Imputan a una mujer como “instigadora” de un ataque a golpes y puñaladas contra un hombre en Bariloche

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Una intrincada trama de deudas, aprietes y represalias fue expuesta con dificultad por el fiscal Facundo D´Apice durante una audiencia realizada hoy en la que formuló cargos contra una mujer por la supuesta instigación de un salvaje ataque cometido de madrugada, en una calle del barrio Nahuel Hue, contra un hombre al que le reclamaban una deuda.

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La agresión incluyó golpes de puño, patadas en la cabeza y una puñalada, que obligaron a derivarlo en grave estado al hospital, donde ya lleva varios días internado y sin poder declarar. Los autores serían al menos tres o cuatro hombres, que todavía no esd tán detenidos.

La imputación fue validada por el juez Juan Pablo Laurence y recayó sobre Jenifer Silva, de 31 años, a quien la fiscalía responsabiliza en forma indirecta por el delito de lesiones graves del que fue víctima Jesús Laime. La golpiza se produjo el domingo a la madrugada y habrían participado no menos de tres sujetos, quienes siguen en libertad, a pesar de que la Justicia ordenó varios allanamientos. Sus identidades y apodos fueron apuntados por el fiscal, pero pidió que no se publiquen para no perjudicar la investigación.

D´Apice dijo que hay testigos presenciales que están atemorizados y que tardaron cuatro días en presentarse en la fiscalía a brindar detalles de lo ocurrido. Sus relatos fueron los que involucraron a la mujer y derivaron en la orden de allanamiento de su vivienda. El fiscal dijo sin embargo que la pieza clave de la investigación bien podría ser el testimonio de la víctima, pero todavía permanece “sedado” en el hospital y espera que se despierte para poder interrogarlo.

Silva aceptó prestar declaración durante la audiencia, a propuesta de su defensor Nahuel Benac y también respondió preguntas de la fiscalía, en las que negó cualquier responsabilidad en los hechos. Dijo que esa noche estuvo en su casa y que se enteró de lo ocurrido “al día siguiente”, cuando le contó la pareja de la víctima.

El fiscal dijo que según lo que pudo reconstruir con relatos “de oídas” y con varias cámaras de seguridad, cuatro personas interceptaron y “acorralaron” a Laime en la vía pública, cuando “salió a comprar lo que estaban consumiendo” en una vivienda del barrio. Tres de ellos lo golpearon con saña y uno que portaba un cuchillo lo hirió en el abdomen. Cuando ya estaba en el suelo y “semidesmayado” continuaron con los golpes, incluso con piedras que levantaron del lugar.

Laime fue encontrado allí momentos después por la policía y derivado al hospital, donde permanece internado. Según el parte médico sufrió contusiones de distinto tipo en la cabeza, los brazos y las piernas, traumatismo facial, fracturas en la nariz y una herida cortante en el abdomen. El fiscal dijo que se trataron de “lesiones graves que pusieron en riesgo su vida”, pero se abstuvo de acusar a los autores por tentativa de homicidio, porque hasta ahora no está demostrada la intención de matar.

Sobre el papel de Silva, el fiscal dijo que existen evidencias sobre su participación en la “autoría mediata o promoción” del ataque, que habría estado motivado por “una deuda económica”. Según D´Apice, la mujer no estuvo en el lugar y “no tenía el dominio del hecho, pero pudo convencer o persuadir” a los autores directos.

Un entramado complejo

En un detalle que enredó aun más el asunto, la mujer imputada dijo en su testimonio que Laime un año atrás “usurpó” su casa, de la cual es dueña “con papeles”. Aseguró que tiene la denuncia hecha pero no hubo ningún avance. Se presentó como una comerciante dedicada “a la venta de ropa”, dijo que padece ataques de pánico que la obligan a permanecer todo el tiempo en su domicilio, sin salir siquiera para llevar a su hijo a la escuela.

El fiscal dijo que todos los involucrados viven en un perímetro muy acotado, a no más de dos cuadras uno de otro. Señaló que tiene como elementos de sustento para la acusación las actas policiales, constancias médicas, “registros fílmicos” de cámaras ubicadas en viviendas y comercios de la zona y varios testimonios que le permitieron “rearmar la secuencia” del hecho. También hay un teléfono secuestrado a Silva, que espera peritar para conocer sus conversaciones y mensajes previos al hecho.

La actuación policial quedó en entredicho porque la mujer dijo que cuando allanaron su casa y la detuvieron, sin la presencia de fiscales, los uniformados no solo le secuestraron el teléfono sino que le pidieron la clave de acceso. Luego ya en la comisaría le mostraron fotos en el interés de que reconozca a otras personas con posible participación. Su defensor aclaró que esas prácticas están vedadas. El juez Laurence admitió que son “cuestiones graves” y pidió al fiscal que instruya a los policías que actuaron y a sus superiores sobre “los límites que rigen” cuando deben cumplir, por ejemplo una orden de allanamiento.

La mujer imputada llegó a la audiencia detenida, pero recuperó la libertad. El fiscal no pidió su prisión preventiva sino que se le imponga una prohibición de acercamiento y contacto con los testigos y con la víctima, lo cual no fue objetado por defensa. El plazo de investigación homologado también con acuerdo de partes se extenderá hasta el 11 de febrero de 2027, a pedido del fiscal, que subrayó “la complejidad” del caso. El defensor Benac no se opuso a la formulación de cargos pero sostuvo que usará el plazo de investigación para “robustecer” la hipótesis de inocencia para su asistida.