las diferencias vienen de larga data.


La crisis financiera que atraviesa la institución y las diferencias con la oposición derivaron en este grave conflicto que desencadenó en dos semanas sin atención. Este martes se reabrieron las puertas de la institución. La prestación del servicio de salud es el eje central del conflicto.


Hace tiempo que la Caja no admite ingresos pero mantiene la cobertura de un grupo de afiliados. Un informe de auditoría generó malestar en los representantes de Cipolletti y Bariloche. La próxima asamblea está fijada para el 28 de junio, pero podría adelantarse para el lunes 24. El objetivo es llegar a un acuerdo para destrabar la interna.


La Caja Forense se financia con un porcentaje de los juicios y de la regulación de honorarios para los abogados en el litigio. Por cada juicio, el cliente abona un cinco por ciento a la Caja Forense y el abogado un seis, en total recibe un once por ciento. En las sucesiones el porcentaje es mayor. Otro monto se lleva el Colegio de Abogados y otro el Sitrajur.

Es decir, las personas que inician juicios en la provincia alimentan un triple sistema: la jubilación de los abogados, el financiamiento de los colegios y el del gremio. Sobre este último, un proyecto del bloque ARI podría tener tratamiento en la Legislatura. Lo que se busca es que la gente pague menos por acceder al servicio de justicia.


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